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La Policía ha estado involucrada en ejecuciones sumarias

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Existen horrendos casos en los cuales miembros de la Policía Nacional de Honduras han participado en delitos graves como torturas, lesiones, atentados, detenciones ilegales y ejecuciones arbitrarias y sumarias.

De los archivos existentes, defensoresenlínea.com ha extraído algunos de los casos que han impactado a la sociedad hondureña, en lo que a la actuación de la policía respecta, porque no es posible que un órgano policial que supuestamente ha sido creado para “servir y proteger”, haya incurrido en una serie de graves violaciones a las garantías constitucionales del pueblo.
 
De los archivos consultados extraemos un caso de ejecución sumaria que sucedió en el año 2006, específicamente el 20 de diciembre. Un testigo protegido reveló que los policías Rolando Antonio Tejeda Padilla, José Arcadio Gonzáles, Juan José Talavera Zavala y Linton Omar Cáceres Rodríguez, obligaron a los líderes ambientalistas de Olancho, Heraldo zúniga y Roger Murillo a bajarse del vehículo en que se conducían y sin considerar que las víctimas levantaron sus manos en señal de rendición, procedieron a acribillarlos a balazos, frente a una pared exterior de la casa en la que funciona como palacio municipal de Guarizama, municipio de Olancho, en la zona oriental del país.
 
Los policías dispararon al menos 90 proyectiles contra los cuerpos de las víctimas y posteriormente se encargaron de cubrir con cemento la pared de la casa para cubrir los impactos de las balas. 
 
En aquella oportunidad, David Zúñiga, padre de Heraldo Zúniga  expresó que “estamos contra los poderes más grandes del Estado, como son la policía y el poder económico y eso se nos ha dificultado para poder llegar a la verdad, porque sí hay mucha gente que tiene el deseo de declarar, pero tienen miedo”.
 
La intervención del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras que actuó como parte acusadora en conjunto con la Fiscalía de Derechos Humanos, permitió enjuiciar a los responsables de los crímenes perpetrados.
 
Al respecto el 1 de julio de 2008, el  Tribunal de Sentencia de Juticalpa, condenó a 30 años de cárcel al  sargento José Rolando Tejeda Padilla y a los policías José Arcadio González, Linton Omar Cáceres y José Talavera Zavala, señalados por testigos como los responsables de la ejecución sumaria en contra de los ambientalistas.
 

Sin embargo un “Auto Acordado” de la Corte Suprema de Justicia aprobado en 1996 para favorecer a policías y militares que incurrieran en asesinatos políticos y que ha sido utilizado libremente por el sistema de justicia hondureño, permitió a policías y efectivos de las Fuerzas Armadas cumplir sus sentencias judiciales en bases militares.
 
Dicho Auto Acordado permitió que los policías condenados a prisión, cumplieran su pena en la sede de la 115 brigada militar destacada en Juticalpa. Esa falla en la aplicación de justicia facilitó la fuga de 3 de los 4 policías que asesinaron a los ambientalistas a finales mes de julio de 2008. Inicialmente escaparon Juan José Talavera y Milton Omar Cáceres Rodríguez, y días después José Arcadio Gonzáles. Hasta el momento las autoridades estatales no han brindado ninguna explicación de lo ocurrido
 
El 2 de junio de 2009, Mario Orlando Sequeira Canales tenía una semana de haber llegado al país procedente de Denver, Colorado, Estados Unidos, con el propósito de visitar a sus familiares en Siguatepeque, departamento de Comayagua. 
 
Ese día de fue detenido por varios policías, trasladado a una posta policial de la zona, torturado y posteriormente muerto a causa de la brutal golpiza que recibió en la celda a la que fue confinado.
 
Agentes de la Policía Preventiva y del Departamento Nacional de Investigaciones Criminales (DNIC) de Siguatepeque han sido acusados de los delitos graves de abuso de autoridad, tortura, homicidio, y faltas a los deberes de los funcionarios públicos, sin embargo la instancia judicial que conoció del caso liberó a los agentes con medidas cautelares ajenas a la prisión.
 
