Tocoa, Colón. – El 14 de septiembre de 2024, el defensor de derechos humanos y ambientalista Juan López fue asesinado a balazos cuando salía de un culto religioso en Tocoa, Colón. Hoy, a once meses de aquel crimen, su caso sigue marcado por la impunidad y la ausencia de justicia plena.
En el momento de su asesinato, López se desempeñaba como regidor municipal en la Alcaldía de Tocoa y también era coordinador del Comité Municipal de Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT), una organización que ha liderado la defensa del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras frente a la explotación minera.
López fue una voz clave en la denuncia y oposición a las operaciones de las empresas Inversiones Los Pinares e Inversiones Ecotek, señaladas por comunidades y organizaciones ambientalistas de provocar daños irreversibles a la biodiversidad y recursos hídricos del área protegida.
Su liderazgo lo colocó en la primera línea de las protestas y en el centro de una serie de amenazas, hostigamientos y campañas de criminalización.
Actualmente, a un mes de cumplirse el primer aniversario de su asesinato, el Poder Judicial desarrolla la audiencia preliminar contra Óscar Alexis Guardado Alvarenga, Daniel Antonio Juárez Torres y Lenin Adonis Cruz Munguía, acusados por el Ministerio Público del delito de asesinato.
Sin embargo, organizaciones nacionales e internacionales advierten que las investigaciones no han profundizado en la identificación y enjuiciamiento de los autores intelectuales.
Diversos organismos de derechos humanos, tanto en Honduras como en el extranjero, han reiterado su demanda de una investigación independiente, exhaustiva y sin injerencias para garantizar justicia integral, que no se limite a los responsables materiales.
El asesinato de Juan López no solo representa una pérdida irreparable para su familia y comunidad, sino también un golpe para la lucha por la defensa del territorio y el medio ambiente en Honduras.
Su nombre se suma a la lista de líderes y defensores que han sido silenciados en un contexto de creciente violencia contra quienes defienden los bienes comunes y se oponen a proyectos extractivos.
Familiares, compañeros de lucha y organizaciones solidarias mantienen viva su memoria y exigen que su muerte no quede impune, recordando que defender la naturaleza y los derechos humanos no debe costar la vida.
