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Bertha Oliva: Desmontaremos este proyecto de muerte que está seguido de terror y odio

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Tegucigalpa.

Así se expresó en una conferencia de Prensa este martes 30 de julio, Bertha Oliva, Coordinadora General del COFADEH, quien presentó ante periodistas a seis víctimas, entre ellas dirigentes sociales, del partido LIBRE  y defensores de derechos humanos internacionales,  que tienen en común el enfrentarse a un proyecto de muerte en su contra.

Oliva dijo “tenemos que informarles malas noticias, para que el mundo sepa a través de ustedes las violaciones graves a los derechos humanos para nosotros ha sido motivo de preocupación las reiteradas denuncias de amenazas a muerte y ataques a los defensores, por este motivo no dudamos en denunciarlo ante el mundo”.

Ejemplificó con el  caso de Rafael Alegría, Coordinador de la organización Vía Campesina-Honduras y candidato a diputado en Francisco Morazán por el Partido Libertad y Refundación, LIBRE, sobre las que dijo son amenazas reiteradas,  constantes y que hay  información que hay un plan para  eliminarlo físicamente,  eso se agudiza porque tiene medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,  las mismas no se implementan, y ya se debería tener información certera sobre los responsables.

“En este caso quisiéramos ser enfáticos, porque dos de las informaciones son de carácter oficial y eso sí que nos pone en una situación y contextúa el caso de Rafael totalmente diferente, que nos queda a los que amamos la vida, el único recurso para salvaguardar la vida es la denuncia, porque guardar silencio es contrarrestar esos proyectos de muerte contra los ciudadanos y ciudadanas de este país”, agregó.

La Coordinadora del COFADEH destacó que tres de las personas que la acompañaban en la mesa son candidatos a una diputación por el Partido LIBRE, “estamos ante situaciones gravísimas, como es el caso de los dos observadores internacionales de derechos humanos  que a partir del golpe militar de Estado decidieron acompañar al pueblo hondureño para que no fuéramos nosotras que les contáramos , sino de alguna manera ellos querían constatar la crisis en derechos humanos que enfrentamos a nivel nacional”.

El  25 de julio de 2013, los defensores internacionales Daniel Langmeier (25), de nacionalidad suiza y Orlane Vidal (26), francesa, se encontraban en la vivienda de Concepción Gutiérrez en la comunidad atlántica de Nueva Esperanza, donde habían llegado el día anterior para acompañar a las comunidades de Nueva esperanza y el Zapote que enfrentan amenaza de desplazamiento y destrucción de sus recursos naturales, por la empresa Minerales Victoria, propiedad de Lenir Pérez.

“Lo que les pasó es tan grave, a ellos se les tuvo secuestrados dos horas y media, en la comunidad de Nueva Esperanza, esta población está enfrentando un proyecto de muerte y a raíz de eso los dos observadores internacionales estaban en la zona, y hombres armados que no se les puede llamar más que sicarios actuaron al margen de Ley de forma impresionante, los expulsaron de la comunidad advirtiéndoles que no regresaran porque podían ser objeto de cualquier situación más de la que les había tocado vivir”, señaló Oliva.

Denunció que a pesar que un día antes de que los dos observadores llegaron a la comunidad fueron informar a la policía para darles a conocer su presencia y extrañamente el día que sucedieron los hechos, la posta policial estaba cerrada.

“En los dos casos, en el de Rafael Alegría y de los internacionalistas, tuvimos la oportunidad de actuar diligentemente pues estábamos en una reunión para pedir que se desarticule el plan de muerte contra él, y allí fuimos informados de lo que estaban viviendo los compañeros internacionales y se actuó por lo menos para liberarlos”, apuntó.

La defensora de derechos humanos también explicó a los periodistas que aunque  se conoce el actor intelectual de ese proyecto de muerte y quiénes fueron los que los tuvieron secuestrados y sometidos a torturas sicológicas y no se actuó con la diligencia que debería ser, pues de inmediato en el término de 24 horas debieron haber hecho un requerimiento fiscal en contra de esos hombres que atentaron contra la libertad de estos internacionalistas, pero no se ha hecho nada por parte del Estado de Honduras.

