El Programa de Seguridad Juvenil y sus socios en Guatemala, El Salvador y Honduras, deploramos, condenamos y a la vez denunciamos la muerte de más de 376 personas privadas de libertad que murieron calcinadas, y las demás que se encuentran en estado crítico en varios hospitales, como producto de un incendio el día 14 de febrero de 2012, en la granja penal Comayagua.
Asimismo ponemos en evidencia el trato que las autoridades de ese centro les dieron a los familiares que se abocaron para identificar los cuerpos, conocer el paradero y el estado de sus parientes, como respuesta utilizaron gases lacrimógenos para dispersarlos de la zona.
Cuando el Estado priva de libertad a un ser humano, asume responsabilidad por la vida e integridad física de dicha persona. En el caso de jóvenes en conflicto con la Ley, la responsabilidad adicional es la rehabilitación de ellos/as para poderlos reinsertar en la sociedad.
Recordamos al Estado de Honduras que las muertes de internos/as provenientes de desperfectos eléctricos, motines derivados de hacinamiento, riñas por conflictos entre agrupaciones juveniles, o asesinatos perpetrado por un reo contra otro, no dejan de ser su responsabilidad, ya que tiene el mandato de mantener a los centros y a los y las privados/as de libertad en condiciones propicias a la protección de la vida incluyendo la protección contra daños auto proporcionado o proporcionado por sus pares.
Los deplorables acontecimientos se unen a la lista de otros similares en la historia reciente de Honduras.
El 5 de abril de 2003, murieron por lo menos 66 internos y tres mujeres, incluida una menor de edad, que visitaban familiares en la Granja Penal de El Porvenir, cerca de La Ceiba.
El 17 de mayo de 2004 en el Centro Penal de San Pedro Sula, se produjo un incendio donde murieron 107 personas privadas de libertad.
El 28 y el 29 de febrero próximos, la CIDH participará en una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso No. 12.680, que se relaciona con dicho incendio. En su informe de fondo sobre ese caso, la Comisión Interamericana concluyó que estas muertes fueron el resultado directo de una serie de deficiencias estructurales, las cuales eran de conocimiento de las autoridades competentes, pero que no fueron atendidas ni corregidas oportunamente.
Consideramos que estos sucesos no representan casos aislados. Su repetición indica una política de Estado que permite la muerte de privados de libertad precisamente porque no se ha tomado medidas para garantizar que no vuelva a suceder.
Solicitemos al Relator Especial de Privados de Libertad de la Comisión Interamericana que realice una visita a Honduras y una investigación de los hechos.
Y exigimos:
- A la Fiscalía General de la Republica de Honduras una investigación a fondo del caso y que deduzca responsabilidades.
-A los gobiernos centroamericanos el establecimiento de medidas de prevención de futuros acontecimientos de esta índole.
Expresamos nuestra solidaridad con las víctimas sobrevivientes, con los familiares de las víctimas mortales y con el pueblo hondureño en general.
San Salvador, Tegucigalpa y Guatemala
15 de febrero, 2012
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