Danlí, El Paraíso.
Campesinas y campesinos de El Paraíso, no están dispuestos a dejarse engañar por lo que ofrecen los tratados comerciales que el Gobierno implementa, pues aunque los presenten como planes de desarrollo, o les cambien de nombre, sólo trae más pobreza y el saqueo de los recursos naturales, entre ellos la tierra.
El grupo analizó la propuesta estipulada en el Plan Puebla- Panamá (PPP), llamada también Iniciativa Mesoamericana, que involucra a México y Centroamérica, que inició a principios de la década pasada y que proyecta diferentes ejes de desarrollo, que ya en la realidad solo está afectando directamente al pueblo, pues los ejecutores se aprovechan de mano de obra barata y la privatización y altos costos de servicios básicos.
Es así que, con el proyecto “Ejercicio pleno del Derecho y reducción de la pobreza de poblaciones indígenas y campesinas”, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, impulsado por el Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África, IEPALA, continúa la formación a grupos campesinos en la temática del derecho al agua y alimentación.
Los y las participantes, creen que estas iniciativas que proponen un desarrollo económico, se ven bonitas desde el punto de los inversionistas, pero no desde la realidad de quienes las sufren.
Según Oliver Valladares, del municipio de Danlí, estrategias como el PPP “es un ensayo que nos afectará a todos”; y es que éste se va implementando en la región a través de la militarización, golpes de Estado y otras acciones que directamente afectan a Honduras.
Se pretende que la región sea mundialmente respetada, consolidada y competitiva, y que sea un destino turístico sólido, con reducción de costes de energía eléctrica, la interconexión de vías de comunicación y la creación de pequeñas y medianas empresas, pero la realidad es totalmente diferente.
Hay zonas del departamento del El Paraíso, donde aún no llega el servicio de energía eléctrica, tampoco hay señal para telefonía celular y las carreteras en tan mal estado que dificultan o imposibilitan la entrada vehicular, por ende el acceso a la salud, al comercio y la buena comunicación, tal es el caso de comunidades de Trojes, Alauca, Danlí y El Paraíso, denunció el también comunicador social Heriberto Ramírez, de Trojes.
El PPP, también promete reducción de la pobreza, conservación de los recursos naturales, principalmente en las comunidades y prevención y mitigación de los desastres naturales, pero la población campesina ve que día a día avanza más la pobreza.
Asimismo el deterioro y mal uso de los recursos naturales, pues hay empresas que más bien se están apoderando de éstos, como la “Tres Valles”, que pretende construir la represa “Los Micos” haciendo uso del agua del Río Choluteca, en el municipio de Morocelí.
Para contrarrestar esta acción, pobladores de ese lugar se han organizado en un comité pro defensa del río Choluteca , quienes realizan plantones, conversaciones y manifestaciones públicas, pues como defensores de derechos humanos no permitirán acciones violatorias contra la comunidad, afirmó Wesly Torres, integrante del grupo que está formando COFADEH.
Torres, dijo que los talleres impartido por el COFADEH, le han sido de mucho beneficio, pues como miembro del comité pro defensa del río Choluteca, debe manejar estos temas, y hacer conciencia en otras personas de la problemática que enfrentan, pues afectará a una gran mayoría en el oriente del país, sin embargo pocas personas de enteran de lo que sucede.
El grupo manifestó que el PPP está más interesado en el desarrollo de la infraestructura con el propósito del saqueo de los pueblos, y muy poco o nada ven el desarrollo social, pues en El Paraíso, hay empresas campesinas que se ven amenazadas por el desalojo se sus tierras, debido a que no tienen una seguridad agraria que les garantice sus títulos de propiedad.
Tal es el caso de la empresa campesina 17 de abril, en el kilómetro 50 hacia Danlí, donde fueron desalojados el pasado 11 de octubre.
Luis Lara, coordinador del grupo campesino, manifestó que no hubo violencia, pero si es notoria la práctica cruzada entre los terratenientes, para comprar con dinero a los pobres y debilitar la organización.
Lara manifestó que hay una relación de los dueños de la empresa azucarera Tres Valles y el supuesto dueño de los predios que es Roberto Lagos Banegas, magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
Denunció, qué si el magistrado es el presunto dueño, porqué son amenazados y hostigados de parte de guardias de seguridad de la azucarera Tres Valles, lo que manifiesta un interés de utilizar la tierra para sembrar caña.
En esos terrenos, más de diez familias habían cosechado maíz y otras hortalizas, con una inversión de más de 68 mil lempiras en la preparación de la tierra. Actualmente hasta una laguna que habían hecho, fue destruida.
Hasta el momento, el Instituto Nacional Agrario, INA, no les ha ayudado a solventar el problema la empresa campesina, pues Lara considera que ejercen funciones en favor del Estado.
