Al cumplirse 21 años del informe Rettig llegó a Chile Bertha Oliva, presidenta de la Coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras, para intercambiar experiencias y dar a conocer graves violaciones a los DD.HH. que se siguen cometiendo en su país.
Este es el mensaje que Bertha Oliva, presidenta de la Coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras, vino a transmitir a chile.
Buenas Noches:
Estoy feliz de estar aquí con ustedes, porque igual que todas las víctimas de las dictaduras en cualquier parte del mundo, representamos el futuro del presente. Mujeres y hombres sin odio ni sed de venganza, familias con sed de justicia; seres humanos conviviendo con el mandato ¡prohibido olvidar!!
Gracias por invitarme a participar en este examen del pasado, que es una evaluación del presente pero, mejor aún, un trazo largo al porvenir.
Agradezco esta invitación de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Chile, con la que compartimos en Honduras la misma lucha siempre larga, sin saber exactamente cuándo podremos sonreír.
A las víctimas sobrevivientes el pasado nos provoca siempre una extraña pero reveladora sensación de futuro. Porque el ayer fue duro para todas nosotras, en el presente permanecemos en lucha y mañana queremos ser felices. Y sonreír con nuestras familias y vecindades. Y caminar orgullosas con la memoria reivindicada de nuestros seres queridos.
He visto las imágenes recientes de los promotores del homenaje al pasado en este país, junto a las imágenes de las víctimas de la dictadura. Y son fuertes.
Las columnas de humo en las calles de Santiago, las discusiones de esquina a esquina, el combate de los bastones, tienen la fuerza de la soberbia de un lado de la calle, pero también la fuerza de la dignidad en la otra esquina. Como decimos en Honduras, la pura arrechura viva por las heridas no sanadas.
Vengo de un país también con un pasado que se construyó en dictaduras militares y gobiernos de fachada democrática, sobre el autoritarismo, la corrupción, la negación de justicia, la impunidad.
De la Honduras de los 184 desaparecidos políticos, torturados y asesinados que surgieron del seno mismo de América Latina. Y que siguen acusando hoy a la misma elite que huyó del pasado, creyendo que la gente olvidaría en el futuro.
Una nación hoy con instituciones públicas desplomadas y su tejido social seriamente afectado por el golpe de estado de 2009 refleja a la misma elite impune de las desapariciones forzadas de los años ochentas.
Ese golpe de hace tres años le puso lápida al desnutrido consenso político de 1981, nutrido en la corrupción y la impunidad de civiles y militares; un golpe que sacudió la memoria adormecida de un pueblo que hoy está para más.
Alcé vuelo de aquél país donde la violencia es un problema de salud pública y la inseguridad una inducción propia del modelo neoliberal decadente y perverso. Un modelo generador de nuevas impunidades, multiplicador de desigualdades. Una máquina de empobrecimiento y agresión a la Madre Tierra, y a sus hijos e hijas.
De allá venimos nosotras las familias del COFADEH, desde 1981, nacidas entre el desprecio, el silencio oficial y las burlas, pero con la cabeza en alto construyendo paz, empeñándonos como ustedes en la verdad y la justicia.
El 30 de noviembre de este año vamos a conmemorar 30 años de existencia en procuración de justicia, buscando la verdad, comunicando la esperanza, enseñando las experiencias de lucha a las nuevas familias afectadas otra vez por la desaparición forzada y el asesinato político: 14 nuevas desapariciones y de 130 asesinatos políticos en tres años. Los últimos siete ocurrieron en estas seis semanas de mayo y junio.
Igual que ustedes hoy hacen una mirada a los 21 años de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, creada en 1990 para contribuir al esclarecimiento de las principales violaciones de los derechos humanos cometidas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, nosotras en noviembre también haremos una mirada hacia atrás.
Vamos a recordar las viejas iniciativas legales con distintos gobiernos para reparar a las víctimas sobrevivientes, que lograron algunas sentencias condenatorias contra el Estado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Analizaremos el informe estatal “Los Hechos Hablan por Sí Mismos” y sacaremos conclusiones.
Repasaremos, uno a uno, los actos de memoria histórica en los cementerios clandestinos, en los tribunales y cortes nacionales, donde hemos buscado la sanción penal para los responsables materiales y sus cadenas de mando, exhumando sus delitos ocultados en la tierra, en la prensa y en los altares de las iglesias.
