Tegucigalpa
En conferencia de prensa el Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán demandó que se proceda a desmantelar el aparato represivo contra los campesinos y campesinas, desmilitarizando la zona para que no continúen los hechos sangrientos contra el movimiento campesino y que se cancele el permiso de operaciones de una empresa minera que operaría a cielo abierto en la comunidad de La Abiscinia.
La mesa principal de la conferencia de prensa desarrollada en la sede del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) estuvo integrada por Heriberto Alemán (coordinador del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán), Consuelo Castillo (Asentamiento La Lempira), Rigoberto Durán (Luxon Palmeras, Sabá, Colón), y Daniel López (Cooperativa Buenos Aires), todos y todas defensoras de derechos humanos de la zona.
Heriberto Alemán citó que la situación de violencia contra el Movimiento Campesino del Aguán, se ha agudizado, esto como consecuencia de un fallo favorable emitido por el Juzgado de Letras de los Civil de Francisco Morazán, donde da la posesión legal de las tierras a las cooperativas La Trinidad, Despertar y San Isidro, las que habían demandado desde hacía 16 años que se aplicara la justicia pronta, en tierras que el terrateniente Miguel Facussé había estado usurpando desde 1993.
“Desde el 29 de junio de 2012 hemos visto los hostigamientos, amenazas y crímenes contra campesinos iniciaron desde que el Ministerio Público, un Juez Ejecutor, un representante del Espacio de Derechos Humanos, ECODH y el abogado defensor de los cooperativistas llegaron para que se ejecutara el desalojo de guardias de seguridad de Faccussé”, sostuvo Alemán.
Añadió que “en sendos comunicados a dos páginas publicados en diferentes medios de comunicación por este terrateniente, nos hemos enterado que la Corte de Apelaciones supuestamente ha fallado desestimando la resolución del Juzgado de Letras de lo Civil de Francisco Morazán, en momentos en que el Poder Judicial se encuentra de vacaciones, lo que evidencia el tráfico de influencias políticas y económicas que hay detrás de este caso”.
Mientras tanto Consuelo Castillo expresó que en la zona persiste la represión contra los campesinos y campesinas y que es generada por algunos ganaderos que habitan en la zona en confabulación con los guardias de seguridad de los terratenientes.
Para el caso Castillo citó que el domingo pasado a las 10;00 de la mañana el campesino Francis Bueso cuando se trasladaba hacia aldea La Ceibita para comprar repuestos de su bicicleta, fue atacado a balazos por el que se supone es el mismo sujeto que mató a José Luis Dubón Díaz.
“Denunciamos estos hechos a la comunidad nacional e internacional y también estamos denunciando toda la represión de parte de los efectivos del XV Batallón de la zona, quienes diariamente están reprimiendo a la comunidad Panamá que colinda con la finca Paso Agúan del terrateniente Miguel Facussé”, recalcó Castillo.
La defensora de derechos humanos detalló que dicha comunidad está recibiendo amenazas de desalojo de parte de los guardias privados de seguridad de Miguel Facussé y de los militares del XV Batallón.
Cabe señalar que El día 02 de julio del año 2012, Gregorio Chávez, (productor independiente y Celebrador de la Palabra) de la comunidad de Panamá, cuya propiedad colinda con la finca Paso Aguán, que está en posesión de Miguel Facussé, desapareció desde las cinco de la tarde de su tierra. Familiares y vecinos de la comunidad lo buscaron afanosamente desde el momento que se enteraron de su desaparición, encontrando rastros sospechosos entre ellos que había sido averiado el alambre de su cerco, búsqueda que se extendió hasta el día viernes 06 de julio cuando fue encontrado enterrado dentro de la finca en mención, con señales de tortura.
El sábado 07 de julio a las cinco de la mañana fue asesinado de varios impactos de bala el campesino Jacobo López Erazo, en la comunidad de Quebrada de Arena, cerca de su casa. En esa misma zona fue asesinado el dirigente campesino Matías Valle, el 20 de enero de este año en similares circunstancias.
El domingo 08 de julio en horas de la madrugada fue acribillado José Luís Dubón Díaz, en las cercanías del asentamiento La Lempira, donde él estaba organizado, quedando herido Francis Bueso, quien fue intervenido de emergencia para salvarle la vida en un hospital de Tocoa, Colón.
Otro tema que denunció el Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán fue el de la pretensión de una compañía minera de explotar hierro en un sector de Tocoa, departamento de Colón.
Rigoberto Durán expuso que esa explotación a cielo abierto se pretende realizar en la comunidad de La Abiscinia en donde se encuentra el Cerro Azul y al parecer existe la aprobación del régimen de Porfirio Lobo Sosa para que la compañía pueda operar.
Se informó que fue una publicación del Diario La Prensa la que alertó a la comunidad sobre dicha pretensión y “el problema es que el pueblo de Tocoa desconocía esa situación, por lo que las organizaciones populares realizaron una movilización para decir no a la minería, porque la verdad es que es un tema delicado porque sabemos que trae efectos secundarios y todo el departamento de Colón se opone a que se realice esa explotación en La Abiscinia, Tocoa, denunció Durán.
“El día que se realizó la protesta, la municipalidad de Tocoa estuvo militarizada y desconocemos las razones de esto, pero sí es cierto que quieren instalar una empresa minera en ese lugar y el pueblo no quiere, porque no viene a beneficiar al pueblo y vienen con mentiras para engañar a la gente de que les van a hacer carreteras, centros de salud y otras cosas”, subrayó.
Por su parte Daniel López del Asentamiento Buenos Aires comentó que el pasado 30 de junio hubo una reunión en la comunidad de Abisinia y un sector reducido habría recibido promesas engañosas sobre las supuestas bondades que traería la explotación minera.
“En dicha reunión estuvieron presentes varias organizaciones del movimiento social así como asentamientos campesinos y “vemos que el interés de la minera estaría dañando a Tocoa, ya que el agua que consume la comunidad proviene del Cerro Azul, explicó López.
“Hay mucha desconfianza porque hay cosas que se trabajan a espaldas del pueblo no lo confirman, nunca lo socializan, sino que simplemente lo hacen a espaldas de la comunidad”, sostuvo.
No se precisó cual es el nombre de la compañía minera que pretende explotar hierro en la zona, únicamente se dijo que lo que se ha conocido son las iniciales TDR, supuestamente de capital transnacional.
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