La situación de indefensión para las comunidades es tal que Rudy de Grande, líder comunitario del departamento de Choluteca  dijo que a él (Felipe Bonilla), “la policía lo golpeó y dice que lo hicieron firmar unos documentos que él no sabe qué es, porque en realidad él no puede leer ni escribir, más bien fue la huella la que tuvo que poner “, explicó.

Añadió “que estamos preocupados porque a saber qué habrá firmado, qué habrá ahí avalado. Creo que en unos 15 minutos lo llevan a audiencia. Tristemente nadie, ningún apoderado legal lo acompaña y entonces hay un defensor público que va a entrar supuestamente para defenderlo”.

Grande señaló que Felipe Bonilla fue capturado supuestamente por amenazas a muerte contra un señor, pero “lo que pasa es que utilizan como pretexto cualquier cosa como para estar hostigando a la gente”.

Se cree que a Felipe Bonilla será puesto en libertad, pero bajo medidas sustitutivas que implican no poder salir del país y presentarse a firmar el libro de entradas del Juzgado de Amapala.

Defensoresenlinea.com se comunicó con al abogado Horacio Baquedano, apoderado legal de unos 30 miembros de la comunidades de Zacate Grande, que enfrentan un proceso judicial acusados de usurpación de tierras por parte del empresario Miguel Facussé y su yerno Fredy Nasser.

Baquedano confirmó la detención de Felipe Bonilla y asesoró a los líderes comunitarios para que se le acreditara el arraigo del detenido, “él está procesado por amenazas y daños en perjuicio del ciudadano Marco Antonio Fonseca”.

El caso de Felipe Bonilla debe llamar la atención de las autoridades judiciales en vista de que agentes policiales hicieron uso indebido de la fuerza para capturarlo y además porque el detenido fue forzado y conminado a firmar un documento, cuyo contenido desconocía, a raíz de que no puede leer ni escribir.

En torno al juicio entablado por abogados de Miguel Facussé y Fredy Nasser contra varios  agricultores y pescadores de la zona, el abogado Baquedano dijo que “ahorita se formalizó acusación y se llevó a cabo audiencia preliminar y el juez elevó la causa a juicio oral y público, la que no nos ha sido notificada la resolución”.

En el juicio, los apoderados legales de Facussé y Nasser tendrán que aportar pruebas que demuestren que son los verdaderos dueños de las tierras que durante más de un siglo han habitado las comunidades en la península.

“Nosotros todo lo contrario, que en ningún momento hay usurpación en el presente caso en virtud de que no existe un acto de desapoderamiento del objeto de propiedad, posesión o goce, o sea que ellos (las comunidades) ya estaban antes de que él (Miguel Facussé), adquirió esas tierras; esa ha sido nuestra posición”, recalcó Baquedano.

Añadió que lamentablemente los recursos  que se han efectuado sobre esa base no han tenido el efecto deseado, aunque todavía hay pendiente un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia.

Se conoció que en los próximos días, el caso pasará a juicio oral y público, del cual no se precisó fecha y estará bajo la jurisdicción del Tribunal de Sentencia de los departamentos de Choluteca y Valle.

Baquedano dijo que el hecho de haber poseído las tierras durante tanto tiempo, sin que los supuestos dueños hayan reclamado las mismas, indica que ha vencido el dominio sobre el inmueble, “entonces es una vía para adquirir el dominio del inmueble por prescripción”.

La acusación por daños al ambiente contra los 30 miembros de las comunidades de Zacate Grande fue promovida por la Fiscalía General de la República, sin embargo, dicha acusación no prosperó en el juicio.

“Ese delito fue desvanecido tanto en el Juzgado como en la Corte de Apelaciones, no tiene imputación por ese delito, solo es por usurpación de tierras”, detalló Baquedano.

En la actualidad los 30 miembros de las comunidades de Zacate Grande, entre ellos una mujer, tienen medidas sustitutivas a la prisión preventiva, como son: Presentarse una vez al mes al tribunal, no pueden salir del país y tienen prohibido todo tipo de comunicación con los presuntos ofendidos.

El abogado de los pescadores y agricultores de Zacate Grande expresó “que las perspectivas que tenemos es probar de que no existe en el presente caso, el delito de usurpación porque no hay desposeimiento del objeto de propiedad, o sea que mis representados estaban en posesión antes que el presunto dueño adquiriera el inmueble”.

En los últimos meses las comunidades que habitan las tierras de Zacate Grande, han sido sujetas de intimidación, persecución y amenazas por parte de personal armado, que actúa al servicio de los empresarios Miguel Facussé y Fredy Nasser.

El empresario Miguel Facussé y su yerno Fredy Nasser se han dado a la tarea de cercar cientos de manzanas de tierra, en donde una docena de comunidades que antes vivían de la pesca, ahora tienen que cultivar granos básicos para sustentar a sus familias.

Líderes comunitarios expresaron a un equipo de procuradoras del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), que visitó la zona el año pasado, que la situación imperante los mantiene en angustia y que desconfían de las autoridades policiales y judiciales, por su condición de pobres y necesitados.

Y es que la situación en Zacate Grande es alarmante, la pesca ya no es suficiente para el sustento de las familias, por lo que han tenido que sembrar granos básicos, pero ni siquiera en estas pequeñas parcelas les dejan cultivar, denunciaron los dirigentes comunitarios.

A partir del año 1990, varios capitalistas nacionales, vinculados a los negocios con el estado y las exportaciones de camarón y melón,  se asentaron en la península como el sitio idóneo para la construcción de pomposas mansiones de veraneo.

Un Informe de una delegación Internacional de derechos humanos que visitó la zona en septiembre de 2006, señala que a este grupo de empresarios que manejan el poder político y económico del país, se les conoce desde entonces como el Club de Coyolito, incluso el mismo ex presidente Rafael Leonardo Callejas y otros funcionarios del estado construyeron casas de descanso en la zona.

Estos capitalistas obtuvieron tierra en la zona en muchos casos por compra a precios irresistibles por sus altos montos, sin embargo en la mayoría de los casos, las compras se efectuaron en base  de directas o  veladas amenazas contra los propietarios originales. 

En la medida que aumentó el acaparamiento, muchas familias tuvieron que vender en virtud de que quedaban aisladas, en medio de las nuevas propiedades.

Sin embargo, las familias afectadas vienen ocupando las tierras desde hace más de noventa años, no solo cultivándolas, sino estableciendo poblaciones. A la fecha unas 5 mil familias distribuidas en 10 comunidades habitan en la península.

El informe de derechos humanos recalca que los hostigamientos, las amenazas y los encarcelamientos se vienen dando desde hace varias décadas.

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) visitó la península el año pasado a solicitud del Movimiento de Recuperación y Titulación de Tierras de Zacate Grande,  para constatar las denuncias de las comunidades.

Nombre

Email

Sitio Web

Título

Comentario

smaller | bigger

Subscribe via email (Registered users only)

I have read and agree to the Terms of Usage.

Nuevo Comentario