Y vamos a enlistar las nuevas acciones para contar con un Programa Nacional de Reparaciones de todas las familias afectadas por la tortura, el asesinato político y la desaparición forzada, aunque hacerlo signifique cosechar las más feroces campañas de descrédito y criminalización de nuestra lucha.
Vamos a construir nuestro Tour de la Memoria en la capital, para educar a favor de la vida e impulsar las recomendaciones de la Comisión de Verdad, a fin de encarar la nueva tragedia que supone el post golpe en Honduras. Vergüenza Mundial. Lepra de la política tradicional. Expediente grotesco de los violentos. Auténtica agresión a los pueblos de Latinoamérica.
Derechos Humanos en el post golpe
Desde la realidad de las víctimas el golpe de estado en Honduras representa más de 12 mi violaciones a derechos humanos fundamentales en tres años, incluyendo 2,189 femicidios, el asesinato de 7,315 jóvenes y, quizás, los datos más conocidos, 24 periodistas asesinados y 54 liderazgos campesinos muertos en forma violenta en un solo departamento: Colón, donde las márgenes del Río Aguán ven correr la sangre entre las plantaciones de palma africana.
En un proceso lamentablemente sin la velocidad que nosotras habríamos deseado, la Comisión de Verdad tomó 1551 testimonios directos de víctimas sobrevivientes del post golpe y antes del fin de octubre próximo deberá presentar su informe a la nación.
La Comisión oficial de Verdad y Reconciliación lo hizo en julio del año pasado, sin que haya pasado nada realmente hasta la fecha. La estructura de impunidad es brutal, el Estado de derecho no funciona a favor de las víctimas, los golpistas están en control de casi todos los poderes. Y generan nuevas violencias.
El Congreso, en su extrema calamidad ética, porque el 75% de su composición actual es el mismo que dio el golpe, aprobó leyes regresivas en materia de derechos humanos, empezando por una ley de empleo temporal, que ha precarizado el trabajo a favor de las transnacionales.
Otras son la Ley Antiterrorista, que faculta al Estado a intervenir las finanzas de las organizaciones no gubernamentales bajo presunción de apoyo a las operaciones del terrorismo internacional, y la Ley de Intervención de Comunicaciones Privadas, que es la versión nacional de la Ley SOPA propuesta en Estados Unidos. La pura criminalización al servicio de una estrategia imperial.
Un impacto lamentable está teniendo también una reforma que traspasa funciones policiales a las Fuerzas Armadas, para permitirles control del tránsito y libre locomoción de las personas, detenciones, allanamientos y desalojos.
Todo avanza a la re-militarización absoluta de la sociedad hondureña, desde las telecomunicaciones, migración, marina mercante, aeronáutica civil, electricidad, reserva de granos y seguridad pública.
Las fuerzas de la DEA y el Pentágono controlan el país con tres nuevas bases y un discurso único para México, Guatemala, El Salvador y Honduras: guerra al narcotráfico. Y desde ahí el control del Estado y la sociedad, como en la era de las desapariciones forzadas.
La Policía Nacional y el Ejército, supeditados a la lógica del crimen organizado y al mismo tiempo de la estrategia imperial, enfrentan su punto más alto de descalabro ético, que los convierte en auténticas amenazas para la vida y la libertad de las personas.
El aniversario del Informe Rettig
Hoy estamos aquí para conmemorar 21 años de la publicación del Informe Rettig sobre la verdad y la reconciliación en Chile.
Todavía debo conocer más la valoración de ustedes sobre esta experiencia de memoria, que ha tenido consecuencias legales, sociales, políticas y económicas.
Pero me parece extraordinario saber que la sociedad chilena fue capaz de identificar desde el comienzo las tres medidas urgentes que no podían esperar más en este país. Y cito:
-En cuanto al orden simbólico, pareciera necesario realizar un gesto que cumpla con las condiciones para reivindicar el buen nombre de las víctimas y para que nunca más en Chile vuelvan a repetirse los hechos que nos ha correspondido esclarecer.
- En el plano legal y administrativo, un procedimiento de esclarecimiento especial de muerte de las personas detenidas desaparecidas contribuirá a restablecer condiciones de calidad de vida necesaria para las familias afectadas.
- El bienestar social de estas familias reclama del restablecimiento de sus derechos previsionales en los casos en que estos se han perdido, o deteriorado. La Pensión Única de Reparación pareciera el instrumento más recomendado. Fin de la cita de las recomendaciones de la Comisión de Verdad y Reconciliación.