En esas tierras, se pretendía cosechar unos 200 quintales de maíz, con lo que se ayudaría a muchas mujeres quienes formaban parte de la empresa. Luego del desalojo, la lucha por la recuperación de esas tierras continúa, pues ya tenían 18 años de ociosidad.
Según Lara, tras varias conversaciones con ejecutivos la azucarera Tres Valles, esta empresa pretende apoderarse de más de mil manzanas de tierra entre los departamentos de Francisco Morazán y el Paraíso, y tienen hasta el año 2015 para realizar las adquisiciones.
Esto implica un grave problema para los campesinos de estos dos departamentos, por lo que debemos unirnos en bloque con el fin de fortalecer la lucha y no permitir que los objetivos de esta empresa, pues la tierra es necesaria para nosotros, aseguró el líder campesino, afiliado a la Central Nacional de Trabajadores del Campo, CNTC.
Los y las campesinas, consideran que con la iniciativa del proyecto Mesoamérica, el gobierno de los Estados Unidos, pretende detener la emigración de los países de Centroamérica y México, vendiendo falsas expectativas a los pueblos o a los países involucrados en el PPP.
En los últimos tres años y medio el número de deportaciones ha sido una cifra sin precedentes, se estima que fue un millón de inmigrantes hispanos, lo que se califica algo jamás visto en la historia.
Según el Centro de Atención al Migrante Retornado (CAMR), sólo en Honduras, las deportaciones en el presente año suman más de 28 mil.
Datos difundidos en agosto pasado por la organización Center for American Progress, con sede en Washington, destacó el alto nivel de desempleo entre hispanos.
Estados Unidos cuenta con casi 25 millones de trabajadores hispanos, es decir, un 16% de la fuerza laboral estadounidense, según la Oficina de Estadísticas Laborales.
Se estima que los latinos podrían representar un 18% de la fuerza laboral antes del 2018 y un 24% antes del 2050, en el país norteamericano que cada día refuerza las medidas anti migratorias, representadas en las deportaciones masivas, a sus países de origen, en los cuales no hay suficientes fuentes de empleo.
Según el censo estadounidense, en 2002, los latinos se convirtieron en la mayor minoría en ese país. En el año 2010, la población hispana alcanzó más del 16 por ciento de la población total, y se espera que llegue al 21 por ciento para el año 2020.
La información que llega a través de los medios de comunicación no es real
Sonia Triminio, representante de la CNTC, dijo que “para las y los líderes campesinos es muy importante conocer sobre el Plan Puebla Panamá y sus implicaciones en la zona, pues de estos temas sólo lo hemos escuchado hablar superficialmente, y son las estrategias de los dominantes de estos países”.
Mientras que Yovany Díaz del Municipio de Morocelí, dijo que estos temas parecen complicados, pero son muy interesantes, por lo que ahora cuando escuche hablar del PPP, ya se podrá involucrar y emitir su opinión, pues algunos efectos negativos son visibles en su comunidad, como la privatización de los recursos naturales.
Algunos campesinos como Antonio Fonseca, Rolando Rodríguez e Hipólita Gómez, manifestaron que poco o nada habían escuchado hablar de este proyecto, de modo tan real, pues generalmente se enteran de lo que dice la publicidad, por lo que es muy interesante que se les capacite en cuanto a sus los derechos y como se les violenta.
Y lamentan que esta información que revela la verdad de lo que se proponen con los llamados planes de desarrollo, sean poco conocidos por los demás campesinos y campesinas.
Al finaliza el taller, los y las participantes realizaron debate, en la que hubo tres grupos: defensor del PPP, otro de opositores y quienes moderaban.
Partiendo de ese ejercicio, se concluyó que “los medios masivos de comunicación no siempre son imparciales al comunicar estos temas que lejos de beneficiar al pueblo, más bien les perjudica, dando ventaja al enemigo”.
Luis Lara dijo que “son parciales, porque ellos muestran bienes, y la información está enfocada a beneficiar a cierta parte, y al final al enemigo se le da más tiempo para que hable, mientras que el pueblo no tiene acceso a la defensa o información de lo que se pretende implementar en el país”.
Lo positivo es que poco a poco, se va creando conciencia de la realidad que se vive en el país, y la necesidad de una conformación de red de comunicadores sociales en la zona oriental de Honduras, para que desde los medios con que cuenten, puedan denunciar las violaciones a derechos humanos que ahí se den.
El proyecto “Ejercicio pleno del Derecho y reducción de la pobreza de poblaciones indígenas y campesinas”, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, impulsado por el Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África, IEPALA, está capacitando a organizaciones campesinas en derecho al Agua y Alimentación, la conformación de la una red de comunicadores sociales y una de defensores de derechos humanos que tengan representación en los municipios de Morocelí, Jacaleapa, Danlí, Alauca, Trojes y El Paraíso, al oriente de Honduras.
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