Se trata de 25 hombres y dos mujeres que fueron apresados bajo torturas y sometidos a crueles vejámenes y amenazas graves entre ellas la desaparición forzada si continúan ejerciendo su derecho a la protesta pacífica

 

Este acto que denota la existencia de un super poder en Honduras para favorecer a los terratenientes se dio ya por la noche después que la Fiscalía del Ministerio Público manifestó que no levantaría cargos pues se trataba de faltas que ameritaban una conciliación ante un juez.

 

Pero todo fue una pantalla para ocultar las verdaderas intenciones de enviar a la cárcel a los labriegos que llegan a la ciudad capital a denunciar actos de corrupción de magistrados de Cortes de Apelaciones de La Ceiba y Francisco Morazán para echar para atrás un fallo que devolvió las tierras que legítimamente pertenecen a los campesinos y campesinas en el cooperativas Despertar, San Isidro y La Trinidad, ubicadas en El Aguán.

 

Al terminar de firmar el Acta llegó el Comisionado Bonilla, Jefe de la Policía Metropolitana Número Uno que de forma prepotente sacó a los defensores y defensoras de derechos humanos, juezas y fiscal y ordenó subir a patrullas a los detenidos sin informar hacia dónde se los llevaba, un acto que tenía todas las características de un secuestro. Las patrullas fueron seguidas por compañeros y compañeras de los detenidos y constataron que fueron introducidos a la Policía Metropolitana Número Uno donde no dejan ingresar a nadie por lo que se teme que algo grave pueda estar ocurriendo con su vida.

 

El COFADEH hace un llamado urgente al mundo para que las organizaciones defensoras de derechos humanos y organismos internacionales de protección hagan todas las acciones necesarias para rescatar con vida a los detenidos.

 

Lo anterior en vista de que por la mañana se tenía programada una reunión con el presidente de la Corte Suprema de Justicia pero se exigió en el momento que para llevarla a cabo tenían que estar presentes los apoderados legales del terrateniente  Miguel Facussé, lo cual fue considerado por la dirigencia campesina como peligroso pues en la reunión se denunciarían actos ilícitos de magistrados de las Cortes de Apelaciones Primera y segunda de La Ceiba y Francisco Morazán que incluye prevaricato para favorecer a los terratenientes. 

 

Aunque la reunión no llevó a cabo con los campesinos, la Corte sí la hizo con los apoderados legales de Miguel Facussé, mientras a los denunciantes les echó la policía dejando el saldo de decenas de torturados y el saldo de 27 detenidos en forma ilegal.

 

La indefensión en que se encuentran es tal que se solicitó la exhibición personal ó Hábeas Córpus por tratarse de una detención ilegal y la Jueza Ejecutora de entrada llegó en forma prepotente, no habló con los detenidos y se encerró por mucho rato con el jefe de la policía en La Granja, posteriormente inició entrevistas con los detenidos hasta cuando estaban en el Distrito Policial Número Cinco de el barrio Belén, casi presionándoles para que se inculparan.

 

Las personas detenidas son:

 

Johny Rivas Vitalino Álvarez Santos Munguía

Alex Leonel Cárdenas Rivera Ismael Redondo Bueso Fredy Joel Elvir Godoy

Elvin Esteban García Ramírez Manuel de Jesús Díaz Flores Nelson Alexander Pérez Gómez

Elvin Saúl Pérez Gómez Ariel Gáleas Aguilar Orlin Alberto Coello Elvir

Darwin Mejía Vásquez Narciso Pérez Castillo Lázaro García Bejarano

Antonio Trejo (Abogado de los Campesinos) José Enrique Flores Flores, golpeado Carlos Alberto Padilla Ulloa

Carlos Ramón Navarro (Presidente de la ANACH) Fidel Antonio Barahona Rivera María Luisa Lara

Miguel Ángel Castillo Reyes Juan Carlos Campos Meza Josefa López Espino

Mauricio Núñez 

Braulio Bueso Leonel Acosta 

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