Tegucigalpa. – El Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y el Instituto Hegoa (Universidad del País Vasco) han presentado un informe conjunto que analiza en profundidad la situación de los derechos humanos en Honduras, poniendo un énfasis particular en las desapariciones forzadas ocurridas desde la década de 1980 hasta la actualidad.
El documento, fruto de un riguroso trabajo de investigación documental, busca aportar elementos clave para la comprensión del contexto de violencia política en el país y ofrecer insumos que fortalezcan la lucha por la verdad, la justicia y la reparación integral.
El informe parte del contexto histórico de la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional en Honduras, una estrategia contrainsurgente impulsada en América Latina con el respaldo de Estados Unidos, que resultó en la sistemática represión de la disidencia política. Bajo este marco, el Estado hondureño fue responsable de crímenes de lesa humanidad, como detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.
En este escenario, surgió en 1982 el COFADEH, conformado por familiares —principalmente mujeres— de personas detenidas-desaparecidas, como una respuesta organizada ante la ausencia de justicia y la negación estatal.
Desde entonces, COFADEH se ha convertido en una de las principales organizaciones de derechos humanos del país, ampliando su acción para acompañar a víctimas de violaciones ocurridas también en contextos posteriores, como el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya en 2009 y la represión asociada al fraude electoral de 2017.
La impunidad sigue vigente
Una deuda histórica con las víctimas a pesar de ciertos avances en la interlocución entre el Estado y las organizaciones de derechos humanos desde 2022, el informe concluye que la agenda de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición continúa siendo una cuenta pendiente.
Las desapariciones forzadas siguen sin ser plenamente reconocidas ni investigadas, y la impunidad se mantiene como una constante en la historia reciente del país.
El análisis revela que, en lugar de implementar una política pública integral de derechos humanos, el Estado hondureño ha priorizado un modelo de seguridad militarizada, incrementando de forma sostenida el presupuesto destinado a las Fuerzas Armadas.
De hecho, Honduras se sitúa hoy entre los países con mayor gasto militar en Centroamérica, a pesar de los reiterados señalamientos sobre el rol de las fuerzas militares en violaciones graves a los derechos humanos.
Esta militarización ha tenido un impacto directo en la continuidad de patrones represivos, profundizando los riesgos para las personas defensoras de derechos humanos y los movimientos sociales.
Iniciativas de las víctimas
Hacia una política pública con enfoque de derechos humanos en un esfuerzo por cambiar este rumbo, COFADEH y otras organizaciones han promovido activamente la construcción de memoria histórica y el impulso de propuestas concretas.
Uno de los avances más significativos ha sido la presentación, en 2024, ante el Congreso Nacional, de la Propuesta de Ley de Cumplimiento de las Obligaciones Internacionales con las víctimas de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN), una iniciativa que surge desde las propias víctimas y organizaciones de sociedad civil que las acompañan.
Esta ley representa una herramienta clave para reconocer oficialmente a las víctimas, garantizar su derecho a la verdad, justicia y reparación, y establecer mecanismos de no repetición. Su aprobación supondría un paso fundamental hacia una política pública centrada en las personas afectadas por la violencia del Estado.
Sin embargo, a la fecha, dicha iniciativa aún no ha sido discutida ni aprobada, a pesar del respaldo social que ha recibido y de su relevancia histórica. COFADEH e Hegoa alertan sobre el riesgo de que este proceso quede estancado, profundizando la revictimización y el olvido.
Desde COFADEH y el Instituto Hegoa se hace un llamado firme al Congreso Nacional, al Poder Judicial, a las instituciones del Estado y a los medios de comunicación para asumir con responsabilidad su papel en la construcción de una Honduras democrática, con memoria y sin impunidad. La participación y protagónica de las víctimas y sus familiares debe ser el eje de cualquier política pública en esta materia.
Asimismo, se exhorta a la comunidad internacional a mantener su acompañamiento y solidaridad con las luchas por los derechos humanos en Honduras, reconociendo que la persistencia de la impunidad no solo afecta a las víctimas directas, sino a toda la sociedad hondureña en su anhelo de vivir en un país justo y en paz.
