Tegucigalpa. – Han transcurrido 22 meses desde que el defensor ambiental y de derechos humanos Juan Antonio López fue asesinado en Tocoa, Colón, un crimen que conmocionó a Honduras y a la comunidad internacional por tratarse de una de las voces más reconocidas. en la defensa de los bienes comunes.
La noche del 14 de septiembre de 2024, hombres armados le arrebataron la vida cuando regresaba a su hogar luego de salir de una actividad religiosa. Su asesinato puso de manifiesto los graves riesgos que enfrentan quienes defienden el ambiente y los derechos humanos en el país, incluso cuando han denunciado amenazas y cuentan con medidas de protección.
Juan López integraba el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa y era un reconocido líder comunitario en la defensa de los ríos Guapinol y San Pedro. Durante años denunció los impactos de la actividad minera sobre las fuentes de agua y el territorio, una lucha que lo convirtió en un referente para las comunidades y en un blanco de constantes amenazas.
A casi dos años del crimen, el proceso judicial ha mostrado algunos avances. En octubre de 2024 fueron capturados Óscar Alexis Guardado Alvarenga, Daniel Antonio Juárez Torres y Lenin Adonis Cruz Munguía, acusados por el Ministerio Público como presuntos autores materiales del asesinato. Posteriormente, un juez resolvió abrir juicio oral y público contra los tres imputados.
La investigación dio un paso más en mayo de 2026 con la captura del exalcalde de Tocoa, Adán Fúnez, así como de Héctor Méndez y Juan Ángel Ramos, señalados por el Ministerio Público como presuntos autores intelectuales del crimen y por el delito de asociación para delinquir. Estas detenciones marcaron un momento importante en la búsqueda de justicia, al dirigir las investigaciones hacia quienes habrían planificado el asesinato del defensor.
Sin embargo, para las organizaciones de derechos humanos que han acompañado el caso, los avances judiciales aún no son suficientes. Han insistido en que el proceso debe llegar hasta las últimas consecuencias y establecer todas las responsabilidades penales, sin permitir que el poder político o económico interfiera en el esclarecimiento de los hechos.
El asesinato de Juan López también dejó al descubierto las falencias del Estado para proteger a quienes defienden derechos humanos. Pese a las reiteradas denuncias sobre el riesgo que enfrentaba por su labor y a las medidas cautelares de las que era beneficiario, el mecanismo de protección no logró impedir que fuera asesinado.
Durante estos 22 meses, su nombre ha permanecido vivo en cada jornada de defensa del territorio, en cada comunidad que continúa protegiendo los ríos y en cada exigencia de justicia. Su legado trasciende el dolor de su ausencia y se convierte en un símbolo de la resistencia de los pueblos que defienden la naturaleza frente a intereses que amenazan la vida.
Hoy, al cumplirse un mes más de su asesinato, familiares, organizaciones sociales, comunidades y personas defensoras vuelven a levantar una misma exigencia: que el caso de Juan López no quede en la impunidad.
Porque recordar a Juan López no es únicamente honrar su memoria. Es reafirmar que defender el agua, los bosques y los bienes comunes nunca debe costar la vida. Mientras el proceso judicial no concluya con justicia para todos los responsables y con garantías de no repetición, su asesinato seguirá siendo un recordatorio de la deuda que Honduras mantiene con quienes dedican su vida a la defensa de los derechos humanos.
