Unas 50 organizaciones internacionales demandaron del Estado hondureño poner un alto a la criminalización de los defensores y las defensoras del medioambiente en el Valle de Siria donde han sido procesadas unas 18 personas, según una carta enviada a mediados de julio al Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia y cuerpo diplomático acreditado en la nación.
Las organizaciones internacionales de la sociedad civil que firman esta carta, nos dirigimos a ustedes para expresar nuestra profunda preocupación por la criminalización de los defensores y las defensoras del medioambiente en el caso de 18 miembros del Comité Ambiental del Valle de Siria de Honduras.
El 5 de julio de 2011, recibimos noticias que tres miembros de este comité, Carlos Danilo Amador, Marlon Hernández, y Juan Ángel Reconca, estuvieron detenidos temporalmente y que habían órdenes por la captura de quince miembros más del comité, señaló el documento.
Según el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (COFADEH), actualmente los procesos legales en contra miembros del Comité Ambiental del Valle de Siria se relacionan con sus esfuerzos para proteger una mini-cuenca en la municipalidad de El Porvenir por la actividad maderera como parte de un plan de manejo forestal que el estado hondureño ha otorgado a Hayde Urrutia Mejía. COFADEH indica que esta cuenca abastece el agua para el consumo humano a seis comunidades de ese municipio, afectando en forma directa a 10,000 personas que han estado protegiendo este bosque por años.
Las demandas de estas organizaciones son:
1. El estado de Honduras tome las medidas necesarias y mecanismos efectivos para garantizar la libertad personal, el debido proceso y el ejercicio de defensa de los derechos humanos de Carlos Danilo Amador, Marlon Hernández, Juan Ángel Reconco y los demás miembros del Comité Ambientalista del Valle de Siria que han sido procesados;
2. Que se suspenda todo acto de represalias en su contra; y
3. Que se garantice en forma general el derecho a defender los derechos humanos universalmente reconocidos, como los que establece la Declaración Universal de los Defensores de las Naciones Unidas aprobada en 1998, además de las resoluciones de la OEA de 1999 y 2000.
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