Choluteca.- Con la excusa que se le vencía el término en otra audiencia, la Juez Francis Tatiana Izaguirre Córdova del Juzgados de lo Penal de la Sección Judicial de Choluteca, canceló la audiencia ad-hoc para la aplicación del decreto 4-2022 en favor de la defensora Aleyda Xiomara Huete.
Esta audiencia ad-hoc, la representación legal de Aleyda Huete, constituida por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras Cofadeh), la solicitado desde el 22 de junio de 2023, y el Tribunal ha dado largas exponiendo diversos motivos para su no realización.
El decreto 4-2022 sobre la Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los Hechos no se Repitan, en relación a la aplicación de Amnistía para la Liberación de Presos Políticos y Presos de Conciencia, establece en el artículo 5 que los Jueces y Tribunales ordenarán de oficio o a requerimiento de cualquiera de las partes, la inmediata libertad de todas las personas procesadas en las circunstancias y por los delitos a que se refiere el Artículo anterior y decretarán los sobreseimientos definitivos de conformidad con este Decreto.
Los jueces no están cumpliendo con este artículo y algunos para curarse en salud, remiten el expediente a la Sala de lo Constitucional para que sea ésta instancia la que determine su aplicación o no aplicación.
Van 23 meses desde que se solicitó la audiencia y los jueces aún no dan una resolución favorable a la defensora Aleyda Huete, más bien han ocasionado daños morales y económico a la víctima y a su representación legal, que se moviliza desde Tegucigalpa a Choluteca.
Tras el fraude electoral de 2017, donde fue electo para un segundo periodo a Juan Orlando Hernández, en Choluteca surgió un movimiento social para condenar el fraude, el que fue denominado “Bastión del Sur”.
Aleyda participaba en las manifestaciones de protestas de “Bastión del Sur”, donde era lideresa, donde fue víctima de persecución por parte de las fuerzas de seguridad del estado.
A mediados de marzo de 2020 es capturada y acusada por la Fiscalía por el delito de posesión de material explosivo de uso comercial.
El 31 de marzo, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca le dictó sobreseimiento definitivo, pero el Ministerio Público apeló, por lo que el caso sigue abierto.
Ante eso, se ha solicitado la aplicación de la Amnistía para la Liberación de Presos Políticos y Presos de Conciencia, contenida en el decreto 4-2022, pero hasta ahora se le sigue negando su aplicación.
