Defensores de derechos humanos provenientes de Colombia presentaron este lunes una denuncia formal ante el Ministerio Público de Honduras por los delitos de asociación terrorista, conspiración para cometer crímenes de lesa humanidad y genocidio, amenazas contra la vida, financiación de actividades ilícitas y delitos conexos.
La denuncia está sustentada en los 37 audios transcritos del denominado “Honduras Gate”, en los que, según los denunciantes, se evidenciarían acciones dirigidas contra procesos democráticos y gobiernos de la región.
De acuerdo con el documento presentado, Guillermo Pérez Casas y Mario Serrato interpusieron la denuncia penal contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, señalando que en los audios se estaría atentando contra el proceso democrático en Colombia, el gobierno del presidente Gustavo Petro y la candidatura del senador Iván Cepeda Castro.
Asimismo, los denunciantes sostienen que los audios también hacen referencia a acciones contra el gobierno de México encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, en el marco de un supuesto complot de carácter transnacional relacionado con actividades terroristas, lavado de activos y la posible perpetración de crímenes de lesa humanidad y genocidio.
En el escrito presentado ante la Fiscalía hondureña se menciona además que se habrían realizado expresiones orientadas a “extirpar como un cáncer la izquierda de Latinoamérica”.
Los defensores de derechos humanos informaron que también se enviaron copias de la denuncia ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, en aplicación del principio de complementariedad.
Guillermo Pérez Casas explicó que la acción penal presentada busca que se investiguen hechos que, según indicó, representan una amenaza para la democracia en América Latina.
“Venimos de radicar ante el Ministerio Público una acción penal, una denuncia penal contra Juan Orlando Hernández por el Honduras Gate, por todos los audios que se conocen y que se ha corroborado que no son producto de inteligencia artificial ni de la voluntad de querer hacerle daño a una persona en particular, sino hechos concretos que revelarían toda una estrategia montada para desestabilizar la democracia en América Latina”, manifestó.
Pérez Casas afirmó que en los audios se habla de “extirpar la izquierda en América Latina como un cáncer” y de “provocar incluso asesinatos sin contemplaciones”, señalando además que se mencionaría al narcotraficante colombiano Pablo Escobar Gaviria.
“Se trata justamente de que se investiguen conductas que tendrían una naturaleza de preparación de actividades terroristas, de lavado de activos, también de igual manera de preparar asesinatos, crímenes de lesa humanidad o incluso la preparación de un genocidio”, expresó.
El defensor colombiano agregó que la denuncia también será presentada en otros países. “Empezamos en Colombia, en Argentina, también vamos para México y de igual manera en los Estados Unidos, porque el hecho de que se le haya otorgado el indulto a Juan Orlando Hernández no lo hace inmune a que se pueda investigar estos hechos muy graves para América Latina, muy graves para la democracia en el continente y muy graves para la democracia en Honduras”, indicó.
Sobre la situación en Colombia, Pérez Casas señaló que el país atraviesa un proceso electoral y aseguró que las acciones descritas en los audios coinciden con hechos de desestabilización política.
“Estamos sufriendo actividades como las que anuncia Juan Orlando Hernández de desestabilizar nuestra democracia y atacar a través de bodegas a nuestro presidente de la República y a nuestro candidato presidencial progresista, defensor de derechos humanos, Iván Cepeda Castro”, afirmó.
Los defensores colombianos fueron acompañados por la coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, Berta Oliva, organización defensora de derechos humanos que este día asumió la representación legal de los denunciantes ante el Ministerio Público hondureño.
“Berta Oliva es una de las defensoras más importantes a nivel continental, reconocida a nivel mundial por su entrega de muchas décadas en la defensa de los derechos humanos y ella ha aceptado representarnos para poder darle curso a esta acción penal dentro del Ministerio Público hondureño”, expresó Pérez Casas.
Por su parte, Mario Serrato sostuvo que la denuncia era necesaria debido a la gravedad de las amenazas contenidas en los audios.
“Es importante recalcar que era necesario presentar este tipo de acciones. Es necesario que el poder sepa que no puede hacer ni decir lo que quiera y sobre todo cuando con ello afecta la vida, la forma de pensar o la estabilidad de regiones enteras”, declaró.
Serrato afirmó que “cualquier amenaza que se formule contra la vida o contra la democracia es una amenaza a la humanidad entera”, y reiteró que la denuncia se presentó por los delitos de “asociación terrorista, conspiración para cometer crímenes de lesa humanidad y genocidio, amenazas contra la vida, financiación de actividades ilícitas y delitos conexos”.
Asimismo, señaló que los denunciantes aportarán peritajes complementarios para determinar la autenticidad de las voces que aparecen en los audios.
“Aportaremos peritajes complementarios a los ya establecidos para que se logre identificar con grado de certeza que efectivamente las voces que aparecen en los audios son las voces de las personas concernidas hasta el día de hoy en el Honduras Gate”, indicó.
La coordinadora general de COFADEH, Berta Oliva, manifestó que desde organizaciones de derechos humanos se ha venido dando seguimiento a los audios y advirtió sobre el riesgo que, a su criterio, representan para la democracia en Honduras y la región.
“Los defensores armamos un equipo internacional para ver, analizar y acompañar este proceso. Desde la mirada de los compañeros que están hoy aquí en nuestro país, empezaron a ver la denuncia que se hizo pública e internacional y que ha despertado alertas a nivel mundial por los audios que se generaron”, expresó.
Oliva aseguró que algunos de los planteamientos contenidos en los audios ya se estarían reflejando en el país.
“Algunos dicen: ‘Hay que apoderarnos y tener el control de la Corte Suprema de Justicia, del Congreso Nacional y de toda la institucionalidad del Estado’. Allí ya está más que claro que eso se ha ido cumpliendo”, manifestó.
La defensora de derechos humanos señaló además que existe preocupación por el debilitamiento del Estado de derecho en Honduras.
“Nosotros siempre hemos sido mensajeros de esperanza y hemos trabajado toda una vida por el fortalecimiento del Estado de derecho. Vemos con preocupación que el Estado de Honduras está deshecho, pero la esperanza no la quitamos”, indicó.
Berta Oliva también advirtió sobre la situación de violencia que vive el país y relacionó estos hechos con el contenido de los audios.
“Como dicen los audios: ‘Que corra sangre, la que tenga que correr; si hay que matar, hay que matar’. Y ya estamos viendo hechos tan fuertes y terribles como los que estamos viendo en el Aguán: son 20 campesinos asesinados y, en menos de 24 horas, 31 personas asesinadas en nuestro país”, afirmó.
Finalmente, Oliva sostuvo que guardar silencio ante estos hechos sería irresponsable.
“Nosotros, que ejercemos el trabajo de la defensa de la vida, quedarnos callados sería compartir el crimen”, concluyó.
