La delegación de organizaciones de derechos humanos, sociales y periodistas nacionales e internacionales, constató en su segundo día de llegada al Aguán, este jueves 09 de diciembre, la utilización feroz de la fuerza de las armas y el paramilitarismo, para pretender subyugar la lucha por la tierra en El Aguán.
Las fuerzas militares, policiales, guardias de seguridad de terratenientes y para militares intervienen conjuntamente para pretender subyugar la lucha por la tierra que llevan a cabo miles de campesinos y campesinas que han decido recuperar sus tierras que están usurpadas por terratenientes.
Al filo de las seis y media de la mañana se recibió una llamada de alerta denunciando que centenares de hombres armados del Estado y del terrateniente Miguel Facussè entraron por asalto a la comunidad de El Paso Aguán, donde llegaron de madrugada con armas de grueso calibre a desalojar unas 70 familias que se encontraban en ese lugar desde diciembre del año pasado.
Estábamos durmiendo cuando acordamos se metieron a nuestras champas y nos dijeron que si no salíamos nos mataban, nos dijeron que nos tiráramos al piso y nos apuntaron con sus fusiles en la cabeza, pensamos que nos matarían y la gritería de los niños pequeños hizo que todo fuera algo muy fuerte para nosotros porque los cipotes temblaban de miedo, dijo una campesina que cargaba en sus brazos una pequeña de apenas días de nacida.
A la llegada de la delegación, el comisario Madrid, encargado de las relaciones pùblicas de la policía recibió a los representantes con mensajes que trataban de descalificar la presencia de periodistas que encontraron decenas de vehículos sin placas y carros militares y policiales, asì como hombres vestidos de civil y con pasamontañas, con armas de grueso calibre, que se escondieron tras los àrboles para no ser vistos.
Mientras al fondo de la comunidad, en medio de la maleza tenìan los y las campesinas a quienes dejaron libres cuando vieron la masiva presencia de la delegación, que solicitò al oficial Villatoro, al mando de la misión represiva, el paso de dos buses que estaban retenidos a pocos metros del sector, para que los labriegos pudieran sacar sus enseres y salir del lugar.
Se notò la complicidad de la policía y el ejército con Miguel Facussè que dice ser dueño de las tierras al no mostrar una orden de desalojo, ni al Juez Ejecutor para verificar còmo se hizo el desalojo, el cual nunca existió en la Fiscalìa de Trujillo Colòn donde todo fue ilegal, según dijo Victor Fernàndez, del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ, que se trasladò al Ministerio Pùblico junto a Jari Dixon y otros abogados para verificar el hecho.
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