Los militares hondureños, obedientes de la política hegemónica del Comando Sur de los Estados Unidos, están promoviendo el retorno al servicio militar obligatorio.
Lo hacen parapetados en sus viejas barricadas verbales de reglamentación de la ley de Beto Reina, que suprimió su carácter forzoso en 1995.
Pero lo que el investigador social Eduardo Bhar no está diciendo es que existe una iniciativa de ley dictaminada en el Congreso Nacional desde 2009, que está lista para ser lanzada sin paracaídas en la agenda de los diputíteres.
En realidad se trata de una estrategia regional de la industria militar gringa, que está haciendo lo mismo en Guatemala y El Salvador con el pretexto de combatir a los narcotraficantes malos y proteger a los buenos.
Es chistoso escuchar, por ejemplo, los argumentos del presidente salvadoreño, Mauricio Funes, induciendo un servicio militar sin armas para la paz.
¿Quién, en su sano juicio, puede creer que el propósito de fortificar los ejércitos con más hombres, helicópteros y aviones sea distinto a la expansión del horrible y lucrativo negocio de las armas? Por favor!
Pero más chistosos y ridículos son los argumentos de los golpistas hondureños que impulsan disimuladamente la resurrección de las cacerías humanas para darles “como un trabajo” a las juventudes desempleadas y salvarlas de la degradación moral y la violencia criminal.
Dicen, por ejemplo, que los llamados voluntarios a filas se considerarán cuando haya una calamidad pública o emergencia, y cuando se cuente con indicios que confirmen las amenazas externas de invasión o ataque al territorio nacional.
Los supuestos para llamar a filas a la juventud, como bien lo señala Sergio Bar, eliminan de hecho la presunción de voluntariado en el servicio militar.
Por ejemplo, decir que cuando proceda una calamidad pública o emergencia que requiera intervención del estado, conviene entonces preguntar ¿en qué país vivimos? En uno que es vulnerable por sus cuatro costados, en invierno y en verano, cada año, todos los años.
El dictamen, agrega Sergio, establece que el servicio militar es “esencialmente” voluntario, PERO si las y los jóvenes NO desean realizarlo, y como resultado de ello las fuerzas armadas ven reducido su apresto operacional (cantidad de efectivos) al setenta por ciento, entonces a esos mismos jóvenes se les puede reclutar por la fuerza.
Este es el punto en el que con más claridad se identifica que el dictamen de 2009 y el interés actual del congreso por resucitarlo es el de regresar al servicio militar obligatorio.
No podemos menos, en consecuencia, que repudiar cualquier intento de volver a causarle llanto a las madres y a las familias de los reclutados.
Desde ahora prevenimos que esta herencia del golpismo no la aceptaremos y que, de nuevo, movilizaría a la población en contra.
El balance de violaciones a los derechos humanos en el reciente pasado dentro y fuera de los cuarteles es comparable con las violaciones causadas en las calles por la policía antes y después del golpe militar.
Y ningún discurso público, ni siquiera el que pretende imponer Porfirio Lobo sobre su propia inseguridad, nos puede inducir a una aceptación colectiva de la re militarización de la Nación.
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