Tegucigalpa.
En el marco de la implementación del proyecto “Ejercicio pleno del Derecho y reducción de la pobreza de poblaciones indígenas y campesinas”, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, ha visitado algunos grupos campesinos en la región oriental del país, entre los cuales algunos están en procesos de recuperación de tierras, y por los cuales son víctimas de violaciones a sus derechos.
En su mayoría “estos eran predios ociosos, mientras cientos de familias habitaban en casas ajenas o tenían que alquilar parcelas para cultivarlas, por lo que decidimos ingresar a los terrenos, luego de asegurarnos que son de carácter nacional”, declaró Héctor Gradiz, miembro de una empresa campesina.
Es así que, con el proyecto impulsado por el Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África, IEPALA, se dará formación en derechos humanos, al agua y alimentación a dichas organizaciones campesinas sociales, quienes día a día enfrentan una lucha continua por el acceso a una mejor vida.
Las y los miembros de los asentamientos campesinos, padecen diferentes problemas, por lo que han demandado como urgente saber cómo actuar ante las violaciones a los derechos humanos, pues no sólo es vigilancia y malos tratos que reciben, sino que padecen enfermedades virales, así como gastrointestinales, pues no existe la calidad de la salubridad conveniente.
Hay que agregar que la alimentación es muy precaria, pues en su mayoría dependen de los cultivos que tienen en los terrenos en recuperación. Y en algunas ocasiones sus siembras son destruidas cuando se efectúan los desalojos.
Según estudios de organismos especializados, cerca de 300 mil familias campesinas que representan cerca de 2 millones de hondureños no tienen tierras, de allí que su vida sea precaria. Los oligarcas se apoderaron de las tierras de la reforma agraria en complicidad con algunos dirigentes campesinos.
El proyecto “Ejercicio pleno del Derecho y reducción de la pobreza de poblaciones indígenas y campesinas”, se ejecutará en municipios como Morcelí, Jacaleapa, Danlí, El Paraíso, Alauca y Trojes, todos en el departamento de El Paraíso, zona en la que campesinos y campesinas desde hace años o pocos meses, han construido casas de cartón, plástico o adobe, para defender los predios en los cuales tienen sus plantaciones, en esta época, han sembrado maíz.
Cabe destacar que hay predios reclamados por supuestos dueños, quienes amenazan e intimidan mediante sus trabajadores a los campesinos, tal es caso de los habitantes de la Empresa Hermanos Unidos, Rancho El Obispo, Yuscarán, donde desde el 19 de marzo pasado, unas cien familias decidieron recuperar cerca de 26.99 manzanas de tierra, las cuales son de carácter nacional.
Ahí el conflicto data desde hace más de 25 años, cuando el terrateniente Ramón Rosa Montoya Flores, se apoderó de dichos predios, dejándoles únicamente una área para el cementerio, una cancha de fútbol y un área de recreación, porque los habitantes se opusieron a entregarlas, manifestó Pablo Godoy, presidente del grupo.
Godoy, denunció que siempre han recibido amenazas de los empleados de Montoya, y en ocasiones son visitados por elementos militares que llegan a preguntar cosas generales, pero tranquilos, a diferencia de elementos de la Dirección Nacional de investigación Criminal, DNIC, que llegan con orden verbal de desalojo, a nombre del supuesto dueño.
Estamos en estas tierras porque sabemos que son de la comunidad y de nosotros: aquí vamos a vivir hasta las últimas instancias y vamos a dar el todo por el todo, enfatizó Godoy.
Allí está organizado un grupo de 24 mujeres, presidido por Iris Patricia Eguigure, quienes en apoyo a los campesinos se ha unido a la lucha por la tierra, “nosotras estamos comprometidas en el desarrollo de proyectos, y por ende dispuestas a colaborar en los talleres de formación en derechos humanos que se nos impartirá”, aseguró.
Otro grupo que aglutina trece familias y más de noventa personas, es la empresa Asociativa Campesina 17 de Abril, en la comunidad Ojo de Agua, Yuscarán, donde personas de todas las edades han presentado problemas de salud, como dengue, malaria, y de tipo gastrointestinal, pues no tienen acceso a agua potable.
Luis Lara, presidente esta empresa, manifestó su agradecimiento “porque nadie nos había visitado, tenemos expuesta la vida para defendernos, es importante que COFADEH se acuerde de nosotros, porque estamos olvidados”.
En ese asentamiento, ha habido confrontaciones con grupos de vecinos de la zona, quienes los marginan y los ven de menos por estar en dicho terrenos, viviendo en condiciones infrahumanas.
Luis denunció que una vez los visitó un coronel de apellido Espinoza, del 110 Batallón de Yuscarán, con la excusa de investigar, pero en realidad buscaba confrontamiento entre los habitantes que pretenden recuperar 40 manzanas de tierras de carácter nacional, en las cuales viven y cultivan maíz.
