Víctor Martín Gómez, Rebelión
La disputa por la propiedad de la tierra va intrínsecamente ligada a la historia de América Latina. Los siglos de la llamada independencia no solucionaron un problema que arrastraban desde los siglos de la colonización. Aún hoy persiste.
Si hoy en día recorres la carretera que une los municipios de Tocoa y Trujillo, en el Valle de Aguán (noreste de Honduras), quieras o no te topas con un retén policial que revisa a todos los ciudadanos que circulan por la zona, ya vayan en motocicleta, a caballo, en carromato o en un vehículo corriente. Es un retén de muchos otros que hay estratégicamente situados en el valle para controlar el transporte y suministro de armas.
La militarización del lugar se debe a los enfrentamientos que mantienen campesinos y latifundistas desde hace tres años en esta zona situada a 600km al noreste de Tegucigalpa. El origen del conflicto se remonta a 1992, cuando una ley permitió a los campesinos vender tierras recibidas durante la reforma agraria, lo cual fue aprovechado por cooperativistas corruptos que, aliados a los grandes hacendados, reconvirtieron los terrenos en enormes latifundios. Además, en este caso, como en tantos otros, el problema se ve agravado por la decisión de los propietarios de la tierra de abandonar los cultivos de granos básicos para dedicarse al monocultivo de palma africana –muy demandado por las multinacionales de cosmética y alimentación-, que requiere poca mano de obra y es acusada de tener un fuerte impacto ambiental. Por todo ello, en los últimos años miles de trabajadores de la tierra han decidido ocupar unas 7.000 hectáreas pertenecientes a latifundistas como Miguel Facussé, René Morales y Reynaldo Canales, quienes poseen unas 20.000 hectáreas.
Para cuidar sus posesiones, los propietarios cuentan con equipos de seguridad privada armados. Es con ellos con quienes los agricultores, que se organizan en cooperativas y en el Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), viven los momentos de mayor tensión y violencia. El cruce de balas es habitual y ya ha dejado 78 muertos desde 2009. Cuando los campesinos toman una finca, hay muertos. También los hay cuando la defienden de un desalojo. O cuando repelen asaltos de los guardias de camino al trabajo.
“No dirimimos los problemas de manera violenta, acudimos a los juzgados”, afirma Roger Pineda, portavoz de uno de los latifundistas[2]. Visión completamente distinta a la que ofrecen en el otro bando a modo de ejemplo: “Los compañeros iban llegando en un carro a las oficinas en Tocoa; estaban unos tipos en otro carro esperándolos y les dispararon, los cinco fueron heridos”, relataba a AFP el dirigente del MUCA, Mario Matute.
En los últimos días, el Gobierno ha aprobado un desarme para apaciguar el conflicto. “Se prohíbe en el departamento de Colón (al que pertenece el valle del Aguán) la portación en lugares públicos o el transporte en vehículos de cualquier arma de fuego, aunque esté registrada” decía el decreto del Congreso. No obstante, el desarme no es total. Quedan exoneradas las empresas privadas de seguridad. Es decir, las que defienden a los latifundistas.
Sobre esta decisión, hay diferentes percepciones. El “desarme parcial está blindando las operaciones de los guardias sicarios de los terratenientes”, reconocía el dirigente del MUCA Yoni Rivas. Enfrente, el portavoz de Dinant, una de las compañías propietarias de las tierras, Roger Pineda, sostiene que “es difícil hacerse de una opinión clara respecto a si esa medida es adecuada para solucionar el problema”, al mismo tiempo que pide la actuación de la policía y el ejército para que las tierras vuelvan a los latifundistas. Por último, los vecinos ven una de cal y otra de arena: “Por una parte, el desarme es bueno, porque aquí hay mucha delincuencia, pero los que andan armados son los guardias (de los terratenientes) porque los campesinos andan con machetillos”, afirma un lugareño en un check point policial mientras, a pocos kilómetros del lugar, se informa de una nueva ocupación de tierras que acaba en tiroteo.
Ahora los agricultores denuncian que se encuentran indefensos. Ven que sus enemigos tienen derecho a portar armas y ellos no, lo que les sitúa en una posición de desigualdad. En éstas, dicen los dirigentes campesinos, están aumentando las amenazas y emboscadas de los guardias armados. A finales del mes pasado, los campesinos reclamaban al Gobierno una mesa de diálogo para finalizar de forma pacífica el conflicto. Exigían el cumplimiento de los acuerdos firmados con el gobierno en 2010 y la aprobación de un proyecto de ley de Transformación Agraria Integral que fue presentado el año pasado ante el Congreso Nacional. Ahora que la violencia se ha recrudecido, y que el propio Gobierno ha desequilibrado la balanza, las esperanzas de los campesinos en que el presidente Porfirio Lobo actúe como mediador imparcial se diluyen.
Estamos ante el conflicto eterno. El origen y explicación de muchos de los problemas de la actualidad. En Honduras, como en tantos otros sitios, continúa sin solucionarse. A veces, como es este caso, por medio de la violencia directa. Los campesinos no cesan; las fuerzas de seguridad tampoco. Lo explica muy bien José Mejía, jefe de policía de la región: “regresaron a tomarse la tierra, pero de nuevo fueron repelidos por la policía, y está latente el problema que la quieran volver a invadir. Anda rondando la muerte”.
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