Existe en Honduras una estructura de muerte operando desde las sombras, ubicada fuera del alcance del ejército y la policía, o relacionada con estos.
Bueno, en realidad son varias las estructuras existentes. Pero hoy nos occupamos de una cuyos miembros conocen a perfección los mecanismos institucionales de la impunidad.
Es una estructura clandestina que nos recuerda al Batallón de la Muerte 3-16, incrustado en las tres brigadas militares, los 16 batallones y en las oficinas de la DNI en 1982.
No es la Mesa de Crisis de un grupo de banqueros capitalinos ni elComité de Reservistas que influye Hung Pacheco, tampoco es la Mesa de Inteligencia Policial que dirige en Tocoa el oficial Daniel Molina.
Los reportes privados indican que la estructura clandestina que nos occupa estaría encabezada por oficiales de policía desplazados de Casamata por el Tigre Bonilla, apoyados por empresarios capitalinos.
En abierta competencia criminal con el estado este cartel planifica asesinatos selectivos y construye señuelos para conmocionar o distraer la atención del público. Tienen miembros especializados en eso.
Los reportes indican, además, que recaudan millonarias cantidades de dinero cada fin de semana para fortalecer su logística e influencias, y lanzan campañas psicológicas contra blancos políticos.
Los crímenes contra los abogados Antonio Trejo en Tegucigalpa y Eduardo Díaz en Choluteca fueron mensajes al régimen de Lobo, Pompeyo y Bonilla, justo cuando Honduras tomaba la palabra frente a la Asamblea General de la ONU en Nueva York.
Lobo afirmaba en ese Foro mundial que los homicidios violentos bajaron en 8.5 por ciento en el último año, mientras aquí los gatilleros mataban dos profesionales en 48 horas.
Lobo destacaba reformas en materia de derechos humanos en las Naciones Unidas, en tanto aquí los matones inventaban una masacre en Olancho y filtraban nuevas amenazas a líderes campesinos, periodistas y defensores de derechos humanos a través de sus agentes encubiertos.
El objetivo de esos hombres tenebrosos sería presionar por un espacio de actuación delincuencial sin persecución institucional y, a la vez, construir un poder paralelo a las instituciones de seguridad que les permita reproducir sus privilegios.
Ellos son violentos, están en guerra contra el pueblo. Son los mismos que guiaban y ordenaban la represión contra la resistencia anti golpista, ocultos en mansiones de Tegucigalpa, protegidos en carros blindados y con dinero para comprar conciencias.
Este grupo ha sido identificado por la Comisión que interviene la Secretaría de Seguridad, algunos de sus integrantes son extraditables en la lista de la embajada estadounidense, acérrimos enemigos del cambio político.
Y como todos los criminales en Honduras, éstos saben que de de diez denuncias presentadas al Ministerio Público sobre delitos y violaciones solamente dos son completamente investigadas y traducidas en acusaciones ante los tribunales de justicia. Están seguros de su impunidad.
Entonces, para evitar que el dedo índice señale a aquellos oficiales auto desplazados de Casamata, que siguen activos y con salarios, pero sin funciones, los señores Pompeyo Bonilla y Porfirio Lobo deben someterlos a investigación criminal, y sancionarlos.
El pueblo está harto de exponerse con las manos vacías a esta banda de delincuentes que conocen el Estado por dentro y que chantajean a sus enemigos uniformados.
Y si la investigación implica a un candidato presidencial nacionalista, a un grupo financiero y a dos ex presidentes, pues que sean sancionados de modo ejemplar.
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