La lucha por la tierra volvió a ensangrentar al movimiento campesino, cuando supuestos sicarios asesinaron el miércoles 15 de abril a Odilio Acosta y Santos Aguilar del Movimiento Campesino de Rigores, en la comunidad Nueva Vida, municipio de Trujillo, departamento de Colón.
Información proporcionada por la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), destaca que los campesinos recibieron disparos de armas de fuego, desde un vehículo en marcha que penetró en la comunidad Nueva Vida.
Unas 6 empresas campesinas afiliadas a la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) se encuentran asentadas en estas tierras localizadas en el municipio de Trujillo.
Datos brindados a defensoresenlinea.com, destacan que desde años anteriores el gobierno de la República a través del Instituto Nacional Agrario (INA) sostuvo negociaciones con los herederos del terrateniente Federico Rivera, sin lograr acuerdos para la compra de las tierras que permitieran adjudicarlas a las empresas campesinas.
Se trata de unas 600 hectáreas de tierras cultivables que están en poder de terratenientes, lo que acentúa la desigualdad que se presenta en el campo, cuando miles de familias campesinas no tienen acceso a un pedazo de tierra.
Las muertes violentas se suman a otros casos como el del dirigente Edikson Lemus asesinado a tiros por un sicario cuando se transportaba en un bus de la ruta urbana en El Progreso, Yoro.
El asesinato de Lemus ocurrió el 24 de mayo de 2005 y hasta el momento las autoridades hondureñas no han logrado esclarecer el caso.
Asimismo, el conflicto de tierras en el sector de Silin, Trujillo , dejó 12 personas muertas cuando se enfrentaron campesinos y terratenientes, en el asentamiento Guadalupe Carney en aquel sector.
Actualmente guardan prisión por este hecho, los campesinos Isabel Morales y Carlos Maradiaga. El movimiento popular ha exigido al gobierno la inmediata liberación de los dos campesinos, a quienes considera presos políticos.
Un reciente pronunciamiento emitido por varias organizaciones aglutinadas en las centrales obreras, colegios magisteriales, indígenas y de derechos humanos, pide la entrega y titulación de las tierras solicitadas por las organizaciones campesinas en el marco del decreto de expropiación del año 2008.
Asimismo se exige al Estado la liberación inmediata de los campesinos Isabel Morales y Carlos Maradiaga, presos por la lucha de tierras en Silín, Trujillo, departamento de Colón.
Por otra parte, las organizaciones demandan la devolución de las tierras de Zacate Grande, jurisdicción de Amapala, departamento de Valle, a los campesinos y campesinas que han sido despojadas del sustento de sus familias por presiones y maniobras políticas de los empresarios Miguel Facussé y Fredy Nasser, en aquella zona.
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