San Juan, Tela. Mientras millones de personas siguen con expectativa la definición del próximo campeón del Mundial de Fútbol, en la comunidad garífuna de San Juan, Tela, Atlántida, hombres y mujeres mantienen un campamento indefinido sobre la carretera CA-13 para exigir el sobreseimiento definitivo de las y los defensores criminalizados por reclamar el derecho a su territorio ancestral.
La protesta se desarrolla en el desvío hacia la comunidad de El Triunfo de la Cruz, donde las organizaciones garífunas denuncian que el proceso judicial contra varios integrantes de la comunidad ha escalado hasta ser tratado bajo figuras relacionadas con crimen organizado, una medida que consideran parte de una estrategia de persecución contra quienes defienden la tierra y los bienes comunes.
Las y los manifestantes aseguran que el campamento permanecerá hasta que el Estado cierre definitivamente el caso y cese la criminalización de las personas defensoras del territorio.
La lucha del pueblo garífuna se desarrolla en un contexto en el que el Estado hondureño continúa sin cumplir plenamente las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en los casos de las comunidades garífunas de El Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, fallos que ordenan la restitución y protección de sus territorios ancestrales, así como garantías para sus derechos colectivos.
Desde el lugar de la protesta, organizaciones sociales y de derechos humanos han expresado su solidaridad con la comunidad y han denunciado que la judicialización de líderes y lideresas garífunas constituye una forma de intimidación para debilitar la defensa del territorio frente a intereses económicos.
Las organizaciones participantes sostienen que la criminalización de la protesta y las acciones represivas buscan favorecer proyectos que históricamente han impulsado el despojo de tierras en la costa norte del país.
Asimismo, hicieron un llamado a las autoridades para detener los abusos, respetar los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, y garantizar el cumplimiento de las obligaciones internacionales adquiridas por Honduras en materia de derechos humanos.
El pueblo garífuna reiteró que continuará defendiendo su territorio y exigiendo justicia hasta que cesen la persecución judicial y las acciones que vulneran sus derechos colectivos
