El osado asesinato de un abogado de derechos humanos hondureño pone de manifiesto por qué las autoridades del país deben redoblar sus esfuerzos para proteger al colectivo de defensores y defensoras de los derechos humanos y a las personas a quienes apoyan a través de su labor, ha afirmado hoy Amnistía Internacional.
Antonio Trejo Cabrera murió la noche del sábado tras recibir cinco disparos realizados por hombres armados en el exterior del lugar de celebración de una boda en un barrio residencial del sur de la capital, Tegucigalpa. Según han informado los medios de comunicación, quienes le dispararon eran expertos que actuaron de forma deliberada.
Según había denunciado el abogado de derechos humanos, había recibido amenazas de muerte en relación con su trabajo como representante de víctimas de abusos contra los derechos humanos en el persistente conflicto sobre tierras en la región de Bajo Aguán, en el norte del país.
“Este atroz asesinato siembra el temor en la comunidad de derechos humanos hondureña y debe constituir una llamada de atención para las autoridades, que deben aumentar urgentemente las medidas de protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos y las víctimas de abusos”, ha manifestado Guadalupe Marengo, directora adjunta del Programa Regional para América de Amnistía Internacional.
“El presidente Lobo debe emitir de inmediato una rotunda declaración expresando su consternación por este hecho, y reafirmando su apoyo a los defensores y defensoras de los derechos humanos y a su derecho a llevar a cabo su trabajo sin sufrir amenazas, ataques ni intimidación.”
“Debe iniciarse una investigación exhaustiva, independiente e imparcial sobre este asesinato, y los responsables deben ser procesados. De no ser así, se seguiría transmitiendo el peligroso mensaje de que las autoridades hondureñas no pueden, o no quieren, proteger a los defensores y defensoras de los derechos humanos y defender el Estado de derecho.”
Conflicto en Bajo Aguán
Trejo era abogado de tres cooperativas de campesinos que están enzarzadas en una compleja disputa relacionada con derechos sobre tierras en Bajo Aguán, un fértil valle en el norte del país.
Había ayudado a los agricultores a recuperar los derechos legales sobre tierras del valle, y en octubre iba a viajar a Washington DC para participar en las sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos relativas al persistente conflicto sobre las tierras.
En los últimos años, miles de trabajadores del medio rural sin tierras han ocupado tierras que, según afirman, habían sido expropiadas por empresas y terratenientes acaudalados. Durante más de 10 años se han librado batallas legales, se han adoptado resoluciones que luego se han recurrido, y se han llevado a cabo múltiples desalojos forzosos.
En los últimos tres años, los reiterados enfrentamientos violentos en el valle han causado decenas de muertes, fundamentalmente de agricultores, pero también de empleados de los terratenientes.
La violencia continúa a pesar de que el gobierno hondureño llegó a un acuerdo con los terratenientes del valle para que devolviesen en torno a 1.600 hectáreas de tierras agrícolas a unas cuantas cooperativas de agricultores rurales.
Personal de seguridad privada que trabaja para terratenientes y empresas en Bajo Aguán ha sido acusado de una serie de presuntos abusos contra los derechos humanos, como amenazas contra agricultores locales, violaciones y otros ataques violentos.
“Es preciso abordar urgentemente las causas de esta violencia y la impunidad en torno a ella, a fin de evitar un nuevo empeoramiento de la situación en la región de Bajo Aguán”, ha declarado Marengo.
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