En ocasión de la X Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, que se llevará a cabo en Punta del Este entre el 8 y el 10 de octubre próximos, queremos señalar lo siguiente:
En abril de este año, reunidos en Cartagena, Colombia, en la Cumbre de los Pueblos paralela a la Cumbre de las Américas, manifestamos nuestra preocupación por el aumento de la presencia militar de Estados Unidos en la región, situación que amenaza la soberanía de todos nuestros pueblos y el derecho a la paz que deben garantizar los Estados.
En esta ocasión, las organizaciones y movimientos sociales de las Américas solicitamos a los gobiernos su compromiso proactivo en la desmilitarización del continente, lo cual implica, entre otras acciones:
● la eliminación de las bases militares extranjeras del continente y el retiro de las tropas extranjeras que usan bases nacionales;
● la cancelación de los ejercicios militares conjuntos que se realizan según la doctrina y bajo la dirección del Pentágono;
● el cierre de la Escuela de las Américas, WHINSEC - Instituto de Cooperación para la Seguridad de las Américas;
● el cese del patrullaje de la IV Flota de la Marina estadounidense, a las costas y red fluvial de América Latina;
● el fin definitivo de la respuesta militar a la “guerra contra las drogas”, lo cual causa anualmente miles de muertes -especialmente en Colombia, México y América Central-, y su reemplazo por una política pública integral, multilateral y con énfasis en las medidas de salud pública.
Asimismo, urgimos a los Estados a revertir la tendencia a militarizar funciones del Estado que no competen a la Defensa y por ende al ámbito militar. Los Estados democráticos de Derecho tienen agencias especializadas e idóneas, de carácter civil, para la atención humanitaria ante catástrofes naturales, el control de las migraciones o de las políticas de seguridad ciudadana.
Recordamos que las Fuerzas Armadas han sido concebidas y articuladas para la eventualidad de conflictos que involucran a otras naciones y para eventuales enfrentamientos bélicos.
Ninguna de las situaciones mencionadas previamente pone en riesgo la soberanía nacional, por lo cual no hay razón alguna para que una institución estatal no preparada para ello, sustituya o complemente la atención en ámbitos de otras instituciones que sí han sido especialmente diseñadas e implementadas para hacerlo.
Rechazamos la política que, impulsada por EEUU, van adoptando algunos países, de involucrar a las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad interna bajo el pretexto de las "nuevas amenazas", subsumiendo en este concepto fenómenos disímiles como el narcotráfico, la protesta social, la resistencia a la instalación de megaproyectos de infraestructura o a la extensión del agronegocio como modelo de desarrollo hegemónico. Los asuntos de seguridad interna son ámbitos de absoluta competencia de la Policía, por cuanto deben permanecer bajo su órbita, con estricto control y apego al respeto de los derechos humanos. Ni las Fuerzas Armadas, ni la Policía deben ser usadas por los gobiernos para reprimir la protesta social.
También enfatizamos muy especialmente la necesidad de revertir el aumento del gasto militar, muchas veces alentado por la presencia y la concreción de convenios de cooperación con Estados Unidos; diversas experiencias nacionales demuestran que el gasto público dedicado a lo militar, va en desmedro de los gastos sociales. Por lo anterior, creemos que la Cumbre de los Ministros de Defensa es una excelente ocasión para avanzar en una agenda hacia la desmilitarización de nuestro continente, en función de convertir a las Américas en un territorio de paz.
Llamamos a los gobiernos a continuar y profundizar el apoyo social y económico a la República de Haití y a concretar el retiro total de las tropas de la MINUSTAH para el próximo período. La seguridad es un elemento multidimensional que debe materializarse en la perspectiva integral de los derechos humanos, por cuanto la ayuda a Haití no debe ser de carácter militar.
Con la misma convicción y postura de defensa de la soberanía nacional, la autodeterminación y el respeto a las instituciones de un Estado de Derecho con que rechazamos el golpe de Estado en Honduras, hoy rechazamos el golpe de Estado institucional en Paraguay. Así como llamamos la atención a nuestros Estados sobre la amenaza de reproducción de estas situaciones en otros países de la región, manifestamos que no es suficiente pronunciar el rechazo sino que es fundamental sostenerlo a través de acciones políticas; caso contrario, las situaciones y gobiernos ilegítimos, se naturalizan y terminan legitimándose por parte de la comunidad internacional.
En este sentido, queremos manifestar nuestra profunda preocupación por los hechos que vienen desarrollándose en la hermana República de Argentina; recordamos que la construcción democrática se profundiza en el ámbito del debate, la discusión y la confrontación de ideas y propuestas; no en el uso ilegítimo del poder para desestabilizar el Estado de Derecho. Nuestros países tienen una terrible y triste historia reciente sobre la cual debemos construir Memoria; ni los gobiernos ni los pueblos debemos permitir que vuelvan a ocurrir los horrores del pasado.
Finalmente, instamos a los Estados a prestar especial atención al proceso de diálogo anunciado en Colombia, que conduciría a la solución negociada del conflicto armado que se vive en ese país. La violencia desatada por dicho conflicto ha ocasionado miles de muertes, millones de desplazamientos forzados, graves violaciones a los derechos humanos y se ha convertido en un pretexto para justificar la intervención militar estadounidense en Colombia y en la región entera. Por eso, su solución es necesaria, bienvenida, y sería un aporte importante a la estabilidad regional, la defensa de la soberanía así como un estimulo para fortalecer la integración regional.
Atentamente,
Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz
Claudio Capuano, titular de la Cátedra Libre de salud y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires
Ana Criquillion, Directora Ejecutiva del Fondo Centroamericano de Mujeres (CAWF)
Diana Noy López, psicóloga, Uruguay
Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Chile
Associação de Favelas de São Jose dos Campos – SP-Brasil.
Alianza Social Continental
Alliance for Global Justice, EEUU
Campaña América Latina y el Caribe, una región de paz: Fuera las bases militares extranjeras
Campaign for Labor Rights, EEUU
Coalición No Bases, Colombia
Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, CODEPU, Chile
Comisión Ética Contra la Tortura (CECT), Chile
Comité Oscar Romero, Chile
COMISEDE, Perú
Comunidad Ecuménica Martín Luther King, Chile
Convergencia de Movimientos de los Pueblos de las Américas-COMPA
Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. COPINH
CTC-VZLA- Venezuela
Fellowship of Reconciliation, EEUU
Grito de los Excluidos/as- Continental
Llamamiento de los 100, Argentina
SERPAJ, América Latina
SERPAJ, Argentina
SERPAJ, Chile
SERPAJ, Paraguay
SERPAJ, Uruguay
Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos (Mopassol), Argentina
Nicaragua Network, EEUU
Nicaragua Center for Community Action (NICCA), EEUU
Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas (SOAW)
Observatorio de medios en Derechos Humanos - Medios al Derecho / MAD - Colombia
Otros Mundos AC/Chiapas, México
Organización Fraternal Negra de Honduras- OFRANEH.
PAPDA, Haití
Proyecto CEIS - Colectivo de estudios e investigación social - Colombia
Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD)
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