Catacamas, Olancho.– Este día se desarrolló en los Tribunales de Justicia de Catacamas, Olancho, la audiencia preliminar en el proceso penal contra los defensores de la tierra y el territorio Elvin Munguía y Lauriano Escobar, acusados de los delitos de usurpación, daños y amenazas en perjuicio del empresario maderero Nery Murillo.
Los indígenas nahuas Lauriano Escobar Guillén y Elvin Munguía Solís, originarios de la comunidad de San Antonio de Gualaco, fueron denunciados por Murillo, propietario de la empresa M.T.S. de R.L. de C.V., dedicada a la extracción de resina.
La jueza Melisa Lizeth Amaya, del Juzgado Seccional de Catacamas, dará a conocer su resolución en los próximos días. El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) espera que se decrete un sobreseimiento definitivo y que estos defensores de la tierra y el territorio no continúen siendo sometidos a un proceso penal que consideran una forma de criminalización de su labor en defensa de los derechos territoriales.
Durante la audiencia, tanto el Ministerio Público como la acusación privada ratificaron los cargos por usurpación, daños y amenazas, y solicitaron que el caso avanzara a la etapa de juicio oral y público.
Por su parte, el COFADEH, constituido como defensa privada de Elvin Munguía y Lauriano Escobar, solicitó a la jueza dictar sobreseimiento definitivo a favor de sus representados.
La organización argumentó que durante el proceso quedó acreditado que los defensores actuaron en resguardo de sus tierras y territorios frente a los despojos, desalojos y el saqueo de bienes comunes que, según denunciaron, han sufrido por parte del empresario maderero.
En su intervención, la apoderada legal del COFADEH, Karol Cárdenas, sostuvo que el Ministerio Público ha criminalizado acciones legítimas de defensa del territorio mediante un uso indebido del derecho penal y del sistema de justicia.
Asimismo, señaló que estas prácticas buscan menoscabar, estigmatizar e intimidar a líderes comunitarios que defienden tierras ancestrales pertenecientes a pueblos originarios, como el pueblo nahua.
La representante legal agregó que el caso debe analizarse desde una perspectiva de justicia indígena y de protección de los derechos colectivos de los pueblos originarios, considerando el contexto de conflictos relacionados con la posesión y defensa de los bienes comunes.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha advertido que la criminalización de las personas defensoras de la tierra y el territorio constituye una práctica indebida que utiliza el derecho penal para deslegitimar y obstaculizar su labor.
Asimismo, ha instado a los Estados a abstenerse de emplear estos mecanismos contra sectores históricamente vulnerabilizados, entre ellos los pueblos indígenas y las comunidades campesinas.
Por otra parte, el artículo 14 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Honduras, reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la propiedad y posesión de las tierras que tradicionalmente ocupan y obliga a los Estados a adoptar medidas para garantizar la protección efectiva de esos derechos.
