Tegucigalpa.– En la audiencia de proposición de medios de prueba, los jueces de la Sala III del Tribunal de Sentencia decidieron no admitir varias de las pruebas presentadas por la parte acusadora en la causa que se sigue contra los exgenerales de las Fuerzas Armadas de Honduras, Venancio Cervantes Suazo y Carlos Roberto Puerto.
Ambos exoficiales, junto al exjefe del Estado Mayor Conjunto Romeo Vásquez Velásquez, actualmente prófugo de la justicia, están acusados del asesinato de Isy Obed Murillo, ocurrido el 5 de julio de 2009 durante las protestas contra el golpe de Estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya Rosales.
El Tribunal convocó esta semana a las partes para llevar a cabo la audiencia de proposición de pruebas, desarrollada el lunes 24 y el viernes 28 de noviembre.
En dicho proceso, el Ministerio Público y el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), en su calidad de acusador privado, ofrecieron varios medios probatorios. Sin embargo, los jueces decidieron no admitir cuatro de ellos, considerados fundamentales para esclarecer lo ocurrido aquel 5 de julio de 2009.
Entre las pruebas no admitidas figuran la reconstrucción de los hechos y la participación del perito colombiano en derechos humanos Guillermo Pérez Casas.
Tampoco se aceptó la declaración testimonial de Javier Espinal.
En cuanto a la declaración de César Silva, en un inicio el Tribunal no la había aceptado, pero luego reconsideró esta declaración, porque una de las partes de la defensa señaló que ese testimonio establecía aspectos importantes para esclarecer los hechos.
La resolución fue adoptada por mayoría, con un voto disidente de uno de los togados, quien consideró que tales pruebas debían ser admitidas.
Ante esta decisión, la parte acusadora interpuso un recurso de reposición. El Tribunal, no obstante, ratificó el rechazo a la declaración de Javier Espinal y a la participación del perito Pérez Casas. Por lo que ahora lo que procede es un recurso de amparo.
Un hecho que ha generado cuestionamientos es que una fiscal de Delitos Comunes estaría asesorando a la familia de los acusados, pese a que el Ministerio Público funge como parte acusadora en este caso.
El juicio oral y público fue señalado para los días 16, 18 y 20 de marzo de 2026.