La familia Sequeira Canales enfrenta hasta nuestros días, la persecución, amenazas y seguimiento de agentes de investigación destacados en Siguatepeque, por denunciar el crimen de su pariente.

En abril de 2010, El Tribunal de Sentencia de Francisco Morazán encontró culpables a 4 policías que incurrieron en claro abuso de autoridad y dieron muerte al ciudadano Juan Manuel Rosales Ramos la noche del 15 de septiembre de 2007. 
 
El tribunal resolvió condenar por el delito de homicidio a los policías Marvin Adonai Martínez, Alexis Medina Posadas y a los cabos Henry Romero y Mario René Ayala, quienes abrieron fuego en forma indiscriminada contra un camión en el que se transportaban civiles desarmados en la comunidad de Marales, Francisco Morazán.
 
Los policías y militares, obviaron procedimientos en el trato hacia los civiles, abusaron de autoridad y cometieron homicidio en contra del vendedor de frutas Juan Manuel Rosales Ramos
 
Finalmente el 22 de octubre de 2011, el  subinspector  Geovanny Galeas y los agentes Rubén Pozo, Wilfredo Figueroa y Santos Arnulfo Padilla, fueron señalados como los presuntos autores materiales en el asesinato de los jóvenes universitarios Carlos Pineda Rodríguez y Rafael Alejandro Vargas Castellanos, este último, hijo de la Rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). 
 
Los presuntos homicidas estaban asignados al Distrito Policial 1-6 con sede en el barrio La Granja, que fue intervenido por fiscales del Ministerio Público, Asuntos Internos de la Policía Nacional y de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC). La Secretaría de Seguridad informó que el personal de esta posta está siendo evaluado y en su lugar se nombraron nuevos relevos.
 
El sábado 22 de octubre en horas de la madrugada, los agentes antes mencionados patrullaban la zona sur de la capital y anduvieron realizando operativos de rutina supuestamente en la radiopatrulla M1-92.
 
Durante esos operativos los policías persiguieron la camioneta color champán, marca Toyota en la que se conducían los estudiantes universitarios. Durante la persecución los agentes abrieron fuego indiscriminadamente contra el automotor.
 
Las autoridades judiciales confiaron que uno de los disparos atravesó la puerta de la cajuela, el asiento trasero y la silla del conductor, impactando en el joven Rafael Alejandro Vargas Castellanos, que habría quedado herido de gravedad, al igual que su acompañante y luego los bajaron del automotor.
 
Posteriormente los homicidas los llevaron a la aldea Villa Real, donde los remataron aproximadamente a las 2:10 de la madrugada, hora en que los moradores escucharon una ráfaga de disparos.
 
En este caso se denunció que hubo negligencia del Ministerio Público, amenazas de policías hacia fiscales para evitar una investigación exhaustiva de los crímenes y encubrimiento de las autoridades superiores para proteger a sus subalternos, a los que les facilitaron su fuga del país, entre otros obstáculos.
 
Los crímenes derivaron en una serie de denuncias a nivel nacional e internacional que desnudaron las estructuras corruptas incrustadas al interior de la Secretaría de Seguridad, que estarían ligadas al crimen organizado y narcotráfico.
 
El Gobierno de Porfirio Lobo Sosa trató de aplacar los reclamos de la ciudadanía en contra del aparato de seguridad del Estado y ha promovido una supuesta depuración que de acuerdo a expertos, solo llegará a cambios cosméticos con la rotación en los puestos de la alta oficialidad y a tibias intenciones de castigar a policías involucrados en acciones ilícitas.
 
Diversos sectores proponen una intervención de la Secretaría de Seguridad con el acompañamiento de la comunidad internacional, pero el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), va más a allá y propugna por la desaparición de la policía actual y crear un nuevo órgano policial.
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Last Updated ( Tuesday, 06 December 2011 16:43 )  

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