La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado de Honduras, el pasado 26 de abril, adoptar medidas urgentes para proteger la vida y la integridad física de Leo Valladeres Lanza y su esposa Daysi Pineda Madrid. La solicitud de medidas cautelares fue realizada por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Leo Valladares ha sido víctima de hostigamientos desde el mes de febrero pasado. El defensor de los derechos humanos y su esposa han recibido llamadas anónimas e intimidatorias a su casa. Asimismo, él fue amenazado públicamente desde una emisora oficial y ha sido vigilado desde vehículos estacionados en la vía pública. El 28 de marzo pasado, Valladares se percató de que sujetos desconocidos habían forzado la entrada a su oficina y revisaron sus archivos de trabajo.
Las amenazas contra el defensor de los derechos humanos empezaron después de que participó en un programa televisivo de difusión nacional en el que criticó la participación de las fuerzas armadas hondureñas en el golpe de Estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya Rosales. Asimismo, en esa ocasión objetó la incorporación posterior de varios oficiales del Ejército –involucrados en la expulsión de Zelaya– en altos puestos de instituciones civiles del Estado.
Leo Valladares ha sido un tenaz defensor de las garantías fundamentales en Honduras, país en el que ocupó el puesto de Comisionado Nacional de Derechos Humanos entre 1992 y el 2002. Actualmente es Director Ejecutivo de la Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI-Participa) y también trabaja en proyectos relacionados con el monitoreo del gasto público y de la corrupción en su país.
Además de garantizar la vida y la integridad física del defensor de los derechos humanos y de su esposa, la Comisión Interamericana ordenó al Estado adoptar “las medidas necesarias a fin de garantizar que el señor Leo Valladares continúe ejerciendo su actividad de defensa y promoción de los derechos humanos en condiciones de seguridad”. Asimismo, Honduras debe investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de estas disposiciones de protección en primer lugar.
Estos sucesos son una muestra del ambiente de riesgo en el que deben ejercer su labor los defensores y defensoras de los derechos humanos en Honduras, cuya gravedad se ha intensificado a partir del golpe de Estado ocurrido el 28 de junio de 2009. Ante ese escenario adverso, la Comisión Interamericana ha emitido una diversidad de medidas cautelares que protegen a más de doscientas personas.
El COFADEH y CEJIL deploran los hostigamientos recibidos por Leo Valladares y su esposa Daysi Pineda y urgen al Estado hondureño a acatar sin demora las medidas cautelares dictadas por la CIDH.
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