Tegucigalpa.
Una delegación de derechos humanos estadounidense denominada La Voz de los de Abajo con sede en Chicago, demandó en conferencia de prensa que cese la ayuda militar que Estados Unidos destina a las Fuerzas Armadas de Honduras y a la Policía Nacional, ya que dicho armamento es utilizado en contra del pueblo hondureño.
La delegación también fue víctima de insultos, amenazas y hasta de disparos de escopeta que ejecutaron guardias de seguridad de la Finca Los Laureles de Tocoa, Colón que está en poder del terrateniente Miguel Facussé. El atentado se produjo el pasado jueves 13 de septiembre y existe un video que muestra a los paramilitares con armas de grueso calibre y con gorros pasamontañas para ocultar su identidad y que está disponible en el sitio de internet youtube.
Comparecieron en conferencia de prensa en la sede del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), Alexys Lanza coordinador de la organización de derechos humanos: La Voz de los de Abajo, Vicky Cervantes (defensora de derechos humanos de La Voz de los de Abajo) y el Secretario General de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), Jesús Ponce.
Vicky Cervantes expresó que la situación de derechos humanos en el Bajo Aguán y en Honduras debe ser motivo de gran preocupación para el movimiento social hondureño, para los que están en el Congreso Nacional, para periodistas y para funcionarios de gobierno.
“Hay una preocupación grave por la violencia política y también es claro que hay manifestación violenta tanto para nosotros y para los que estudian la situación. Esa violación está enmarcada dentro de una impunidad y existe represión y persecución política”, apuntó Cervantes.
Cervantes manifestó que esas acciones violentas son desatadas contra campesinos, candidatos a cargos de elección popular del partido Libertad y Refundación (LIBRE) y que hace 4 meses más de 90 congresistas solicitaron ante el Departamento de Estado de Estados Unidos, que se congelara la ayuda militar a las Fuerzas Armadas y a la Policía hondureña, por las violaciones a los derechos humanos que se están llevando a cabo y este es un problema grave.
En un comunicado distribuido a los medios de comunicación se lee: “Frente a las amenazas, agresiones verbales y la advertencia al disparar una arma de fuego, para amedrentarnos, presentamos la denuncia correspondiente ante la policía de Colon. Ahí los agentes policiales intentaron intimidar nuestra presencia en sus instalaciones y de forma irónica nos dijeron que temían por nuestra seguridad, ya que ni ellos mismos pueden entrar en dicha finca para poder investigar dichas violaciones, pero contradictoriamente, sí pudieron entrar para ejecutar un desalojo, disparando bombas lacrimógenas, contra los vecinos y vecinas del barrio La Aurora, cercana a la finca Los Laureles que reclama Miguel Facuse como suya.
Los ataques con bombas lacrimógenas cegaron la vida del ciudadano de la tercera edad Héctor Navarro en la comunidad La Aurora, cercana a la Finca Los Laureles, por la inhalación excesiva del gas lacrimógeno. Alexys Lanza denunció que en el desalojo de campesinos ejecutado por agentes militares y policiales se utilizó una enorme cantidad de bombas lacrimógenos, que fueron lanzadas indiscriminadamente contra personas del barrio La Aurora, próxima a la Finca Los Laureles y encontramos que dichas bombas lacrimógenas son utilizadas por militares norteamericanos y suponemos que son fabricadas en Estados Unidos.
“Hubo un despliegue de 500 efectivos militares y policiales que ejecutaron el desalojo y cuando los campesinos vieron esa acción levantaron sus brazos en señal de rendición y les dijeron que no dispararan sus armas de fuego, sin embargo los militares y policías lanzaron las bombas lacrimógenas contra ellos y contra los vecinos del barrio La Aurora. Había una señora que tenía un niño de apenas 8 meses y le tiraron una bomba adentro de su cuartito y ella buscó refugio, la mujer salió casi desmayándose”, relató Lanza.
Esto muestra una clara contradicción de parte de la policía, que dice que no pueden investigar, pero sí pueden ir a atacar indiscriminadamente a los campesinos y campesinas, sostuvo Alexis Lanza.
El comunicado apunta que: Este desalojo aterrorizó a todo el barrio Aurora, aparte de golpear y arrestar a campesinos que recuperaban dichas tierras. Con este hecho constatamos, una vez más el irrespeto a la vida y la impunidad que impera en Honduras. Confirmamos lo que organizaciones de derechos humanos, líderes de organizaciones sociales y campesinas nos habían expresado sobre la realidad política, social y económica en que hoy se encuentra el país.
Por su parte el Secretario General de la CNTC dijo que el movimiento campesino está viviendo una situación muy difícil en los actuales momentos, y esta situación es producto de la aprobación de la Ley de Modernización Agrícola aprobada en 1992.
“Eso ha venido ha obstaculizar la situación sobre la tenencia de la tierra, se ha dicho que el movimiento campesino no ha tenido propuestas, pero la verdad es que hemos presentado proyectos de ley ante el Congreso Nacional que nunca han sido discutidos”, señaló Ponce.
En los actuales momentos existe una gran represión hacia el movimiento campesino y en Honduras se constituye como delito que una comunidad se organice para recuperar un bien que le pertenece como el recurso tierra. “Exigimos al gobierno que apruebe y tome en cuenta un proyecto de ley que presentamos en el mes de octubre de 2011 para legalizar las tierras a los campesinos y campesinas”.
La Voz de los de Abajo señaló que las violaciones a los derechos humanos que continúan ocurriendo en el país, son producto de la sistemática represión ejercida desde el gobierno a través del ejército, la policía nacional y los grupos paramilitares de los terratenientes en contra de campesinos, dirigentes y líderes políticos del partido LIBRE.
Asimismo la delegación planteó las siguientes demandas: Al gobierno de Estados Unidos exigimos que cese la ayuda militar dirigida a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Honduras, ya que armamento como bombas lacrimógenas, proyectiles y fusiles utilizados por la policía y el ejército hondureño en violentos desalojos, son de fabricación estadounidense.
Demandamos que el Gobierno de Estados Unidos cancele las operaciones conjuntas que militares y agentes antidrogas de la DEA realizan con policías y militares hondureños porque han provocado graves violaciones a los derechos humanos, han cobrado muchas victimas y han violentado la soberanía nacional.
Demandamos la inmediata liberación de los presos políticos que guardan prisión por su lucha legítima de la tierra, ellos son: José Isabel Morales preso en la cárcel de La Ceiba, José León Galeas, Cesar Bardales García, Santos Isaías Rodríguez, Selvin Noeli Rodriguez, privados de su libertad en el presidio de La Paz. De igual forma exigimos una autentica política agraria en el país, incluyente y justa, así como el cese de la represión, la persecución política y la impunidad.
Después de escuchar múltiples testimonios acerca de las ciudades modelo, que reflejan una profunda preocupación por la venta del territorio nacional, sentimos la responsabilidad de solidarizarnos con la posición del pueblo hondureño que rechaza la implementación del proyecto que crea las ciudades modelo.
Del 6 al 16 de septiembre la delegación La Voz de los de Abajo visitó a 18 comunidades campesinas en Honduras y se entrevistó con dirigentas y dirigentes del movimiento social hondureño y de las comunidades de la diversidad sexual en La Paz, Puerto Cortés, El Progreso, Atlántida y Colón.
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