Si nos guiamos por el tono de Porfirio Lobo en su encuentro con las comisionadas de verdad el pasado miércoles, no hay ninguna voluntad de enfrentar la barbarie golpista con justicia, reparación y refundación.
Lobo cree como la embajadora Cubinske que el principal problema de Honduras es el narcotráfico, no la impunidad; cree que los enclaves de Juan Orlando son la salvación contra la pobreza y está feliz con los militares en las calles, desarmando a la población indefensa.
Por supuesto, Lobo no es el que manda mucho menos el que decide en el país. Deciden los Facussé, la familia Atala y Kafie; los Canahuati y los Ferrari junto con los Lamas y otros extranjeros. Deciden la avenida Los Próceres y otros poderes fáticos.
En julio del año pasado, cuando Eduardo Stain presentó 130 recomendaciones al Estado realmente no había Estado, pero Lobo se comprometió a cumplirlas todas.
Hasta la fecha más de la mitad de aquellas recomendaciones no han podido ser procesadas democráticamente en el escenario del golpismo. Porque no les interesa, nos les conviene y porque sus planes son otros, básicamente continuar en el negocio de las rupturas. Eliminar el Estado.
La Comisión que dirige la ecuatoriana Elsie Monje cumplió con el deber ético de recordar cuál es el camino para avanzar hacia la salida de esta tribulación que padece Honduras y reconstruir lo que está roto.
El camino es el reconocimiento de la verdad, juicio y castigo a los responsables del golpe y de las graves violaciones derivadas, así como la reparación integral de las víctimas. Ese es el elemento humano central. ¿Quién lo hará es la pregunta sin respuesta?
En lo estructural la propuesta de la Comisión de Verdad es reconstruir el Estado de Derecho y derivado de ahí, en suma, reconstruir el aparato institucional y las actuales relaciones de poder que profundizan la desigualdad, el empobrecimiento y la violencia.
Hay varias propuestas al respecto, inclusive algunas hasta podrían parecer reformistas sobre lo existente. Pero se sobre entiende que sin reparar el andamiaje principal del edificio, ninguna acción sectorial daría resultados.
El informe “la voz más autorizada es la de las víctimas” retrata las responsabilidades policiacas, militares y civiles, inclusive aporta una lista de casi 6 mil víctimas directas.
En suma, lo nuevo del documento -- para utilizar una expresión frecuente --, es que fue al punto central del mapa de actores en forma directa. Eso no hizo Stain.
El documento del 3 de octubre de 2012 plantea la eliminación de los acuerdos militares con Estados Unidos, lo que significa la expulsión de sus bases militares que avanzan sobre el territorio hondureño so pretexto de combatir el narcotráfico.
La Comisión tuvo acceso a información que revela, sin duda, que la estrategia de Estados Unidos es degradar el Estado golpeado hasta declararlo en condición de crisis para intervenirlo totalmente.
Y esa degradación deliberada interrumpiría el avance de las fuerzas democráticas que plantean por la vía de la competencia política un nuevo pacto social y político. Una nueva Constitución.
De modo que volviendo atrás a la pregunta ¿quién asumirá la verdad o las verdades, quien juzgará y sancionará a los responsables y quién reparará a las víctimas? la respuesta depende del próximo escenario.
Si triunfan las fuerzas de la barbarie, como denomina Manuel Zelaya a las fuerzas golpistas del Partido Liberal, Partido Nacional, Fuerzas Armadas, el Pentágono y otros grupos del crimen organizado, es claro que la impunidad continuará. Nada de aquello ocurrirá. La violencia seguirá.
Si, por el contrario, el pueblo afianza su voluntad mayoritaria de recomponer el pacto, la historia será otra.
A trabajar, entonces, en la demanda y construcción de la historia de las ofendidas, de los ofendidos, a enfrentar la barbarie con la civilización.
A enfrentar, también, las posibles campañas sucias que vendrán contra los que hacen de parte de los que no hacen ni dejan hacer, campañas de quienes asumen los éxitos de las demás personas como fracasos propios.
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