Familiares de personas asesinadas después del golpe, denunciaron en conferencia de prensa las actuaciones del Ministerio Público que retarda con negligencia inexcusable y malicia evidente las investigaciones de violaciones graves a los derechos humanos, cuyos autores incluyen policías y soldados.
Ruth Velásquez, hija de la profesoras Ilse Ivania Velásquez, leyó el comunicado en representación de las familias, acompañada de David Murillo, padre de Isis Obed Murillo, Adelina López, madre del docente Félix Rolando Murillo y de Bertha Oliva, Coordinadora del COFADEH.
Señalaron la irresponsabilidad del Ministerio Público al retardar en forma injustificada el proceso de investigación en los asesinatos de sus parientes.
“Así mismo se nos niega la participación como familiares y la información sobre los avances en las investigaciones cuando nuestro representante – el COFADEH -- solicita información –vía oficios-, obstaculizando la labor de las y los defensores de derechos humanos en la búsqueda de justicia”, es otro de los graves señalamientos.
Este es el texto completo del documento:
El sistema de justicia post golpe es un cerrojo contra las víctimas
El MP y la Policía unidos en la negación de la verdad
Comparecemos ante la comunidad nacional e internacional como familiares de víctimas de personas asesinadas después del golpe, para denunciar las actuaciones del Ministerio Público que retarda con negligencia inexcusable y malicia evidente las investigaciones de violaciones graves a los derechos humanos, cuyos autores incluyen policías y soldados.
Han transcurrido casi dos años después de la ruptura violenta del orden constitucional sin que varíe la línea de impunidad resumida en “todo para nuestros amigos, nada para nuestros enemigos”.
El déficit de verdad y justicia que enfrentamos los familiares de las víctimas es insultante, re victimizador y constituye, en esencia, una nueva forma de violación a nuestros derechos.
Viola, particularmente, los preceptos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que reconoce a las familias y su entorno social el derecho inalienable a saber.
De acuerdo a las convenciones internacionales y a la propia legislación hondureña el Estado deviene obligado a aplicar debida diligencia en los casos de violación a la vida y la libertad. No ocurre así.
Estamos en esta rueda de prensa para denunciar el retardo injustificado del Ministerio Público en el proceso de investigación en los asesinatos de nuestros parientes.
Así mismo se nos niega la participación como familiares y la información sobre los avances en las investigaciones cuando nuestro representante – el COFADEH -- solicita información –vía oficios-, obstaculizando la labor de las y los defensores de derechos humanos en la búsqueda de justicia.
Reprochamos esa actitud discriminatoria, que evidencia soberbia institucional, intolerancia política e irrespeto a la ciudadanía demandante de acceso a justicia y conocimiento de la verdad. Esto es Impunidad.
Enfrentamos la herencia del golpe, la continuidad del golpismo, caracterizados por la conducta obsequiosa a los victimarios protegidos por amnistías y sobreseimientos, el olvido de las víctimas y el linchamiento penal a la disidencia.
Este retrato de la “justicia” distorsiona completamente la confianza ciudadana en las instituciones públicas, estimula la comisión de nuevos hechos violentos y nos coloca en total indefensión ante los perpetradores de los asesinatos de nuestros parientes.
En consecuencia, demandamos respeto al Acuerdo de Cartagena que en su numeral 5 vela por el cumplimiento de las garantías de respeto y protección de los derechos humanos.
EXIGIMOS JUSTICIA, TENEMOS DERECHO A LA VERDAD
NO MÁS IMPUNIDAD
NI OLVIDO NI PERDON
Familias de víctimas de la represión política en Honduras
Tegucigalpa M.D.C., 21 de junio de 2011
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