Sin embargo, de acuerdo con funcionarios del actual  régimen de Porfirio Lobo Sosa,  la ley fue aprobada como una herramienta para combatir la delincuencia común, el crimen organizado y el narcotráfico.

 

La Ley de Intervenciones Telefónicas, espionaje telefónico o como se le ha llamado popularmente como “ley de escuchas” fue sustentada por el presidente del Congreso Nacional Juan Orlando Hernández como una necesidad que forma parte del paquete de medidas para combatir la indiscriminada criminalidad que afecta a Honduras.

 

Aquellos que defienden esta nueva disposición sostienen que en el país son muchos los que escuchan e interceptan comunicaciones y que frente a esta realidad el Estado está en desventaja, pese a que la legislación actual permite que las intervenciones telefónicas puedan ser intervenidas a petición de la Fiscalía General y ordenadas por un juez del poder judicial.

 

El artículo 223 del Código Procesal Penal, relacionado a las intervenciones telefónicas señala que el Juez a petición del Ministerio Público o de parte acusadora, podrá ordenar mediante resolución fundada, la grabación de las comunicaciones telefónicas, informáticas o de cualquier índole análoga que tenga el imputado o cualquier otra personas directa o indirectamente relacionada con el delito que se investiga.

 

El artículo añade que  el juez valorará en su resolución, la gravedad del delito investigado, la utilidad y proporcionalidad de la medida. Las intervenciones consisten en la identificación y registro del origen, del destinatario o de ambas cosas a la vez o en el conocimiento y registro del contenido de la comunicación.

 

En el auto que acuerde la intervención, el juez determinará a quién corresponde su ejecución. Además se establece que la intervención no podrá durar más de 15 días, aunque podrá ser prorrogable por el juez, a instancias del Ministerio Público o de parte acusadora.

 

Las grabaciones, una vez hechas, serán entregadas exclusivamente al juez que las ordenó dentro de los 5 días a partir de la fecha de terminación del plazo de intervención, el juez tomará conocimiento de su contenido en forma exclusiva. Si las mismas tienen relación con el hecho que se investiga, podrá ordenarse que se transcriban para ser oportunamente presentadas en el proceso. 

 

Las personas encargadas de realizar las grabaciones o la transcripción de estas, mantendrán en secreto su contenido y en caso de incumplimiento incurrirán en la correspondiente responsabilidad penal.

 

La grabación de una comunicación realizada por uno de los comunicantes sin llenar los requisitos establecidos en este artículo, carecerá de valor probatorio. 

 

Se pretende perseguir a disidentes y a líderes de la oposición

Para el presidente del Colegio de Pedagogos de Honduras (Colpedagogosh), Joel Almendárez esta disposición junto a otras aprobadas recientemente son “un combo de leyes en contra del pueblo de Honduras y lo que van a hacer aquí es empezar a buscar líderes de todo tipo, como los de la oposición política, para empezar a escuchar todo lo que se habla, con quién se habla, qué es lo que se dice”.

 

Almendárez precisó que eso “es un atentado en contra de la libertad de expresión que tiene todo el mundo porque de esa manera lo vana a callar para que nadie pueda escuchar nada, así que esa intervención telefónica es un nefasto proyecto político de Juan Orlando Hernández y Porfirio Lobo Sosa que viene me imagino, jefeado desde un país sudamericano como Colombia que es quien lo asesora en materia de seguridad”.

 

Por su parte la abogada Ivannia María López del Centro de Derechos de Mujeres (CDM) reaccionó diciendo que no está de acuerdo con la “ley de escuchas” porque el Código Procesal Penal establece ciertos procedimientos para que se puedan hacer algunas investigaciones de esa manera.

 

“Pero consideramos que no es correcto y es violatoria totalmente porque todas las personas tenemos el derecho a la intimidad, a la privacidad que en ningún caso debe violentarse” sostuvo López.

 

Consultada si esta ley solo viene a legalizar una práctica de mucha data en el país, López señaló que sí ha sucedido y que habría que ver el objetivo de esta nueva ley y  “yo creo que sería además de legalizar lo que siempre han hecho, como es identificar las personas que sean enemigas o que no estén acordes a las ideas que ellos tienen, para ver qué van a hacer con estas personas, quizás darles algún proceso o como siempre ha sucedido que desaparecen a quienes no piensen como ellos y yo pienso que eso es una vía”.

 

En cuanto a las intervenciones de los correos electrónicos tampoco estamos de acuerdo porque son medios que nosotras utilizamos y no sería correo, es ilegal y violenta la Constitución de la República afirmó la profesional del derecho.

 

En este aspecto, las operaciones de expertos en intervenciones cibernéticas más conocidos como “hackers” intensificaron sus operaciones ilegales dese el golpe de estado en Honduras. De hecho correos electrónicos de personal del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) y de otras organizaciones sociales opositoras a la ruptura del orden constitucional, fueron intervenidos o “hakeados”.

 

En Honduras se dice que la “ley de escuchas” permitirá hasta la grabación de las conversaciones entre personas que lo hagan en lugares públicos y privados. El decreto fue aprobado a puertas cerradas por los diputados y diputadas del poder Legislativo el pasado 8 de diciembre de 2011.

 

La ley permitirá a los operadores de justicia interceptar llamadas, correos electrónicos, mensajitos telefónicos, y todos los tipos de comunicación posible que se canalicen a través de plataformas públicas y privadas. 

 

El espionaje de llamadas estará a cargo de la Unidad de Intervención de las Comunicaciones (UIC) que contará con peritos especializados para realizar ese tipo de diligencias. La UIC dependerá del Ministerio Público y estará adscrita a la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado. 