“Exigimos que se esclarezca estos hechos y se castigue a los responsables porque se exhibe al país como el más inculto, antidemocrático y más violador de la libertad de expresión y libre circulación”, demandó.

Otro caso presentado fue el de Juan Ramón Flores, candidato a diputado por Comayagua, el cual ha sido monitoreado por el COFADEH desde hace muchos y ahora hay un plan de muerte contra él. Ella exigió que se implementen como deberían de ser las medidas cautelares a su favor que ha emitido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Con preocupación e indignación denunciamos que hay un plan de muerte contra nuestro compañero Anselmo Romero quien se ha dedicado a trabajar en su comunidad, desde ya días ha sido amenazado, y hemos logrado que la CIDH le otorgara medidas cautelares para que siguiera haciendo su trabajo”, dijo Oliva, al mostrar otro de los casos.

Romero fue sacado de la zona por el COFADEH para proteger su vida, lo cual fue calificado por Oliva como  una situación que sucede en un  país sin democracia sino que se instrumentaliza un terror que se está instalando  para paralizar.

También presentó el caso de Bertha Cáceres, Coordinadora del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH,  “es una mujer que desde niña lucha por la defensa de los derechos de su pueblo, es una luchadora social y lo que hoy enfrenta son amenazas, agresiones, campañas de descrédito y descalificación contra ella, para que la población tengamos odio y sintamos rechazo por quienes defienden la vida y la libertad”.

Sin embargo la dirigente humanitaria advirtió que “vamos a seguir haciendo todas las acciones y las medidas necesarias para desmontar este proyecto de muerte seguido de terror y de odio”.

Hablan las víctimas

En relación al caso de los defensores internacionales de derechos humanos, con los periodistas habló Daniel Langmeier, un ciudadano suizo que decidió dejar su país y venir a Honduras a apoyar defensores de derechos humanos y organizaciones que están enfrentando gran riesgo reclamando y ejercitando derechos.

Explicó que llegó a Honduras hace más de cinco meses en más  lugares como Río Blanco, el Sur del país y con la comunidad de de la diversidad sexual,  y lo que le pasó en Nueva esperanza ya pasó la línea roja del riesgo.

Informó a la prensa que el gobierno suizo le llamó muy preocupado por lo sucedido y solicitó que las personas y organizaciones escriban denuncias, cartas  y hagan otras formas de protesta por esta acción porque lo que más les preocupa es que a comunidad de Nueva Esperanza está desprotegida y sigue siendo víctima de amenazas, pero que este tema ni siquiera es publicado en la prensa hondureña.

 Mientras la francesa Orlane Vidal relató que tuvo mucho temor por su vida y pensó que sería víctima de violencia de género pues era la única mujer entre tantos hombres armados.

“Nos rodearon 40 hombres armados, 10 con rifles y 30 con machetes y eran trabajadores de la mina, nos rodearon y nos pidieron salir en contra de nuestra voluntad , nos hicieron caminar hasta la comunidad y después nos subieron a un vehículo amenazándonos que si volvíamos a la zona nos iban a desaparecer en el bosque, ellos estaban apuntándonos todo el tiempo , estos hombres que son de la seguridad privada que no andan identificados ni visten uniformes parecen más sicarios, tienen caras de matones y estaba fuera de control por eso yo temí por mi vida”.

Nos acusaron de ser comunistas y el mensaje principal es que no teníamos que estar allá porque no somos del país y que los derechos humanos de todos modos no es algo que se valora en este país, que estamos obstruyendo el trabajo en la mina, por eso no tenemos que volver porque nos van a pasar malas cosas, agregó.

Por su parte Anselmo Romero, candidato a diputado por Comayagua por el Partido LIBRE señaló que tiene conocimiento que hay un plan para asesinarle, el cual le fue informado el 25 de julio y a tiempo se me informó “y acudí aquí a COFADEH con el propósito de que se me protegiera porque en el 2009 me hicieron dos ráfagas y una a mi esposa e hicimos toda la denuncia porque siempre he creído en la institucionalidad porque eso depende que luchemos por una democracia”.

