Tocoa, Colón. El 14 de septiembre de 2024 la vida de Juan Antonio López, ambientalista, líder social y defensor de los bienes comunes en el Bajo Aguán, fue apagada por las balas.
Esa noche, tras salir de la iglesia San Antonio de Padua en la colonia Fabio Ochoa, desconocidos lo emboscaron cuando se encontraba dentro de su vehículo.
Un crimen que, un año después, sigue retumbando en las comunidades y que recuerda la deuda histórica del Estado hondureño con quienes defienden el territorio.
Juan López no era un hombre cualquiera, era coordinador de la Pastoral Social de su parroquia, regidor municipal de Tocoa por el partido Libertad y Refundación (Libre), precandidato a la alcaldía y, sobre todo, un incansable defensor de la Montaña de Botaderos Carlos Escaleras y de los ríos Guapinol y San Pedro, amenazados por la minera Inversiones Los Pinares.
Su asesinato ocurrió pocos días después de que organizaciones nacionales e internacionales advirtieran sobre el incumplimiento del Estado en garantizar la seguridad de activistas, a pesar de las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El proceso judicial: avances y sombras
En octubre de 2024, el Ministerio Público anunció la captura de Óscar Alexis Guardado Alvarenga, Daniel Antonio Juárez Torres y Lenin Adonis Cruz Munguía, señalados como autores materiales del crimen.
El pasado 2 de septiembre de 2025, un juez con jurisdicción nacional dictó auto de apertura a juicio oral y público contra los imputados, acusados de asesinato y asociación para delinquir.
El caso será conocido por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción en Tegucigalpa.
Sin embargo, tanto la familia de López como las organizaciones sociales insisten en que el proceso no puede quedarse en los autores materiales, “es urgente que se investigue quiénes dieron la orden y por qué lo asesinaron”, reclaman.
Una vida marcada por la lucha
Juan López sabía de persecución. En 2018 fue encarcelado junto a otros defensores del río Guapinol, acusado de delitos como asociación ilícita y daños.
La criminalización de líderes comunitarios fue parte de una estrategia sistemática para silenciar las protestas contra la concesión minera otorgada en 2013, de manera ilegal, por el gobierno de Juan Orlando Hernández a la empresa Inversiones Los Pinares, vinculada a capital canadiense.
El conflicto social estalló cuando la explotación de óxido de hierro contaminó los ríos Guapinol y San Pedro.
Entre agosto y octubre de 2022, los pobladores instalaron un campamento de resistencia durante 88 días frente a las operaciones de la minera, en lo que se convirtió en una de las protestas más emblemáticas de la región.
En este mismo contexto, otros defensores fueron asesinados: Aly Domínguez, Jairo Bonilla y Oquelí Domínguez, todos vinculados a la defensa del agua. Hasta hoy, las investigaciones sobre sus muertes presentan graves irregularidades.
El legado que no muere
A un año de su partida, el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa y organizaciones aliadas realizaron una semana de actividades conmemorativas, como ser marchas, foros, misas y actos culturales que no solo recordaron a López, sino que también exigieron justicia y reafirmaron el compromiso de seguir defendiendo el Parque Nacional Carlos Escaleras.
El dolor de su familia se transformó en símbolo. La Conferencia Episcopal de Honduras creó el Premio “Juan Antonio López”, destinado a reconocer a personas e instituciones que luchan por la justicia, la paz, los derechos humanos, el medio ambiente y las libertades fundamentales.
La primera edición fue entregada a su esposa, Thelma Peña, y a sus hijas, Claudia y Julia López, como un homenaje a su fe y servicio comunitario.
Una herida abierta en Honduras
El asesinato de Juan López no es un hecho aislado, representa la violencia estructural contra quienes defienden la tierra y el agua en Honduras.
Su muerte dejó un vacío en su familia, en su comunidad y en la resistencia del Bajo Aguán. Pero también sembró un compromiso colectivo: mantener viva su lucha hasta que el país deje de ser un territorio donde defender el medio ambiente cueste la vida.
