A corta distancia al noreste de la bulliciosa Ciudad de Guatemala, las montañas que rodean la mina de oro de El Tambor se han convertido en un campo de batalla.
Desde marzo, activistas y miembros de la comunidad local mantienen activa una protesta contra el desarrollo de la mina por parte de Radius Gold, empresa con sede en Vancouver, Canadá, y su filial en propiedad absoluta Exploración Mineras de Guatemala (EXMIGUA).
Algunos miembros de la comunidad aseguran que no fueron consultados sobre la apertura de la mina y temen que contamine el suministro de agua y dañe las tierras de los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc.
A última hora de la tarde del 13 de junio los acontecimientos tomaron sin duda un cariz siniestro.
Yolanda Oquelí, activista que hace campaña abiertamente contra la explotación de la mina, volvía a casa después de participar en la protesta que está teniendo lugar cuando dos hombres armados subidos en una moto le cortaron el paso poniéndose delante del vehículo y efectuaron cuatro disparos, que alcanzaron a Yolanda. Una de las balas se le alojó cerca del hígado: actualmente se recupera del ataque y se encuentra estable pese a la gravedad de sus heridas.
Cuando Amnistía Internacional se reunió con Yolanda Oquelí en mayo, habló de su trabajo con FRENAM (Frente Norte del Área Metropolitana) —grupo local que pide que se celebre una consulta adecuada para saber qué opina la comunidad sobre la mina—.
“Cuando me reuní con Yolanda el mes pasado, me contó que era consciente de que la labor que lleva a cabo pone su vida en grave peligro, pero sigue adelante por el bien de la comunidad y el futuro de sus hijos”, ha manifestado Gabriela Quijano, asesora jurídica de Amnistía Internacional sobre Empresas y Derechos Humanos.
“Yolanda ha estado trabajando para sensibilizar sobre los efectos que la explotación de la mina puede tener sobre las tierras y el medio de subsistencia de su comunidad, a pesar de los peligros a los que se enfrenta.”
Yolanda también habló a Amnistía Internacional de las amenazas de muerte que había recibido.
Debido a su labor en defensa de los derechos humanos de su comunidad, ha venido sufriendo hostigamiento, que se ha traducido, entre otras cosas, en amenazas contra su vida, amenazas telefónicas y actos vandálicos con pintura contra su vivienda.
Yolanda ha interpuesto varias denuncias ante el Ministerio Público, la última el 11 de mayo, por estas amenazas contra ella y otros activistas, pero hasta el momento no se ha hecho nada para proteger a Yolanda y su familia.
“El ataque a Yolanda Oquelí debe constituir una llamada de atención a las autoridades guatemaltecas —las vidas de estos activistas están en juego sólo por tratar de garantizar que no se violan los derechos humanos de sus comunidades cuando inician su actividad empresas mineras y otras industrias dedicadas a actividades extractivas—”, ha manifestado Sebastian Elgueta, investigador de Amnistía Internacional sobre América Central.
“Se debe llevar a cabo una investigación independiente e imparcial para poner a sus agresores a disposición de la justicia, y se debe ofrecer protección adecuada a todos los activistas que trabajan para defender los derechos humanos de sus comunidades frente a proyectos extractivos”, ha dicho Tara Scurr, activista de Amnistía Internacional Canadá.
“A canadienses de todos los puntos del país les indignan los ataques y les avergüenza que haya sufrido un ataque otro defensor de los derechos humanos que ha denunciado los efectos que pueden tener las operaciones llevadas a cabo por una empresa minera canadiense.”
Objetivos habituales
En todo Guatemala, defensores y defensoras de los derechos humanos que trabajan sobre derechos económicos, sociales y culturales son con regularidad víctimas de acoso y ataques.
Amnistía Internacional ha documentado la situación de diversas otras comunidades que se han visto amenazadas después de que se trasladasen a la zona proyectos mineros —dirigidos con frecuencia por filiales locales de empresas extranjeras—.
En febrero de 2011, manifestantes de la región de San Marcos, al noroeste de Guatemala, sufrieron un ataque después de manifestarse en contra de la mina Marlin, propiedad de la empresa canadiense Goldcorp Inc. El activista comunitario Aniceto López fue llevado a la oficina del alcalde, donde unos funcionarios presuntamente lo golpearon y amenazaron con matarlo si no dejaba de manifestarse en contra de la mina.
En julio de 2010, Deodora Hernández, otra activista de base, recibió un disparo a quemarropa efectuado por dos hombres desconocidos en su propio domicilio. Había estado defendiendo abiertamente el derecho de su comunidad al agua, ante el temor de que las operaciones mineras hubieran contaminado el suministro local de agua.
Obligaciones internacionales
Todos estos casos ponen de manifiesto que Guatemala no cumple con sus obligaciones internacionales —no sólo para poner fin a la violencia cometida contra manifestantes pacíficos y defensores de los derechos humanos, sino también para garantizar la celebración de consultas significativas con las comunidades que con toda probabilidad se verán afectadas por las operaciones mineras—.
Cuando James Anaya, relator especial de la ONU sobre las poblaciones indígenas, visitó Guatemala en junio de 2010 recibió denuncias de que el gobierno guatemalteco había concedido en reiteradas ocasiones licencias para la explotación de recursos naturales en territorios indígenas sin consultarlo con las poblaciones indígenas locales —ni recibir su consentimiento informado, previo y libre—.
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