Romero dijo que los candidatos del Partido LIBRE no tienen los recursos necesarios para tener guardia personal que los proteja ante las agresiones en su trabajo político, por eso demandó protección del Estado de Honduras.

“Quiero que nos tomen como seres humanos y merecemos respeto en nuestro trabajo , por ejemplo en Las Lajas, Comayagua hemos organizado la Coordinadora de Organizaciones Lajeñas donde hay una estructuración social muy dinámica que hace que el poder del municipio baje a las comunidades y haya empoderamiento de estas”.

Juan Ramón Flores, también aspirante a una diputación por LIBRE en el mismo departamento de Comayagua criticó que a pesar que  el Estado de Honduras es el responsable de cuidar de todas las personas no está cumpliendo con eso, a pesar que en su caso goza de medidas cautelares.

“Hace tres días atacaron a otro compañero de LIBRE, entonces ya no podemos hacer proselitismo político porque nos atacan las bandas y no sabemos si estas son dirigidas contra LIBRE para que no hagamos nuestro trabajo político el cual debemos hacerlo en todas las comunidades, eso tiene que ver con que la oligarquía representada en dos partidos políticos ya saben que perdieron las elecciones”, expresó Flores.

A la vez  agregó que viene una campaña orquestada para atacar a la gente de LIBRE y una campaña de terror para que la gente de los demás departamentos se vayan desanimando.

El candidato a diputado explicó que existen patrones amenazas entre ellos,  el lanzar globos sondas para desprestigiar a LIBRE y echarnos a pelear entre nosotros, es una estrategia maquiavélica pues ellos no van a sacar diputados en el departamento.

“Yo he tenido atentados, balazos en mi carro, mi casa saqueada donde entran a llevarse computadoras y documentos, además de ir a un medio de comunicación para lo mismo, de todas estas denuncias tiene conocimiento la policías pues las hemos interpuesto, pero no han hecho nada a pesar de que incluso hemos capturado a los que nos persiguen. El Comandante de la policía no quiso brindar la seguridad necesaria para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo político con seguridad “, concluyó.

Reuniones en la base militar norteamericana de Palmerola para desmantelar al COPINH

Bertha Cáceres, Coordinadora del COPINH, destacó que  su pueblo tiene una la lucha en defensa del Río Gualcarque, que fue entregado en concesión a DESA y esta contrató a la transnacional china SYNOHIDRO  ha generado una reacción agresiva de parte de estos sectores de poder, las distintas secretarías están confabuladas, el Ejecutivo, el Congreso Nacional al dar esa concesión y la persecución judicial.

“Personalmente he recibido por tres veces amenazas a muerte por parte de sicarios que algunos son empleados de DESA. Ha habido hostigamientos, montajes como el que sucedió en mi caso en el que se nos acusa de posesión ilegal de armas; montaje  del Batallón de Ingenieros, que son empleados de DESA y SYNOHIDRO porque allí han estado trabajando los soldados; persecución vehicular con hombres armados con fusiles  y que cuatro veces han saboteado los carros del COPINH”, manifestó Cáceres.

Para ella se trata de una estrategia planificada para despedazar al COPINH, sabemos que ha habido reuniones en la casa presidencial e incluso en Palmerola, queremos denunciar esto porque es muy grave y nos ponen como una organización terrorista.

Además detalló que un Juez Primero de Letras de Santa Bárbara dio como resolución sobreseimiento por una acusación del ejército por portación ilegal de armas, pero  este fue revocado por la Corte de Apelaciones el 26 de julio y le dictó auto de prisión con medidas sustitutivas.

“Esta semana se van a levantar seis acusaciones más en contra nuestra, por usurpación, daños, invasión, amenazas, coacción y otras, no solo contra mí sino contra Aureliano Molina, Tomás Gómez Membreño, Francisco Javier Sánchez, presidente del Consejo Indígena y es una persona muy importante en su liderazgo, como también a todo el Consejo Indígena , donde compañeros y compañeras han sido amenazados a muerte, incluso niños de la comunidad, además se ha acusado a dos compañeros del COPINH en el asesinato de una persona de DESA, cuando el cuerpo de esta y la policía es testigo que apareció en el lugar que estaba controlado por el ejército y había presencia de unos 10 a 15 hombres de civil armados que operaban junto al ejército, sobre este caso hemos exigido que se investigue a profundidad, pues hay más de 20 testigos”, alertó.

