Tegucigalpa.
En la Audiencia Inicial llevada a cabo este miércoles 19 de septiembre contra 25 campesinos del Aguán, el presidente de la Corte Suprema de Justicia Jorge Rivera Avilés y fiscales del Ministerio Público, se pusieron de acuerdo para incriminar a los campesinos de daños contra ese Poder del Estado, a través de una autorización personal de este funcionario.
Este hecho violenta la Ley pues es la Procuraduría General de la República la encargada de este trámite, según lo denunciaron los apoderados legales de los campesinos.
La Audiencia se llevó a cabo en el Juzgado de lo Penal de Francisco Morazán y tiene relación con una represión violenta ordenada por el presidente de la Corte contra campesinos y campesinas que se manifestaban pacíficamente por no haber sido recibidos por Rivera Avilés.
Los denunciantes que pretendían entregarle pruebas contra la actuación de Magistrados de las Cortes de Apelaciones de La Ceiba y Francisco Morazán quienes habrían recibido fuertes sumas de dinero de los terratenientes Miguel Facussé y René Morales para revertir una sentencia de un Juzgado de lo Civil que les devolvió las tierras a las Cooperativas La Trinidad, Despertar y San Isidro, del Movimiento Auténtico Campesino del Aguán, MARCA, en el Aguán. A pesar de la gravedad de la denuncia, el presidente de la CSJ se reunió con los apoderados de los terratenientes en mención.
La represión fue violenta, decenas de personas que participaban de la protesta fueron golpeadas, al extremo que quebrarle la nariz a un hombre de la tercera edad que fue sacado de la cama del hospital donde estaba recuperándose para llevarlo a la Policía Metropolitana Número Uno y acusarlo junto a 24 más, entre ellos los dirigentes campesinos Ramón Romero, Jhony Rivas y el apoderado legal de MARCA, Antonio Trejo, de participación en manifestaciones ilícitas y portación ilegal de armas. Vea más datos.
La Fiscalía de Derechos Humanos brilla por su ausencia, ya debería haber iniciado acciones contra los policías que reprimieron a los campesinos y campesinas, por los vejámenes cometidos.
Saña, Abuso de Autoridad y Prevaricato en acusación
Antonio Trejo, apoderado legal de MARCA, dijo que se siguen violentando los derechos de los campesinos , “la fiscalía amplió hoy el requerimiento fiscal por el delito de daños a la propiedad, dice que contra la CSJ, cuando la Constitución de la República dice que claramente el presidente de la CSJ solamente puede proceder si el Pleno lo autoriza para ello, sin embargo sin ninguna resolución de dicho pleno, Jorge Avilés está dando una autorización de manera personal para que se acuse por daños y perjuicios cuando ni siquiera se ha cuantificado ningún daño”.
También cuestionó el hecho de que los fiscales hayan acusado a una persona que no era parte de la manifestación de portación ilegal de armas, a pesar de portar un carnet con el permiso lo que denota que la justicia en Honduras ya ha decaído de una manera increíble y que estamos ante un Estado fallido.
Trejo señaló que tres policías que la Fiscalía presentó como testigos dijeron que no vieron nada ni siquiera el humo de los gases lacrimógenos, y por lo tanto tiene esperanza en que el Juez a cargo tenga un buen criterio, que dicte un sobreseimiento definitivo y que la Fiscalía no se vuelva tan inquisitiva.
Para el profesional del Derecho, la Fiscalía está cometiendo Prevaricato y Abuso de Autoridad, y está incurriendo en falso testimonio y falsa demanda, por lo que se va a proceder legalmente por estos delitos.
Denunció además que es una política represiva del Estado para criminalizar la protesta social y recordó que un comisionado que es el enlace entre la CSJ y la policía le dijo a eso de las dos de la tarde, “mire abogado no los van a atender, y el presidente de la Corte ya habló con la policía y dice que ya los van a gasear” .
Por su parte Kenia Oliva, quien actúa como apoderada legal de los campesinos en representación del COFADEH señaló que todavía no termina la audiencia porque falta que se evacúen algunos testigos por parte de la defensa y que se propongan otros medios.
Para ella se ha podido comprobar que el Ministerio Público inició un requerimiento sin tener ni siquiera indicios de que las personas que están procesadas hayan participado en algún delito, ampliaron el requerimiento por daños y como es un edificio del Estado debió ser la Procuraduría quien dio la autorización, el presidente de la Corte solo debe administrar justicia y no bienes del Estado.
Esa actuación del presidente de la CSJ deja bien claro que no pretende resolver la denuncia de los campesinos ni mucho menos castigar a los magistrados que están denunciados.
Karol Cárdenas , otra de las abogadas del COFADEH que participó también de la audiencia dijo que este caso “ me hizo retroceder al 12 de agosto de 2009, cuando fueron acusadas más de 20 personas que se manifestaban pacíficamente contra el golpe de Estado. En esta audiencia no se están respetando a los defensores de derechos humanos, ni la manifestación pública como un derecho, continúan reprimiendo para que la gente calle y que no pueda expresarse”.
Por su parte Karla Alegría, otra de las abogadas defensoras en representación de Vía Campesina, expresó que en la audiencia “vi que hay una Fiscalía que de verdad quiere perjudicar al grupo por ser campesino, eso se vio al ampliar el requerimiento fiscal”.
Alegría manifestó que son acusaciones infundadas y que el Ministerio Público no está aplicando el criterio de objetividad que está obligado a hacer.
La audiencia continuará este jueves, se espera la declaración del dirigente campesino Rafael Alegría y otros medios de prueba que la defensa pretende presentar ante el Juez que deberá decidir si sobresee el caso o por el contrario continúa el juicio contra 23 hombres y dos mujeres aglutinados en los movimientos campesinos del Aguán que esperan justicia.
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