Deseo escuchar la evaluación de estos puntos que aplican inevitablemente a la realidad hondureña de 1979 hasta 1989, y posterior al golpe, sobre todo porque la reparación pública de la dignidad de las víctimas es clave para el impulso de todo lo que sigue.
La memoria histórica
No quisiera concluir sin pintar también un retrato breve de la esperanza activa entre la población resistente de Honduras, lo que equivale a decir de las víctimas.
No obstante que el presente es carente de procesos de justicia y reparación, que reivindique los derechos de las personas victimizadas, la población resiste, persiste e insiste en no olvidar.
Lamentablemente en sociedades como la nuestra, la más desigual, la más empobrecida y la más violenta, -- marcas que pueden conducir al envilecimiento ético --, el espacio que queda para conservar viva la memoria colectiva es cada vez más precario.
Pero las víctimas denuncian. Tienen miedo pero hablan. Abandonan el país pero dejan sus testimonios y poderes. La mayoría se queda, la mayoría está en lucha.
En el caso del Comité de Familiares de Detenidos – Desaparecidos pese a la realidad del presente que nos jalonea cotidianamente, trabajamos la edificación de un Hogar contra el Olvido, que empezó con la adquisición de un predio al sur de Tegucigalpa, donde hemos sembrado árboles, símbolos y muy pronto el primer módulo para el encuentro de las familias sobrevivientes de la barbarie.
En nuestro gran propósito está la adquisición de un predio llamado “La Casa del Terror”, pues ahí fueron ocultados, torturados y asesinados varios detenidos políticos en los años ochentas. La vamos a convertir en la Casa del Amor.
Y, en general, nuestro plan es marcar un mapa al norte, oriente y sur de la Capital hasta convertirlo en el Tour de la Memoria.
Aprenderemos de la experiencia de ustedes para impedir que nuestros pueblos olviden, obligarles a recordar si es preciso, y defender además el derecho de las víctimas a dignificar su aporte a esta sociedad. Educar con el pasado para que el futuro sea nuevo.
A manera de propuesta
Hace aproximadamente 25 años las familias de las víctimas tuvimos capacidades mayores de impulsar a nivel regional experiencias de integración que mantuvieron en la agenda latinoamericana la voz potente de las víctimas.
Pero con el paso del tiempo nos fuimos quedando poco a poco en cada país luchando con los partidos, los congresos y poderes judiciales, impulsando nuestras propias causas.
En algunos casos hemos obtenido victorias morales y legales en tribunales locales e internacionales, que son esencialmente políticas y de naturaleza moral, pero debemos admitir que perdimos el peso mayor de la integración continental para sentar toda la jurisprudencia posible. Perdimos proximidad y coordinación.
Demos reactivar los viejos y nuevos resortes de una hermandad mayor de las víctimas de las dictaduras militares y las dictaduras democráticas también.
En el pasado en Centroamérica tuvimos en cada país servicios jurídicos y a nivel regional la Comisión de Derechos Humanaos para Centroamérica (CODEHUCA) y la Federación Latinoamericana de Familiares de Detenidos Desaparecidos, FEDEFAM.
Hay que someternos a la autocrítica constructiva y asumir el desafío de crear una nueva instancia que nos permita enfrentar mañana las nuevas adversidades que se miran venir en el panorama de la región.
Deseo proponer aquí que aumentemos el intercambio entre nosotras las víctimas, para analizar los desafíos comunes y coordinar acciones ante Estados y coaliciones de estados. Anticiparnos a los nuevos golpes.
La incidencia en los nuevos organismos de integración política como la UNASUR, la CELAC y el Sistema de Integración Centroamericana debe ser mayor en temas de derechos humanos, como fue en el pasado.
Como hacíamos en la década de los años ochentas, hay que meter los cuerpos y los contenidos de las víctimas en los cónclaves de tomadores y tomadoras de decisiones.
Actualmente hay un debate sobre la existencia del sistema interamericano de derechos humanos que ha mantenido su sede en Washington, deberíamos nosotras como asociaciones de víctimas generar una propuesta conjunta ante los países que proponen el cambio.
No estoy siquiera insinuando la dirección de esa proposición, pero sería imperdonable que no seamos capaces de hilvanar unas ideas que pongan siempre en primera fila la voz de las víctimas del pasado, que son las del presente e, indudablemente, las del futuro.
De nuevo gracias, hermanas y hermanos en el dolor y la esperanza, por tenerme aquí con ustedes.
Deseo todos los éxitos a esta mirada al calendario del Informe Rettig.
Muchas gracias!
RSS feed Comments
