Trabajadores exigieron al Gobierno aprobar Ley de víctimas de la DSN

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Tegucigalpa.- Este 1 de mayo la clase trabajadora organizada del país se movilizó en distintas ciudades para plantear un conjunto de exigencias al Gobierno de la República.

En Tegucigalpa, la clase trabajadora, como ya es costumbre, se reunió en el barrio La Granja de Comayagüela, de donde salió rumbo al parque Central, lugar donde se dieron los discurso y se dio lectura al manifiesto de las demandas al gobierno.

En el manifiesto expresaron que es necesaria una estrategia fluida de comunicación del gobierno con la sociedad y especialmente con los sectores populares organizados, que han estado planteando sus propias reivindicaciones, las del pueblo y de la nación.

Los trabajadores hicieron demanda en derechos laborales, en transparencia y justicia, en fortalecimiento y rescate institucional, en empleo, en salud y seguridad social, en educación y en reforma agraria. Así como en derechos humanos y derechos territoriales y ancestrales.

En el tema de derechos humanos, los trabajadores le hicieron un llamado al Gobierno de la República para que apruebe la Ley de Cumplimiento de las Obligaciones Internacionales de Derechos Humanos con las Víctimas de la Doctrina de Seguridad Nacional entre 1980-1993.

La propuesta de ley fue entregada por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (Cofadeh) al pleno del Congreso Nacional el 4 de abril de 2024, y  la misma cuenta con los cinco pilares de la justicia transicional, como son Memoria, Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no repetición.

Con esta ley se busca reivindicar los derechos violados a las víctimas de la Doctrina de Seguridad Nacional y fortalecer los derechos humanos de la población hondureña.

La aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional se da cuando en 1981 Honduras retorna al proceso democrático, después de 20 años de dictaduras militares.

También exigieron se castigue a los culpables de los crímenes cometidos en contra de los dirigentes de los pueblos que defienden los bienes comunes, los crímenes perpetrados por grupos paramilitares al servicio del capital, como fue el caso de Isy Obed Murillo, Berta Cáceres, Juan López, Margarita Murillo, entre otros.

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