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Dec 22nd
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Asesinado campesino del asentamiento la Aurora, margen derecha, Bajo Aguán

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Santos Seferino Zelaya Ruiz, 33 años, fue asesinado hoy alrededor de  las 8:15 de  la mañana. Era miembro de  la Empresa Flores del Aguán, del asentamiento La Aurora, perteneciente al  Movimiento Campesino Unificado del Aguán (MUCA).

Distintas fuentes coinciden en que el hecho se  dio cuando miembros de esa empresa campesina, que colinda con la finca San  Isidro, propiedad de Miguel Facussé, se dedicaban a realizar labores culturales  en la palma africana - en tierras que están en su poder como resultado del convenio  que MUCA firmó con el régimen y este empresario- cuando 6 guardias de seguridad  encapuchados dispararon contra ellos. 
 
Hombre y mujeres huyeron cuando escucharon los  disparos. Santos Seferino no tuvo esa suerte y deja en la orfandad dos niños,  uno de 8 y otro de diez años, que se agregan a otros (as) de los más de 40  campesinos asesinados.
 
Vivimos ahora lo que temíamos al iniciarse el  violento conflicto agrario en la región del Bajo Aguán. En la medida que  aumentan los muertos menos impacto tienen en la conciencia de muchos  ciudadanos, reina la impunidad y las autoridades responden con discursos  muchas veces cínicos, con los que pretenden lavarse las manos y salir airosos  con nuevas promesas.
 
Para muchos las víctimas han pasado de ser seres  humanos sacrificados a números. No importa la pérdida de vidas humanas, ni  las consecuencias que trae para sus familiares más cercanos, especialmente  para aquellos que dependían material y espiritualmente de la víctima. La intervención  de un clérigo ya había dado pauta a este comportamiento cuando en los  primeros meses del gobierno de facto dijo públicamente que “apenas habían  ocurrido dos muertes”, que resultaron de la resistencia al golpe de Estado.
 
Sorprendentemente funcionarios del mismo Estado  lo califican de ser negligente como si fuera un ente abstracto, desligado totalmente  de los intereses de quienes lo manejan para su provecho y olvidando su responsabilidad  personal como funcionarios cuyo contrato de trabajo los obliga a defender los  derechos fundamentales de los hondureños.
 
La violencia sigue causando víctimas y los  funcionarios de estas instituciones siguen dando “respuestas inteligentes” a  los medios de comunicación y participando en eventos internacionales donde se  presentan informes que defienden sin pudor alguno la complicidad de las  instituciones del Estado con la terrible situación actual. 
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