Tegucigalpa.- Honduras se sometió a su cuarto Examen Periódico Universal (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, un mecanismo que evalúa cada cuatro años y medio el cumplimiento de los compromisos en materia de derechos humanos.
La delegación hondureña, encabezada por Longino Becerra, subrayó que este es el “primer examen bajo un gobierno legítimo”, en alusión a los cuestionamientos que han acompañado procesos anteriores.
Asimismo, manifestó apertura al diálogo y disposición para adoptar medidas que beneficien a la población, reafirmando el compromiso de avanzar hacia una sociedad más justa, inclusiva y respetuosa de los derechos fundamentales.
Durante la sesión, numerosos países reconocieron avances en la promoción y protección de los derechos humanos en Honduras.
Entre los logros destacados figuraron la protección del ambiente, la reducción de la pobreza y la violencia, la disminución de la tasa de homicidios, el fortalecimiento de la seguridad alimentaria, así como progresos en políticas de memoria, verdad y justicia, reducción del desempleo y atención a personas desplazadas.
Estas acciones, según se señaló, reflejan un Estado que busca impulsar soluciones sostenibles y consolidar una cultura de paz, justicia y desarrollo integral.
Uno de los temas centrales del examen fue el Estado de Excepción, vigente desde diciembre de 2022. Delegaciones como Francia, Alemania y Reino Unido solicitaron su levantamiento, recordando que estas medidas deben ser temporales, proporcionales y sujetas a control judicial.
Advirtieron además que su prolongación puede afectar derechos fundamentales y generar desequilibrios en el contexto electoral.
Los Estados participantes también subrayaron la importancia de garantizar la independencia y protección de las autoridades electorales frente a presiones políticas, así como asegurar transparencia plena en el conteo de votos.
Otro punto recurrente fue la situación de los defensores de derechos humanos y periodistas, para quienes países como Noruega, Suiza, Países Bajos y Francia recomendaron fortalecer el Mecanismo Nacional de Protección.
Además, se instó a Honduras a avanzar en la ratificación de instrumentos internacionales pendientes y se alentó a Chile, Costa Rica y Brasil a unirse al Acuerdo de Escazú. Al mismo tiempo, México, Uruguay e Islandia recomendaron progresar en la despenalización del aborto y ampliar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.
En conclusión, el examen evidenció un diálogo franco, constructivo pero también complejo.
La comunidad internacional reconoció avances importantes, pero expresó preocupación por el deterioro del Estado de Derecho, la extensión del estado de excepción y las tensiones que afectan la independencia de los órganos electorales y judiciales.
Las recomendaciones finales subrayan la urgencia de fortalecer las instituciones democráticas, garantizar la rendición de cuentas y asegurar que las elecciones de 2025 se desarrollen en un ambiente de libertad, transparencia e igualdad.
Honduras deberá ahora preparar su respuesta a las observaciones y recomendaciones en la siguiente fase del EPU, un paso crucial para consolidar su compromiso con los derechos humanos y la democracia.
