Amnistía Internacional pidió este jueves, una investigación independiente para asegurar que todos los responsables de abusos a los derechos humanos sean llevados ante la justicia y que las víctimas sean reparadas.
En conferencia de prensa en la capital hondureña Javier Zúniga, jefe de la delegación mostró bombas lacrimógenas, balas de goma, de madera y balas vivas, así como otros artefactos de represión utilizados contra manifestantes pacíficos.
Zúniga señaló la gravedad en que se encuentra el país y la indefensión de la población ante instituciones que no funcionan para salvaguardar los derechos humanos.
La crisis hondureña no termina con los resultados electorales, las autoridades no pueden volver a la normalidad sin garantizar salvaguardias de derechos humanos, señalan en un comunicado entregado a periodistas nacionales y extranjeros.Además señalan que hay decenas de personas en Honduras que todavía están sufriendo los efectos de abusos cometidos en los últimos cinco meses , “ si no se castiga a los responsables y no se reforma un sistema que no funciona, se estarían abriendo las puertas para más abusos en el futuro”.
El trabajo de la delegación integrada con Zúniga, Esther Major, investigadora y June Holmes, consitió en documentar diferentes violaciones a los derechos humanos cometidos por la dictadura desde el 28 de junio en que se llevó a cabo el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya Rosales.
Los datos recabados dan cuenta de muertes a consecuencia del uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias por parte de la policía y las fuerzas armadas, el uso indiscriminado e innecesario de gases lacrimógenos, malos tratos a los detenidos, violencia contra las mujeres, acoso de activistas, periodistas, abogados y jueces. Todos estos actos arbitrarios no fueron detenidos por las autoridades de facto.
Según Zúniga, las personas que entrevistaron y que dieron sus testimonios sobre la represión sufrida, les relataron que después de quedar lesionados y enfermos, tenían demasiado miedo para pedir ayuda médica porque la policía y los militares entraban a los hospitales para intimidarlos.
La delegación cuestionó el uso de gas lacrimógeno por parte de las fuerzas de seguridad porque arroja duda sobre el nivel de entrenamiento que reciben para minimizar el riesgo de causar lesiones graves o la muerte.Agregó que médicos del Hospital Escuela y San Felipe les manifestaron que no sabían cómo tratar los efectos de los gases lacrimógenos porque desconocían los componentes de los mismos, por lo que el tratamiento para contrarrestarlos lo ignoraban.
Sobre la responsabilidad de los agentes del Estado en estas acciones que vulneran los derechos humanos de las personas, Zúniga señaló que ésta no solo es del policía que lanza los gases lacrimógenos, sino que hay que ver la cadena de mando que llega hasta el presidente de facto.
Recomendaciones
Amnistía Internacional recomendó que debe haber rendición de cuentas a través de una investigación independiente.Debe repararse a las víctimas, así como la institucionalidad porque la gente no tiene credibilidad en las entidades estatales, por lo que no cuenta con instancias donde quejarse.
Otra de las recomendaciones es que inmediatamente debe establecerse un plan de derechos humanos, con un proceso participativo porque en la actualidad hay un divorcio entre Estado y sociedad civil.“La comunidad internacional no debe dar un cheque en blanco a la nuevas autoridades”, recalcó la delegación.
Los activistas de derechos humanos informaron que se reunieron con varias autoridades entre ellas la fiscal de los derechos humanos quien les manifestó que no tiene estadísticas de las violaciones a los derechos humanos en el marco del golpe de Estado porque carecen de recursos para esta actividad.
La indefensión para las víctimas llega a tal extremo que en el día de las elecciones las instancias encargadas de recepcionar y poner en práctica los hábeas córpus estaban cerradas en contraste con la presencia de fiscales en las calles que tenían el objetivo de reprimir supuestos delitos electorales. Otra de las irregularidades encontradas fue la falta de registro de las detenciones.
No les dejan ingresar a la Embajada de Brasil
Aunque la delegación hizo todo lo posible para entrar a constatar la condición en que se encuentra el presidente Zelaya Rosales y sus acompañantes en la Embajada de Brasil, no se les permitió su ingreso, “ni siquiera la fiscal de los derechos humanos pudo entrar”, denunció Zúniga.
Se reunieron con el Comisionado de Policía Escoto Salinas, quien les manifestó que la policía compró un lote de bombas lacrimógenas a la policía peruana, el cual no podía ser colocado en otro lado.
Asimismo manifestaron que fue imposible una reunión con las Fuerzas Armadas a pesar de los esfuerzos por lograrlo, lo cual lamentaron porque uno de los casos de consulta era el asesinato de Ángel Salgado, quien fue tiroteado por militares del Estado Mayor cuando accidentalmente se llevó una valla y los militares dispararon a su cabeza, el viernes pasado.
Salgado murió el miércoles después de permanecer en coma.Sobre este caso advirtieron que será le darán seguimiento a todas las acciones que se realicen para llevar a los responsables a juicio, “este será nuestro caso modelo, vamos a ver si alguien va a ser llevado a rendir cuentas”, dijo Zúniga.Los resultados de la visita a Honduras por parte de esta organización defensora de los derechos humanos en el mundo, está siendo envidada a diferentes organismos y gobiernos en el mundo.
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