El Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), La Vía Campesina y la Plataforma de Derechos Humanos demandaron que se juzgue con justicia en el caso de los campesinos Carlos Maradiaga e Isabel Morales que enfrentarán juicio oral y público del 14 al 25 de junio en la ciudad de La Ceiba, acusados por la Fiscalía de homicidio, incendio, asesinato, robo agravado y asesinato en grado de tentativa.
En un comunicado el FNRP señala que “lucharemos por la libertad de los presos políticos Carlos Maradiaga e Isabel Morales, ambos miembros del Movimiento Campesino del Aguán procedentes de la comunidad Guadalupe Carney de Silin en el departamento de Colon.
La Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), Bertha Oliva dijo que de acuerdo a informes de abogados defensores no se han encontrado pruebas contundes que pueda llevar a algún juez a determinar la responsabilidad de los delitos que se les imputan.
Oliva señaló que como Plataforma de Derechos Humanos estamos preocupadas porque en esencia en esas fechas de agosto de 2008 hubo pérdidas de vidas humanas y por lo tanto estamos en contra de toda acción violenta que conlleve a eliminar físicamente del planeta a hombres y mujeres.
“En ese sentido vamos a vigilar que se de un proceso justo, por eso estamos aquí hoy los miembros de las 6 organizaciones que conformamos la Plataforma, más los representantes del FNRP y de la Vía Campesina”, recalcó la defensora de derechos humanos.
Por su parte el Director Ejecutivo de FIAN Internacional-Honduras, Gilberto Ríos sostuvo que nos preocupan mucho todos los conflictos que se dan a nivel nacional, agudizados a partir del 28 de junio de 2009.
“Nos preocupa fundamentalmente la violación de derechos humanos en el sector rural que se dan fundamentalmente por el conflicto agrario. Los campesinos que guardan prisión en El Porvenir, tiene un origen bastante largo, el conflicto es agrario y se origina cuando en el gobierno de Rafael Leonardo Callejas se dieron disposiciones legales para poder apropiarse de tierras que pertenecían al Estado”, explicó.
La tierras a las que se refiere Ríos son las que se utilizaron para el Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM) donde se entrenó en la década de los ochenta a tropas de la contrarrevolución nicaragüense, del ejército salvadoreño y hondureño en prácticas de contra insurgencia.
“El Estado hondureño pagó por ellas 17 millones de dólares presionado por Estados Unidos para que se indemnizara al puertorriqueño Temístocles Ramírez, esas tierras se vendieron por esas disposiciones legales en contubernio con funcionarios municipales en apenas 50 mil lempiras”, detalló.
“Significa entonces que fue un asalto de parte de las instancias oficiales y terratenientes de la zona y se repartieron las tierras del CREM. La disposición afortunadamente decía que las municipalidades podían vender tierras nacionales y ejidales, afortunadamente las tierras del CREM eran fiscales, comparadas con dinero del Estado, no eran tierras históricamente en manos del Estado Hondureño.
Ríos apuntó que producto del conflicto de tierras se han producido muchas muertes en los últimos años y la posición de la Plataforma de Derechos Humanos es la “comprensión sobre el problema agrícola en Honduras, comprensión del conflicto agrario en Honduras que ya suma bastantes muertos en lo que llevamos de historia.
“Recientemente conocemos de por lo menos 10 muertos en las tomas de tierras emprendidas por el Movimiento Unificado Campesino del Aguán y probablemente se provoquen otras en las tomas que se están realizando hace 5 día en Atlántida. Es decir la zona del Valle del Aguán y vecinas se está convirtiendo en una zona de alto conflicto que provocará aún más muertos”, advirtió.
Agregó que como Plataforma de Derechos Humanos buscamos que se aplique la justicia, no estamos evitando la aplicación de la justicia, al contrario, nosotros repetimos, queremos que se haga justicia.
Entre tanto la Sub Directora Ejecutiva del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), Claudia Hermmansdorffer expresó que es fundamental que no haya presiones políticas sobre los jueces y los fiscales que vana a intervenir en este juicio, ya sabemos a qué nos estamos enfrentando cuando encaramos el sistema de justicia en Honduras.
“Estamos haciendo un especial llamado porque se respete la independencia judicial, pese a todas las muestras que se han dado últimamente de que no se respeta la independencia judicial, para que se pueda hacer un juicio justo y se respete el debido proceso es importante que haya un respeto a la independencia judicial tanto de jueces como de fiscales”, demandó la defensora de derechos humanos.
Maradiaga y Morales guardan prisión injustamente desde agosto de 2008 y el Ministerio Público ha pedido la condena de 350 años para ambos.
Maradiaga y Morales fueron detenidos debido a los acontecimientos del 3 de agosto de 2008 en Silin cuando un grupo de matones a sueldo se enfrentaron contra miembros del movimiento campesino en tierras propiedad del Comisario de Policía Henry Osorto, resultando 12 personas muertas.
Los planteamientos de las organizaciones fueron expuestos en conferencia de prensa en la sede del Cofadeh en Tegucigalpa.
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escrito por free articles, junio 12, 2010
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