INICIO Seguridad y Justicia Seg y Jus COFADEH presentará recurso de inconstitucional contra decreto que otorga facultades policiales a militares

COFADEH presentará recurso de inconstitucional contra decreto que otorga facultades policiales a militares

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La Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), Bertha Oliva,  reveló a defensoresenlinea.com que la decisión adoptada por el Congreso Nacional en el sentido de otorgar facultades policiales a los militares es una decisión ilegal, inconstitucional y abre el camino para que efectivos de las Fuerzas Armadas cometan abiertamente todo tipo de violaciones a los derechos humanos.

Oliva señaló que la determinación de los diputados y diputadas en aprobar el decreto que faculta a efectivos militares a detener, capturar, interrogar y allanar domicilios es ilegal e inconstitucional.
 
De hecho, añadió la defensora de derechos humanos, el Cofadeh prepara estudiar esta nueva violación a la Carta Magna y contempla presentar ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en los próximos meses, un recurso de inconstitucionalidad en contra de la aplicación del decreto promovido por el diputado Oswaldo Ramos Soto y aprobado con amplia mayoría en la cámara legislativa.
 
El miércoles 30 de noviembre el Congreso Nacional hondureño autorizó a las Fuerzas Armadas a ejecutar acciones policiales, excepto en investigación. A partir de la publicación de la nueva ley en el Diario Oficial La Gaceta, los militares pueden patrullar, capturar sospechosos, realizar allanamientos y controlar el tránsito, entre otras funciones.
 
Después de un amplio debate sobre interpretaciones a la Constitución, votaron a favor de la medida 110 diputados y sólo se registraron dos abstenciones. 
 
El presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández, aseveró que el tiempo de operar con esas facultares será determinado por el Gobierno. El decreto contempla que el período de estas operaciones será de 6 meses, previa declaración de “estado de emergencia en materia de seguridad” que estaría declarando el presidente Porfirio Lobo Sosa en Consejo de Ministros. 
 
Bertha Oliva apuntó que ese decreto permitirá a aquellos que en el pasado operaban con pasamontañas y que utilizaban seudónimos, accionar de ahora en adelante con el visto bueno del actual régimen para perpetrar más violaciones a los derechos humanos. En otras palabras, añadió Oliva, lo que se está haciendo es “legalizar la impunidad de las acciones militares que se presenten en contra de la ciudadanía”.
 
El asesinato en octubre último de dos estudiantes universitarios, uno de ellos hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, confirmó que oficiales de la policía están relacionados con secuestros, extorsiones y otros delitos. Y no solo eso, también reflejó que el sistema de seguridad comandado desde el ejecutivo está flanqueado por fuerzas poderosas como el crimen organizado, el narcotráfico y una galopante corrupción que terminó con la credibilidad del organismo policial en Honduras
 
Otorgar  facultades policiales a militares es un retroceso en el orden de mantener las garantías constitucionales, pues representa volver a la década de los años 80 cuando efectivos de las Fuerzas Armadas  integraron “escuadrones de la muerte” y comandos de seguimiento que secuestraron, torturaron y desaparecieron  a cientos de ciudadanos y ciudadanas del movimiento social hondureño compuesto por  intelectuales, artistas, dirigentes y dirigentas obreras, líderes juveniles,  maestros y defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras.
 
Expertos califican estas acciones como enmarcadas dentro del “Plan de Colombianización” de la región centroamericana, un proyecto político del Departamento de Estado de Estados Unidos en contubernio con las oligarquías regionales para detener los avances de las fuerzas progresistas en el continente americano.
 
Lo que se está experimentando en Honduras es una militarización progresiva y consistente que repunta el protagonismo de las Fuerzas Armadas en el control de las estructuras de poder de esta nación centroamericana y que conlleva a un futuro sombrío para las defensoras y defensores de derechos humanos en la República de Honduras.
 
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Víctimas de violaciones a DDHH

GRADIS ESPINAL: Coordinador de la Resistencia en Nacaome, Valle. Fue secuestrado en el anillo periférico el 23/11/09,  ese mismo día fue asesinado en la aldea La Felicidad, en Tegucigalpa. Su asesinato tenía características de ejecución.
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FRANCISCO ALVARADO: Murió a causa de una herida de bala que le infirieron agentes de policía, el 22/09/2009, a las 7 de la noche, se dirigía a realizar compras a una pulpería cercana. La policía y militares controlaban la colonia.
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JUAN GABRIEL FIGUEROA TOME Miembro de la resistencia, fue encontrado muerto el día 09 de agosto de 2009, en el sector conocido como La Platanera, en la Colonia López Arellano de Choloma, Cortés, con señales típicas de una ejecución sumaria.
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ROGER BADOS : Miembro del Bloque Popular y colaborador de la Escuela Metodológica de la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular, ex dirigente sindical del SITRATEXHONSA. Fue asesinado el sábado 11 de julio, por un desconocido que llegó a su casa.
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Anastasio Barrera : Campesino miembro de las Cooperativas el Buen Samaritano del Jardín Clonal de San Juan Pueblo, fue secuestrado el 05 de Julio por hombres encapuchados que irrumpieron en su casa. Su cuerpo fue encontrado seis dìas despuès.
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Claudia Brizuela: Asesinada el 24 de febrero de 2010. Hija del dirigente social y miembro activo de la Resistencia Pedro Brizuela. Fue asesinada en su casa de habitación en San Pedro Sula, por  sujeto desconocido.
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Julio Funes Benítez: Miembro activo de la resistencia. Sindicalista del SITRASANAA. Fue asesinado por hombres en motocicleta en la colonia Brisas de Olancho, de Comayaguela, donde él residía, el 15 de febrero de 2010. Habìa recibido amenazas a muerte.
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Edwin Renán Fajardo : Miembro activo de artistas en Resistencia contra el golpe de Estado, fue encontrado estrangulado en una bodega del apartamento en que vivía en el barrio San Rafael de Tegucigalpa, el 22 de diciembre de 2009
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