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Ni una muerte, ataque o amenaza más a periodistas y defensoras/es de Derechos Humanos

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Amnistía Internacional expresa su honda preocupación frente a la ola de amenazas y ataques contra periodistas, defensoras y defensores de los derechos humanos y hace un llamado público y urgente al Señor Presidente de la República y su Gobierno a que aborden de forma pronta y efectiva esta ola de ataques.

Desde principios de 2012, Amnistía Internacional ha documentado un grave empeoramiento de la situación de seguridad de periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos.

El 15 de mayo, el cuerpo sin vida de Alfredo Villatoro, gerente de noticias de la radio HRN, fue encontrado en el sur de Tegucigalpa. Villatoro había sido secuestrado una semana antes. Su muerte ocurrió pocos días después del asesinato de Erick Martínez, un activista de la comunidad LGBTI y también periodista, quien fue asesinado el 7 de mayo.

En enero las periodistas Itsmania Pineda Platero y Gilda Silvestrucci y su familia recibieron amenazas de muerte a través de llamadas anónimas y mensajes de texto. Las dos periodistas forman parte del grupo “Periodistas por la Vida y la Libertad de Expresión”, establecido en diciembre 2011. Este grupo fue establecido tras el asesinato de la periodista Luz Marina Paz Villalobos el 6 Diciembre de 2011, para exigir justicia y llamar la atención hacia el elevado número de periodistas agredidos y asesinados en los últimos meses.

En febrero otros dos defensores de derechos humanos de la región del Bajo Aguán fueron blancos de una amenaza. Wilfredo Paz (portavoz del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán, y miembro del Frente Nacional de Resistencia Popular), fue el recipiente de una amenaza dirigida a Juan Chinchilla (activista del Movimiento Unificado Campesino del Aguán – MUCA), emitido por mensaje de texto. El Observatorio y MUCA habían participado en la organización de un Encuentro Internacional de Derechos Humanos en Solidaridad con Honduras que se celebró en el Aguán dos días antes.

También en febrero de este año, Mavis Ethel Cruz, periodista en la ciudad de San Pedro Sula, recibió una llamada amenazándole de muerte, poco después de terminar su programa “Noticias a la Hora” en la emisora Radio Libertad. En su programa ese día se incluyeron noticias y debates sobre problemas laborales, corrupción y la reforma de la policía. La persona que hizo la llamada la amenazó con matar a su hijo.

En febrero y abril la periodista y defensora de derechos humanos Dina Meza, miembro del Comité de Familiares de los Detenidos y Desaparecidos (COFADEH) y Directora del sitio web Defensores en Línea, recibió una serie de amenazas y sufrió varios actos de intimidación. Las amenazas contra Dina Meza recibidas por texto y por teléfono incluían amenazas de violencia sexual.

En marzo Bertha Oliva, fundadora y coordinadora de COFADEH, también recibió amenazas por teléfono, y otra integrante de COFADEH en el mismo mes fue amenazada verbalmente por un hombre al entrar en la oficina. Al mes siguiente, en abril, Nohemí Pérez, otra integrante de COFADEH fue también amenazada verbalmente por un desconocido al llegar al portón de las oficinas de COFADEH.

Las amenazas también han sido dirigidas a quienes brindan acompañamiento internacional a defensores y defensoras de derechos humanos. A finales de abril, miembros de PROAH (Proyecto de Acompañamiento en Honduras) recibieron dos amenazas de muerte por medio de mensajes de texto, relacionadas con su labor de acompañamiento.

Amnistía Internacional ha seguido de cerca la situación de derechos humanos en Honduras durante muchos años. La organización reconoce la importancia de que el gobierno Hondureño extendió, durante su examen periódico frente a las Naciones Unidas en 2010, una invitación abierta a los expertos de la Organización de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. También reconoce la importancia de los compromisos públicos anunciados por el Gobierno ante a la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos en 2011 a adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección de periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos, incluida la implementación de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Inter-Americana de los Derechos Humanos a favor de los defensores, defensoras, activistas y periodistas en riesgo.

Sin embargo, esta ola reciente de ataques a periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos es de suma preocupación. Es urgente tomar medidas inmediatas que fortalezcan los mecanismos de protección para periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos, para que así puedan accederlos de manera pronta y efectiva cuando su vida o integridad personal se encuentren en peligro.

A esto deben sumarse además medidas concretas para que haya un mejoramiento en las investigaciones. Es imprescindible que haya una reducción de la impunidad en la que se mantienen dichos ataques y amenazas para que se ponga fin a esta situación. La impunidad de estas agresiones sólo servirá para reforzar los índices, ya escandalosos, de impunidad del país y plantea serias dudas sobre el verdadero compromiso del gobierno con los derechos humanos.

Es importante subrayar que la Declaración de Naciones Unidas sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidas (Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos) reafirma derechos establecidos en tratados internacionales de derechos humanos que Honduras ha ratificado y coincide con normas constitucionales hondureñas, tales como el derecho a la vida, la integridad personal y las libertades de expresión, asociación y movimiento. La labor, liderazgo, legitimidad y aporte fundamental de quienes defienden los derechos humanos han sido ampliamente reconocidos a nivel mundial.

El ambiente generalizado de inseguridad, impunidad y sensación de vulnerabilidad de periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos hace necesario que el Gobierno hondureño tome medidas concretas, rápidas y efectivas tales como:

- Hacer un reconocimiento público del importante y legítimo trabajo de periodistas, defensores y defensoras de derechos humano;
- Desarrollar una política gubernamental integral que incluya medidas de prevención y protección de quienes trabajan por la defensa de los derechos humanos. Es esencial que tal política esté desarrollada en consulta con la sociedad civil, incluyendo periodistas, defensores
y defensoras de los derechos humanos, y que cuente con los recursos necesarios para su efectiva implementación.
- Promover y adoptar una ley que garantice la protección de periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos, que a su vez de estabilidad institucional al mecanismo de protección y garantice los recursos económicos y humanos necesarios para su funcionamiento efectivo;
- Tomar medidas inmediatas para re-evaluar y reforzar las medidas de protección con las que ya cuentan algunas de las personas mencionadas en esta comunicación y para extender la protección a las demás personas que aún no cuentan con ésta;
- Investigar de manera expedita, exhaustiva e imparcial las amenazas recibidas por las personas mencionadas en esta comunicación para que los responsables de estos actos sean efectivamente llevados ante la justicia y las víctimas reciban una reparación correspondiente.

La situación de ataques a periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos es alarmante, y el Gobierno de la República de Honduras debe actuar en consecuencia. En sus manos está la posibilidad de revertir esta grave situación y así demostrar su verdadero compromiso con los derechos humanos de todas las personas en el país.

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