Tegucigalpa.- Cuaca, uno de los 20 caseríos perteneciente a la aldea de San Antonio, en el municipio de Gualaco departamento de Olancho, era gran productor y vendedor de granos básicos, hoy, para poderlos consumir, tienen que comprarlos.
Esta zona anualmente producía por lo menos unos 70 mil quintales de frijoles, hoy quedó en cero, manifestó a defensoresenlinea.com el campesino y líder nahua Laureano Escobar Guillen.
“Ha sido un sufrimiento tremendo y estamos comprando la libra frijol y nosotros éramos grandes vendedores. A mí me toca estar comprándolo”, señaló Laureano.
Añadió que “nos hemos sentido muy tristes porque se terminaron las cosechas, se está muriendo la madera, hemos perdido animales, nos robaron el alambre y tenemos que hacer remiendos”.
Asimismo, indicó que el problema de la producción de granos básicos en el sector se debe a que el empresario de la madera Nery Roberto Murillo Montalván, cerró con cadena el tránsito para el sector, aduciendo que esos terrenos eran de su propiedad y que las personas que desearan pasar por dicha vía tendrían quien solicitar un permiso en la empresa Forestal M.T. S de RL de C.V y por Resinas Naturales y Exportaciones (RESINEX), ubicada en el municipio San Francisco de La Paz.
Añadió que la zona estuvo por tres años cerrada con la cadena y que en ese periodo la gente se descuidó y tumbó los terrenos, unos para potreros, otros se quedaron y otra gente tuvo que migrar para los Estados Unidos.
Dijo que el despojo y la destrucción que ha realizado el empresario Nery Murillo en el sector ha obligado a la gente a migrar, quedando caseríos casi deshabitados. “Mire, de un caserillo chiquito, Los Jutes, que queda antes de llegar a San Antonio y que solo tiene 25 casas, solo de allí se han ido 76 personas”, manifestó el líder comunal.
También manifestó que de la aldea San Antonio se han ido como unas 100 personas y que de Cuaca, casi toda la gente está en los Estados Unidos, todo provocado por el cierre que hizo el maderero Murillo.
La situación en el municipio de Gualaco, principalmente en la zona de San Antonio, cada vez es más crítica, donde a través de títulos supletorios y títulos de prescripción adquisitiva, están desplazando no solamente a los pueblos Nahuas, sino a todo el territorio del municipio.
De acuerdo a las denuncias realizadas por ambientalistas y defensores de derechos humanos de Gualaco, al menos el 35 por ciento del territorio que era nacional, ha sido convertido en privado a través de los diferentes títulos falsos que se han creado.
La defensa de su territorio ha generado a los habitantes nahuas de Cuaca persecución, criminalización y judicialización, en su lucha contra esas estructuras que amenazan con desalojarlos.
Los ambientalistas y líderes nahuas Iván Juárez y Meregildo Guillén acudieron al Ministerio Público a solicitar una investigación sobre un corte de madera que se estaba realizando en la comunidad de Cuaca, ya que se estaba realizando en una fuente de agua, pero, en vez de investigar, los fiscales le notificaron al empresario Nery Murillo que había sido denunciado ante ese ente de justicia.
Sintiéndose afectado por la denuncia, el empresario maderero acusó a los dos ambientalistas de los delitos de injurias y calumnias.
A inicios del mes de febrero de 2020, el Tribunal de Sentencias de Juticalpa, en audiencia de excepciones y nulidades, dictó sobreseimiento definitivo a los dos ambientalistas.
Los campesinos nahuas Pedro Iván Juárez Padilla, Elvin Orlando Munguía Solís, Martin Selvin Escobar Escobar, Laureano Escobar Guillen, Juan Pablo Veliz, Jorge de Jesús Mejía y Julio Edilberto Solís, fueron acusados por el Ministerio Público por suponerlos responsables de los delitos de usurpación, daños y amenazas en perjuicio de la Corporación Murillo Tejada S.R.L de C.V., representada por el señor Nery Murillo. El COFADEH asumió la defensa legal de los acusados.
El COFADEH, como representante legal, solicitó al Juzgados de los Tribunales de Catacamas la aplicación de decreto 04-2022, de la Ley para la Reconstrucción del Estado de Derecho y que los Hechos no se Repitan, pero la misma fue declarada sin lugar por la jueza Jessica Salgado. El proceso contra estos siete campesinos nahuas continúa.
En Honduras es común que los defensores y defensoras de los bosques y de los bienes comunes sean criminalizados al realizar la defensa de estos, para beneficiar a los grandes empresarios que solo buscan el beneficio propio y no el de las comunidades.
