San Antonio, Gualaco, Olancho. – En un ejercicio ejemplar de participación ciudadana, el jueves 31 de julio de 2025 se llevó a cabo un Cabildo Abierto en la comunidad de San Antonio, municipio de Gualaco, departamento de Olancho, con una amplia representación de aldeas vecinas como Cuaca, San Antonio de Pacura, Chindona, Huixcoyol, Quebrada Galana y otras comunidades aledañas a la zona del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras.
El encuentro, convocado a petición de las comunidades, se transformó en un cabildo regional, con la presencia de toda la corporación municipal de Gualaco, representantes de patronatos, juntas de agua, organizaciones ambientalistas y el Instituto de Conservación Forestal (ICF).
Durante el cabildo, los pobladores presentaron una exigencia clara y contundente: que todas las microcuencas de la región sean declaradas zonas productoras de agua y protegidas legalmente.
Esto incluye cuerpos de agua clave como los ríos Mame, Tintonero, Naranjal, Boquerón, Las Vegas y Río Negro, los cuales están interconectados y abastecen a gran parte del municipio y sus alrededores.
El profesor Rafael Ulloa, defensor de derechos humanos y testigo del evento, subrayó que «fue la comunidad quien llevó la voz cantante», destacando que el papel de la corporación municipal y el ICF fue el de escuchar, respaldar y aprobar la propuesta de las y los habitantes.
Además de la declaratoria ambiental, el cabildo fue escenario de denuncias relacionadas con la usurpación de tierras, títulos fraudulentos y desplazamientos forzados, especialmente en zonas con presencia histórica de pueblos originarios Nahuas, como entre Naranjal y Río Negro.
Casos como el del título conocido como “Garay” fueron señalados como amenazas graves para la estabilidad y permanencia de las comunidades en sus territorios.
El evento duró aproximadamente tres horas y se desarrolló en un ambiente participativo, con tribuna libre para los asistentes.
A pesar de intentos de desestabilización por parte de algunos intereses particulares, el cabildo se mantuvo firme en su objetivo común: la defensa del agua, la tierra y la vida comunitaria.
El acuerdo principal, respaldado por la corporación municipal, fue iniciar el proceso legal para la declaratoria de todas las microcuencas como zonas protegidas, lo que impediría actividades como el corte de madera y otras formas de destrucción ambiental que han afectado gravemente a la región.
“El cabildo fue todo un éxito. Las comunidades lograron llevar su mensaje claro y se trazó un camino hacia la protección integral del territorio”, concluyó el profesor Ulloa.