Pero subrayó que a nivel mediático están usando a estas personas para que digan que ella es la responsable del asesinato de una persona que apareció muerta después de que el ejército y hombres de civil dispararon contra una manifestación pacífica del COPINH.

Se suma a lo anterior que hay  comandos de otras unidades “creemos que son militares de la Unidad TIGRES y Xatruch más el noveno Batallón que cuida el Proyecto El Cajón, además agentes de la DNIC, sicarios y paramilitares”,  manifestó Cáceres.

Todo el Estado sabe de un plan para asesinarme y me han dicho que espere

Rafael Alegría dirigente de la organización Vía Campesina-Honduras en cuanto a su caso expresó que  ha habido varias amenazas y planes de asesinarlo que incluso le han sido comunicados por funcionarios estatales,  “pero que esta vez no es del estado sino de gente de buena voluntad que han llegado a los organismos de derechos humanos a rendir testimonio de que existe un plan para asesinarme, y uno de estos organismos como el COFADEH lo ha hecho público y hemos informado a las autoridades desde el presidente de la república , el ministro de seguridad y a los organismos de seguridad del Estado, hasta ahora nos han dicho que esperemos”.

Hizo un llamado para que quienes quieren quietarle la vida desistan de esas intenciones porque no es sembrando más violencia que se van a resolver los problemas del país, yo creo que pretenden crear el caos asesinando dirigentes sociales que venimos desde hace muchos años trabajando por los problemas sociales en Honduras.

Contó que es la cuarta vez que estoy en una lista de muerte, hemos sobrevivido, siento que se ha disuadido, que han desistido, “porque una de las primeras veces ya desde  el golpe de Estado eran personas que estaban en Miami, luego se supo que empresarios de Comayagua me iban a eliminar, la tercera vez fue cuando el presidente de la república nos informó que tenía conocimiento. Esta vez está en el marco de la alta violencia e impunidad que vive el país y que estamos en un proceso electoral donde parece haber blanqueado a dirigentes sociales y de LIBRE”.

Consideró que aunque su lucha la hace a la luz del día,  pareciera que hay gente interesada en que  no llegue al Congreso Nacional.

“Son voluntades enfermizas que le están poniendo precio a nuestra cabeza, en mi caso son 350 mil lempiras y hay más agresividad ahora en estas amenazas, tratan de presentarlo como si fuera un grupo irregular de jóvenes y el fondo es eminentemente político y relacionado con lo agrario, por eso nos preocupa mucho más ahora, pero les mando un mensaje que no se dejen manipular la conciencia por unos cuantos lempiras sino que contribuyamos todos a que termine esta violencia y podamos construir la paz, la libertad y la justicia”, finalizó.

La presentación de estas seis víctimas de amenazas se da en un contexto de crisis en derechos humanos y de falta de institucionalidad en el país, donde la defensa de los derechos humanos es criminalizada.

Solo para citas un ejemplo, este 27 de julio, varios medios de comunicación publicaron el siguiente texto escrito por Porfirio Lobo Sosa, presidente del régimen, en su facebook:  Nuestro proyecto de combatir el crimen organizado no tuvo eco en la Cámara legislativa desde inicios de mi gestión, en función de endurecer las penas plasmadas en el Código Penal, ya que los defensores de Derechos Humanos obstaculizan el establecer enmiendas y reformas torales para mermar la proliferación de la violencia y criminalidad”.

Hasta ahora el COFADEH ha presentado decenas de denuncias ante el Ministerio Público por este tipo de acciones contra defensores y defensoras de derechos humanos, y aunque en su mayoría los amenazados gozan de medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, el Estado de Honduras carece de voluntad política para implementarlas y castigar a los responsables de las mismas, de allí que en la medida que se acerquen las elecciones generales que se realizarán en noviembre próximo, se avizora un panorama más sombrío para Honduras.

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