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Militares se ríen de la justicia: en impunidad asalto y ametrallamiento a Radio Juticalpa

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El Coronel de Artillería René Javier Palao Torres, subcomandante de la 115 Brigada, con sede en Olancho y el suboficial, Juan Alfredo Acosta Acosta, quienes fueron acusados por los delitos de Abuso de Autoridad por haber ametrallado y asaltado Radio Juticalpa, el mismo día del golpe de Estado en 2009, se ríen de la justicia porque ni siquiera les rozó su impunidad, según Martha  Elena Rubí, directora de Radio Juticalpa.

El 28 de junio a eso de las cinco de la mañana, Radio Juticalpa estaba preparada para transmitir todas las incidencias relacionadas con la Consulta Popular, o Cuarta Urna, impulsada por el presidente Manuel Zelaya Rosales, sin embargo los motores de los vehículos militares sonaron a inmediaciones de este medio de comunicación ubicado en Juticalpa, en el departamento de Olancho, las balas de los fusiles traspasaron las paredes de la radio previo a un asalto que los uniformados hicieron con el objetivo de apoderarse de los transmisores para que no pudiera transmitir.
 
Los militares querían llevarse hasta los equipos de la radio y por la valentía de Martha Elena no lo hicieron, dijo Andrés Molina, periodista que estaba ese día en los estudios de la radio.
 
En un Estado de Derecho este acto represivo contra la Libertad de Expresión hubiese tenido  la sanción correspondiente para que los hechos nunca más se repitieran, pero en Honduras las cosas son distintas, principalmente desde el 28 de junio, los grupos de poder y los militares están aliados más fuertemente para no dejar pasar ninguna acción a favor de la justicia.
 
Eso quedó evidenciado en la deslegitimación de la acción del Juzgado Seccional de la ciudad de Juticalpa que dictó Auto de Prisión, con medidas sustitutivas de cárcel, contra los oficiales Palao Torres y Acosta Acosta, por el delito de Abuso de Autoridad en perjuicio de la administración pública y Radio Juticalpa, pero estos a través de su defensa apelaron la decisión y la Corte desconoció la decisión del juez de primera instancia.
 
Al darle vuelta a la decisión judicial donde quedó establecidos que el coronel Palao, “desconoció preceptos constitucionales, establecidos en la constitución de la república, la ley de libre emisión del pensamiento y la ley de Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, la ley constitutiva de las Fuerzas Armadas, lo mismo que la violación de tratados internacionales, como la Convención Americana de Derechos Humanos” y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se dejó un claro mensaje de impunidad y de censura para quienes pretendan decir lo que pasa en Honduras.
 
“Ahora ellos  andan  con aire de rey ofendido porque nos atrevimos a llevarlos a la justicia, la sensación que queda con una justicia así es preguntarse  si vale o no la pena interponer casos ante una justicia coludida”, dijo la directora de Radio Juticalpa, al salir de una reunión con la Comisión de Verdad, la semana pasada cuando detalló a los comisionados y comisionadas las horas de angustia que pasó el 28 de junio de 2009, cuando creyó que nunca contaría la historia.
 
Los militares se pasean tranquilamente en las calles de Olancho, se sienten con el derecho de atropellar a la gente y aquí en Honduras no pasa nada, agregó Rubí mientras denunciaba que a diario se tienen que preguntar qué pasará si en cualquier momento otra vez los militares asaltan su medio de comunicación.
 
Para ella la posición del Juez del Juzgado de Juticalpa fue rectilínea, “pero a nivel de la cúpula del Sistema de Justicia, todo está tan corrupto y contaminado que de nada sirve que se puedan hacer las cosas bien desde abajo”.
 
La preocupación constante es que en los programas que se transmiten en Radio Juticalpa y donde la audiencia cuestiona el estado de cosas, hay grupos de poder que están escuchando y pueden tomar represalias.
 
Para Andrés Molina, un periodista a cargo del programa “Perspectiva Informativa”, que se transmite todos los sábados en esa radio, hay gente con poder político y económico que escucha y uno no sabe qué va a pasar.
 
La libertad de Expresión en Honduras, está en grave riesgo según lo han señalado diversos organismos internacionales de Derechos Humanos que han solicitado medidas urgentes al régimen de Porfirio Lobo Sosa para proteger  este derecho, cuya violación ha dejado 10 periodistas asesinados hasta lo que va del año.
 
Molina denunció que hay casos intocables de los cuales no se puede hablar en la radio porque se firma la sentencia de muerte, “hay grupos que les incomoda los temas que uno trata y eso se debe a que hay cosas en el país que están controladas por mafias,  como la que dio el golpe de Estado”.
 
El régimen de Lobo Sosa está totalmente evidenciado en cuando a violar la Libertad de Expresión debido a las múltiples denuncias nacionales e internacionales que señalan casos concretos.
 
La semana pasado al final del Examen Periódico Universal, EPU, el Consejo de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, señaló la necesidad de que el Estado hondureño adopte medidas urgentes para proteger a los periodistas y combatir la impunidad con el castigo a los responsables de violaciones a los derechos humanos en especial desde el 28 de junio de 2009.
 
El régimen a través de una numerosa delegación se comprometió a adoptar unas 129 medidas para mejorar la situación de los derechos humanos en Honduras, sin embargo, el ocultamiento de los hecho y el presentar una situación de bonanza para los derechos humanos poniendo como principal argumento la creación de instituciones vacías como la Secretaría de Derechos Humanos y Justicia, deja bien claro que lo único que se busca es engañar a la comunidad internacional para que Honduras nuevamente entre a la Organización de Estados Americanos, OEA y demás organismos y que se aplique la fórmula de la impunidad que desde los 80 se maneja: “borrón y cuenta nueva”, ó reconciliación sin castigo.
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