 

En el Congreso Nacional, algunos diputados como el precandidato presidencia Yani Rosenthal expresaron que el decreto contempla disposiciones para que los diversos operadores de telecomunicaciones, las apliquen o de lo contrario serán sancionados. Rosenthal explicó que los operadores de telefonía, servicios de internet y otros tendrán que llevar registros de sus usuarios y almacenar información para suministrarla en el caso de que alguna autoridad la requiera. Un punto importante, detalló, es que castigará a los que espíen sin la autorización de un juez. Resaltó que es un importante avance contra la extorsión telefónica.

 

De acuerdo con esta ley, se castigará por el delito de infidelidad a los funcionarios autorizados para intervenir llamadas que hagan trascender el contenido de las intercepciones y a las empresas que generen información recabada con fines distintos al espíritu de la ley.

 

También estarán sujetos a sanciones aquellos o aquellas que hagan desaparecer, alteren o deterioren la información obtenida mediante la intervención de las comunicaciones. Asimismo aquellas personas que evadan cualquier tipo de medida tecnológica que controle el acceso a las bases, sistemas operativos o registros informáticos de la UIC.

 

Conforme al artículo 6 de la “ley de escuchas”, la intervención de las comunicaciones es una técnica especial de investigación que consiste en el procedimiento a través del cual se escucha, capta, registra, guarda, graba, u observa, por parte de la autoridad, sin el consentimiento de sus titulares o participantes, una comunicación que se efectúa mediante cualquier tipo de transmisión, emisión o recepción de signos, símbolos, señales escritas, imágenes, sonidos, correos electrónicos o información de cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros medios, sistemas electromagnéticos, telefonía, radiocomunicación, telegrafía, medios informáticos o telemáticos, o de naturaleza similar o análogo, así como la comunicación que se efectué a través de cualquier medio o tipo de transmisión.

 

Cuando los investigados, imputados o el Ministerio Publico requieran para sus alegatos, análisis de vinculaciones y hagan  uso de peritos no oficiales, estos deberán ser investidos por el Juez de Garantía competente, en audiencia donde deberán estar presentes las partes previamente notificadas.

 

 El plazo de intervención será de tres meses prorrogables por tres períodos más.

 

Asalto a las libertades civiles y a la privacidad

Experiencias de este tipo en el continente americano revelan que la medida fomentó el espionaje descontrolado del Estado hacia sus ciudadanos y ciudadanas.

 

Para el caso en Perú durante la administración del presidente Alberto Fujimori, la labor de control telefónico estuvo en manos del servicio de inteligencia controlado por Vladimiro Montesinos, “oscuro personaje” acusado de violaciones a los derechos humanos. En este país se justificó la ley de intervenciones telefónicas para enfrentar al grupo guerrillero Sendero Luminoso.

 

Se afirma que al final Pero al final el propio ex presidente peruano y Vladimiro Montecinos fueron víctimas de sus espionajes por la filmación de las entrevistas y reuniones en las que demostró la corrupción en que cayó el régimen fujimorista con millonarias cantidades de dinero entregadas a personajes peruanos producto del chantaje, los sobornos o la compra de conciencias.

 

En Colombia, el ex presidente Alvaro Uribe se encuentra enfrentando acusaciones judiciales después que los tribunales de justicia probaran que el ex servicio de inteligencia colombiano (DAS), intervino las telecomunicaciones, especialmente el control telefónico de periodistas, jueces, fiscales y políticos opositores a su política de mano dura.

 

Frente al escándalo, el actual mandatario, Juan Manuel Santos, se vio obligado a disolver el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y sustituirlo por un nuevo servicio de inteligencia. 

 

En Estados Unidos en el año 2008, el gobierno aprobó una ley para las escuchas telefónicas, actualizando la Ley de Supervisión de datos de Inteligencia sobre Extranjeros de 1978, que no incluía nuevas tecnologías de comunicaciones como teléfonos móviles, internet y correo electrónico.

 

En contra de la Unión Americana de Libertades Civiles el Senado de Estados Unidos legitimó la práctica de escuchas telefónicas que el gobierno implementó desde los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 con la aprobación de la Ley de Escuchas Telefónicas. 

 

En aquella oportunidad el presidente George Bush expresó que con la aprobación de la medida "ahora es más fácil proteger a los ciudadanos estadounidenses y ahora es  posible saber lo que dicen los terroristas y lo que están planeando" .

 

Entre otros elementos, la iniciativa autoriza escuchas sin permiso judicial que utilizan las redes de EEUU, sean de estadounidenses o de extranjeros.

 

La medida aprobada protege a las empresas de telecomunicaciones de demandas multimillonarias de personas que alegan que las escuchas violan las leyes sobre privacidad en EEUU.

 

La ley supone un triunfo político para Bush, que exigía la aprobación de la ley con el argumento de que un rechazo podría provocar la pérdida de "pistas clave" para evitar nuevos atentados. Sin embargo, la medida ha suscitado duras críticas de defensores de las libertades civiles.

 

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) calificó la ley de "inconstitucional" y de "asalto a las libertades civiles y el derecho a la privacidad".

"Esta legislación da al Gobierno vía libre y un cheque en blanco para acceder sin autorización judicial a las comunicaciones internacionales de estadounidenses inocentes", afirmó el director ejecutivo de ACLU, Anthony Romero, en un comunicado.

 

En aquel momento el candidato presidencial demócrata, Barack Obama, votó a favor de la medida, mientras que su rival, el republicano John McCain, no estuvo presente en la votación porque en ese momento se encontraba en un acto de campaña en Portsmouth (Ohio), según fuentes legislativas.

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