Organizaciones internacionales de derechos humanos han señalado en un pronunciamiento público que sólo será posible lograr una salida pacífica y negociada del conflicto agrario en el Bajo Aguán mediante la puesta en marcha de políticas públicas que respeten y cumplan las obligaciones internacionales de derechos humanos adquiridas por Honduras,  incluyendo las medidas necesarias para proteger el derecho a la vida, erradicar la impunidad, el efectivo control y supervisión de la seguridad pública y privada en la zona, la garantía del derecho a la alimentación de la población facilitando su acceso a la tierra, así como mediante  el cumplimiento de los acuerdos suscritos entre las partes, en particular los acuerdos del 13 de abril de 2010 y del 16 de junio del 2011.