Tegucigalpa.- A casi tres semanas de la instalación del nuevo gobierno, la coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Berta Oliva, manifestó su profunda preocupación ante una serie de decisiones adoptadas en el proceso de nombramientos y medidas administrativas que, a su criterio, podrían representar retrocesos en materia de derechos humanos.
La defensora indicó que la organización se ha mantenido observante del desarrollo de los nombramientos para los diferentes cargos del actual régimen, identificando al menos cuatro situaciones que generan alarma.
Uno de ellos es la falta de nombramiento en la Secretaría de Derechos Humanos, donde Oliva señaló que resulta preocupante que, a estas alturas, no se haya nombrado a la persona titular de la Secretaría de Derechos Humanos.
Además, cuestionó que las viceministras designadas no cuenten con trayectoria vinculada a la defensa y promoción de derechos humanos.
“Eso nos manda un mensaje claro de que no hay interés sobre un tema tan vital e importante para el país”, expresó, advirtiendo que la institucionalidad en derechos humanos no puede quedar relegada en un contexto marcado por graves antecedentes de violaciones.
La coordinadora del COFADEH también expresó preocupación por el nombramiento presidencial de un entrenador deportivo al frente del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, señalando que dicha designación “a todas luces es ilegal” y no corresponde al perfil técnico requerido para dirigir una institución encargada de la protección del patrimonio cultural e histórico del país.
Advirtió que este tipo de decisiones debilitan la institucionalidad pública. Y que hay un consejo que incluye sociedad civil para elegir este tipo de cargos el cual no fue consultado.
Uno de los puntos más graves, según Oliva, es el manejo de propuestas orientadas a conceder amnistía a personas acusadas de violaciones reiteradas de derechos humanos durante el golpe militar de Estado.
La defensora fue enfática al afirmar que en estos casos no procede la amnistía.
“Las amnistías se conceden a personas perseguidas por el Estado o por los gobiernos, y este no es el caso. Estas personas están acusadas de violaciones a los derechos humanos”, sostuvo.
Asimismo, recordó que el Estado de Honduras es suscriptor de tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos, los cuales no han sido denunciados. En consecuencia, una amnistía de esta naturaleza colocaría al país en un conflicto internacional por incumplimiento de obligaciones adquiridas.
“A estos solo les cabe y procede un indulto”, explicó, diferenciando que el indulto implica el reconocimiento de la comisión de un delito, pero con la decisión política de perdonar la pena, lo cual calificó como “gravísimo”.
Finalmente, Oliva manifestó preocupación por los despidos que se estarían promoviendo contra empleados públicos, señalando que estas acciones podrían constituir violaciones a derechos laborales y derivar en responsabilidades legales.
“Están y van a cometer delitos”, advirtió, al tiempo que informó que el COFADEH se mantiene documentando cada uno de estos hechos relacionados con derechos humanos.
“Estamos observantes, pero también estamos documentando estos hechos para hacer nuestras denuncias a tiempo ante el sistema internacional que competa cada caso. Estén pendientes de nuestras acciones”, concluyó la coordinadora general del COFADEH.
