Giorgio Trucchi - Rel-UITA
Mientras en el cementerio San Miguel Arcángel de Tegucigalpa una multitud despedía a Antonio Trejo Cabrera, el abogado defensor de los campesinos del Aguán asesinado brutalmente el 22 de septiembre pasado, dos presuntos sicarios ultimaron a balazos a Manuel Eduardo Díaz Mazariego, 40 años, Fiscal de Derechos Humanos en esta ciudad. En 2008, Díaz Mazariego había participado, junto a otros colegas, en una larga y extenuante huelga de hambre contra la corrupción y por la transparencia en el Ministerio Público.
Ante esta nueva ofensiva criminal que en menos de 72 horas ha segado la vida a dos profesionales muy comprometidos con la defensa de los derechos humanos, Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) externó su honda preocupación a Sirel.
-¿Qué análisis está haciendo el COFADEH ante esa nueva ola de violencia?
-El abogado Trejo estaba muy comprometido, tanto con la defensa de los derechos de las familias campesinas, específicamente del Bajo Aguán, como con la salvaguarda de la soberanía nacional, que está siendo amenazada por el proyecto de crear las “ciudades modelo”.
Los que conspiran contra el pueblo no tienen ningún empacho en eliminar a quienes les estorben en su propósito de hacer negocios en el país. Trejo hasta fue detenido y enjuiciado, como consecuencia del violento desalojo perpetrado por la Policía contra los campesinos que protestaban pacíficamente frente a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia en la capital.
Su asesinato es una clara agresión contra quienes pensamos diferente de los grupos de poder en este país.
-Defender los derechos de los más desposeídos es suficiente para ser blanco de ataques homicidas en Honduras...
-Los terratenientes y las familias que han sido reiteradamente señaladas como las que se han adueñado ilegalmente del país, están en una ofensiva en contra del campesinado, de las y los defensores de los derechos humanos, así como de quienes acompañan al pueblo en su demanda de justicia social.
Trejo acompañaba la lucha campesina y hacía una defensa legal para la garantía de sus derechos. Inclusive introdujo una demanda por “Traición a la Patria” en contra de los legisladores que habían aprobado el decreto que formaliza las “ciudades modelo”.
-¿Hasta dónde vamos a llegar?
-La situación es extremadamente grave y debemos replantear nuestra estrategia. Las instituciones del Estado siguen ausentes, desplomadas, incapaces de operar justicia, coludidas con los asesinos. Y nos están asesinando, exterminando con total impunidad.
En menos de 72 horas asesinaron al abogado Trejo y al fiscal Díaz Mazariego. Nos sentimos solas, agobiadas y demandamos, exigimos, la presencia de la comunidad internacional al lado de este pueblo.
-Hasta el momento Estados Unidos ha tenido una actitud muy contradictoria.
-Nos preocupa, por ejemplo, que el Departamento de Estado diga en su informe que en Honduras ha habido avances en materia de justicia y de eficiencia del Ministerio Público. La impunidad no se combate con mentiras, ni con más militarización o involucrando en una supuesta solución a los que fomentan y son cómplices de la impunidad.
-¿Hay fuerza suficiente para seguir en esta lucha?
-Quieren paralizarnos diezmándonos, sin embargo sigo confiando en el pueblo de Honduras porque es sabio. La gente sigue caminando, demandando y está clara de dónde proviene la represión y quiénes son los represores. Para detenernos tendrán que matarnos a todos. En este sentido, la solidaridad internacional y la coordinación con los grupos y redes que difunden lo que de verdad pasa en Honduras va a ser clave en esta coyuntura.
Fuente: Rel-UITA
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