Cerca del lugar, está el Grupo de mujeres Las Rosas, quienes hace dos años lograron la titulación de siete manzanas de tierra, en las que ellas siembran maíz y frijoles, tras una lucha de más de una década, por lo que están conscientes de la importancia de tener formación en derechos humanos, ya que es más útil para defenderse.
En El Ruano, Danlí, está las empresas asociativas campesinas, Primero de Agosto y Nueva Integración, asentada en ese lugar desde el 3 de marzo del 2011, para la recuperación de unas 300 hectáreas de tierra.
Allí al menos 40 familias, han sido víctimas de desalojos, malos tratos y hasta capturas bajo engaños, como sucedió el pasado 20 de junio, cuando ocho policías se llevaron a todos los habitantes presentes, diciéndoles que iban a una reunión, pero terminaron en la policía regional No. 7 de Danlí, fue hasta allí que se les comunicó que tenían orden de captura contra 11 pobladores (seis mujeres y cinco hombres), a quienes detuvieron con sus familias.
El abuso de autoridad llegó al extremo de detener a mujeres con sus hijos e hijas de siete y once meses, tres y seis años, por mencionar algunos casos, además de adultos mayores, relató Nuvia Isabel Lovo, una de las procesadas, que al final se les dictó medidas cautelares, como no acercarse a los terrenos (donde están sus viviendas y cultivos) y presentarse a firmar cada semana a los juzgados correspondientes.
Nuvia, dijo que esas tierras son de carácter nacional, tal como lo constata el Instituto Nacional Agrario, INA, en Danlí, pese a que aparecen a nombre de Benito Alfaro, a quien indican como responsable de los desalojos, saqueos y destrucción de los cultivos en más de 20 manzanas de tierra.
Antes de decidir recuperar esta tierra que estaba ociosa, hicimos un rastreo de documentos del Registro de la Propiedad, Catastro y el INA, los cuales establecen los límites de las tierras que son de carácter nacional, y cuáles de Benito Alfaro, dijo Edilberto Alvarenga, miembro de la empresa campesina Primero de Agosto.
Campesinos y campesinas manifiestan interés por conocer sus derechos
Ante este panorama de zozobra por la defensa del acceso a la tierra, los grupos de campesinos ven a bien, la implementación del proyecto “Ejercicio pleno del Derecho y reducción de la pobreza de poblaciones indígenas y campesinas”, ejecutado por COFADEH e IEPALA, pues urgen de la formación en derechos humanos, sobre todo ante el abuso de latifundistas, elementos armados tanto policías como militares, y el parcial acceso a la justicia.
Hay regiones en otros municipios, donde los y las campesinas viven otras situaciones violatorias a sus derechos, ya sean laborales, alimentarias, educativas o participativas, por lo que reiteran que es necesaria la formación en seguridad personal y a nivel de organizaciones.
La formación a grupos campesinos e indígenas por parte de IEPALA, se imparte también en El Salvador, Guatemala y Nicaragua.
Más de 50 años siendo testigo de los sufrimientos del pueblo
Más de cincuenta años definen la vida y realidad de IEPALA; una larga trayectoria marcada por la historia de los países y colectivos a cuyo servicio se puso desde su surgimiento, allá por 1958.
A lo largo de este recorrido ha sido testigo de los sufrimientos y aspiraciones de muchos pueblos del Tercer Mundo –estima que han sido cincuenta y tres los países de América Latina, África y Asia a los que ha dado seguimiento y con los que mantiene vínculos y compromisos-; lugar de acogida de refugiados e inmigrantes; espacio de reflexión, análisis y discusión de intelectuales, especialistas e interesados en la investigación y tratamiento de los problemas globales; escuela de sensibilización y formación de conciencias de profesores y estudiantes; lugar de encuentro e intercambio de organizaciones y redes del Norte y del Sur impulsores del desarrollo y defensores de los derechos humanos y de los pueblos –estima en varios miles la red de contactos establecida-.
Tal vez, una de las señas más notorias de su identidad sea la dimensión internacional con la que ha querido proyectar siempre sus acciones de solidaridad y cooperación; al considerar que es en el escenario internacional –y su reconocimiento- donde se pueden alcanzar las cuotas más altas, en términos de eficacia, de todo proyecto al servicio de los pueblos del Sur y sus problemas que, en definitiva, son los que asolan a la conciencia de la Humanidad.
Hoy, fruto del largo proceso recorrido, IEPALA se afirma en el trabajo serio, responsable y sin protagonismos; en la profesionalización de la acción; en la salvaguarda de los principios éticos; en la independencia de los poderes políticos, económicos o religiosos; y en la voluntad de ponerse, desde su subsidiariedad, al servicio de los pueblos del Tercer Mundo.
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