Tegucigalpa.
La coordinadora de la Comisión de Verdad, la religiosa ecuatoriana Elsie Monge, advirtió durante la presentación del Informe que contiene una investigación sobre la situación del golpe de estado de 2009 y las graves violaciones a los derechos humanos, que el golpismo continúa y que podría agravarse en el proceso eleccionario hondureño, lo que puede interpretarse que la persecución y asesinatos por razones políticas seguirán su curso con consecuencias para el Estado de Honduras.
“Nos preocupa lo que viene en el futuro inmediato, es posible que se agrave en el marco de las próximas elecciones”, dijo Monge.
Para el caso en el Informe divulgado en junio de 2012, del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), sobre violaciones sistemáticas a derechos humanos en Honduras se documentaron desde el mes de junio de 2009, 143 asesinatos por razones políticas que incluyeron persecuciones intensivas para impedir la naciente colectividad resistente, asfixiar a las bases sociales y atacar sus estructuras organizativas.
Este accionar también provocó el desplazamiento de familias que sufrieron una feroz persecución y el exilio de al menos 160 personas, entre ellas de la escritora Helen Umaña y del sacerdote diocesano Fausto Milla (ambos integrantes de la Comisión de Verdad) así como de una asistente del padre Milla.
En el tema de los asesinatos políticos el Cofadeh informó que durante el 2012, siete ciudadanos de la resistencia popular y del partido LIBRE fueron asesinados, siendo éstos: Eduby Abrego, ingeniero de profesión que laboraba para la Cooperación Española quien fue asesinado por desconocidos que le dispararon cuatro veces por la espalda el 1 de mayo de 2012, Abrego había sido nominado como candidato a alcalde por el partido LIBRE.
Erick Alexander Martínez Avila de 32 años, fue encontrado sin vida el 6 de mayo de 2012, en la aldea Guasculile, carretera que de Tegucigalpa conduce al departamento de Olancho. Erick Alexander era periodista de profesión y trabaja como Relacionador Público en la organización de diversidad sexual Kukulkan, dedicada a la defensa de los derechos humanos de lesbianas, gays, personas trans y bisexuales. Martínez Avila pertenecía a la Organización Política Los Necios y era aspirante en propiedad a una diputación por la Fuerza de Refundación Popular (FRP) del partido LIBRE.
El 7 de mayo de 2012, fue encontrado mortalmente herido Jafeteh Steven Pineda Hernández de 23 años en el barrio El Centro de San Pedro Sula. El joven murió en el hospital Mario Catarino Rivas. Pineda Hernández pertenecía al movimiento 28 de junio del partido LIBRE
Edilberto Mejía Solano de 55 años (murió a balazos por parte de desconocidos que se conducían en una motocicleta en Choloma, Cortés el 8 de mayo de 2012). Mejía Solano era Secretario del Partido Socialista Morazánico y aspiraba a un cargo de elección popular por el partido Libertad y Refundación (LIBRE).
El 20 de mayo de 2012, Jesús Octavio Pineda de 55 años fue asesinado en la colonia La Pradera de San Pedro Sula cuando se dirigía a realizar labores de organización del colectivo político del partido LIBRE. Testigos afirman que desconocidos le dispararon desde un carro color blanco.
El 7 de junio de 2012, desconocidos que se transportaban en un automóvil negro sin placas dispararon contra Miguel Angel Ramos Díaz, mientras transitaba entre su residencia y su centro de trabajo, localizados en San Pedro Sula. Tres impactos de bala calibre 9 milímetros incrustados en su cuerpo, terminaron con su existencia. Ramos Díaz era miembro del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP).
Finalmente el 12 de junio de 2012, el Coordinador del colectivo del barrio el Estadio, de la Fuerza de Refundación Popular del partido LIBRE, Joel Orellana, fue asesinado por personas desconocidas en la ciudad de Catacamas.
Estas crímenes políticos ha sido caracterizados por una forma reiterada, organizada y coordinada fundamentalmente a través del aparto político-militar del estado, con colaboración activa o pasiva de los demás poderes, especialmente del judicial y la actividad del legislativo en la emisión de leyes que restringen derechos.
Por otro lado, los ejes de documentación más importantes del informe de la Comisión de Verdad abarcan los registros de numerosos testimonios de las víctimas y familiares, la necesidad imperiosa de reparación integral que el Estado deberá cumplir por el rompimiento del tejido social y el tema de la impunidad, como la carcoma que impide que se investigue, procese y condene a los autores intelectuales y materiales de las numerosas violaciones a los derechos humanos.
“Mientras no se haga una investigación y sanción a los responsables del golpe, tanto civiles como militares es prácticamente imposible avanzar en el clamor de justicia de las víctimas”, apuntó Monge quien por 35 años ha servido como misionera de la congregación Hermanas de Maryknoll en su país natal Ecuador y es una reconocida defensora de derechos humanos.
El mayor número de denuncias registradas en el Informe de la Comisión de Verdad se refieren a derechos civiles y políticos, solo en violaciones en derecho a la integridad representan unos mil 619 casos (un 30 por ciento de todas las violaciones documentadas).
El otro gran rubro de violaciones a derechos humanos contenido en el Informe se refiere a la libertad de reunión y asociación (13 por ciento), o sea que más de la mitad de las denuncias recibidas son por el derecho a la integridad física y emocional (asesinatos, torturas, maltratos, vejaciones) y al derecho a la libertad que tiene la ciudadanía para reunirse y asociarse.
Sin embargo el total de denuncias del informe tiene más de 5 mil violaciones a derechos humanos, “que es un número inaceptable”, subrayó Monge.
El documento presentado el miércoles 3 de octubre a la sociedad hondureña y a la comunidad internacional en la sede del Colegio Profesional Superación Magisterial (Colprosumah) registra múltiples crímenes de lesa humanidad porque comprenden, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, entre otros, que afectan a la humanidad en su conjunto y por tanto son delitos que no prescriben.
“En torno a la reparación integral de las víctimas, porque después de tanto atropello no puede ser que se diga que aquí no ha pasado nada, las víctimas tienen todo el derecho de una reparación integral, no solo las personas victimizadas y sus familiares, porque las violaciones de derechos humanos cometidas durante y después del golpe de Estado, también afecta a la sociedad, porque se rompe el tejido social, explicó Elsie Monge.
Monge señaló que esa reparación tiene que ver con recomponer a la sociedad que ha sido afectada. “La comisión plantea que se hagan cambios institucionales y estructurales que apunten al nunca más, a no continuar con esta tragedia en el pueblo hondureño”.
Como señala el escritor Eduardo Galeano, la experiencia indica que es la ausencia, la amnesia, la que hace que la historia se repita y que se repita como una pesadilla; en ese sentido la recuperación del pasado sirve para la transformación de la vida presente, que es lo que hemos estado haciendo, dijo Monge.
Agregó que en Honduras se está construyendo un escenario de cambio político, el cual constituye una oportunidad para que la sociedad los implemente, y ante esta iniciativa es importante recalcar la importancia de la juventud, quienes pueden aportar con todo su vigor su idealismo, su compromiso, pero también las nuevas generaciones necesitan conocer las raíces históricas de las luchas presentes, saber cómo se ha ido construyendo el país y distribuyendo sus riquezas.
Monge indicó que este conocimiento fortalecerá el compromiso y reforzará la demanda de justicia. El Informe de la Comisión de Verdad tiene una visión de derechos que implica a las víctimas como la razón de ser de esta investigación, la cual está centrada alrededor de 3 grandes ejes: Primero el papel del Estado en el golpe, qué significa ese golpe de estado, sus causas y sus consecuencias.
En segundo lugar el registro de las violaciones a los derechos humanos, el testimonio de las personas victimizadas y en tercer lugar el tema de la impunidad, como una forma de negación de verdad y justicia en los hechos denunciados.
Lamentablemente el golpismo continúa y es posible que se agrave, advirtió Monge en alusión a que la persecución y asesinatos por razones políticas se sigan presentando en Honduras en el marco del presente proceso eleccionario.
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