Hay hechos del pasados que permanecen vivos en la memoria colectiva, por trágicos, impactantes, horrorosos, o porque esconden la verdad deliberadamente al amparo del poder.
Uno de esos hechos ocurrió en La Esperanza, Intibucá, en febrero de 2021, hacia el final de la pandemia mundial provocada por el virus Covid19.
La noche del 7 de febrero de aquel año, un doctor del hospital regional y otras personas, incluida una estudiante universitaria de Enfermería, violaban el toque de queda que imponía el aislamiento social en la ciudad.
Entre chascarrillos, versos y canciones de desamor, los responsables de la salud pública departían en un lugar comercial, cantando, consumiendo y celebrando, con la vigilancia maliciosa de agentes que esperan afuera su momento para actuar.
Comenzando la madrugada del 7, los protagonistas de esta tragedia no fueron el canto, el frío del altiplano, el riesgo del contagio mortal, el consumo de fermentos ni la alegría del encuentro. Fue la policía que entró en escena, los rangos y los títulos universitarios. El poder.
Aunque nadie conozca los mínimos detalles de aquella velada bajo techo o de la ruta del regreso a casa antes de ser atrapados por la policía, la audiencia sí sabe los grandes rasgos de los protagonistas y de las circunstancias de este crimen. Un crimen envuelto por la impunidad, pero presente en el debate nacional.
La primera mención conocida es para el doctor Edgar José Velásquez, por su responsabilidad jerárquica en el hospital regional, su grado universitario y el posicionamiento social de la Medicina en la escala de las profesiones liberales; además, porque fue él quien puso en la tabla mediática la hipótesis del suicidio. Él fue liberado rápidamente antes del estallido público de la tragedia de Keyla.
La segunda mención en esta tragedia que conoce bien la audiencia es la del agente Jarol Rolando Perdomo, de la Unidad Departamental de Policía de La Esperanza (U.D.E.P 10), el único privado de libertad por un delito extraño: homicidio imprudente por omisión, así lo calificó el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Comayagua.
La tercera mención es, sin duda, sobre la víctima: Keyla Patricia Martínez Rodríguez, joven de 26 años de edad, estudiante de enfermería, alegre, cantora, de excelente relacionamiento social y apreciada por su entrega al trabajo como pasante de enfermería.
Pero esas virtudes de Keyla frente a un médico, un agente, dos oficiales de policía, la prensa y el entramado judicial, no empoderan a esta joven mujer en la escala jerárquica del imaginario; en la narrativa ella aparece sometida al patriarcado, esposada, fotografiada, encerrada en una celda separada y víctima de un relato inducido. Hacía escándalo, había bebido y se suicidó en su celda mientras estaba bajo custodia del Estado.
En términos generales, este es el relato público y esa es la narrativa inducida que invisibiliza a todos los demás probables responsables de su muerte violenta dictaminada como asfixia mecánica, que bota la fábula de mujer colgada con su suéter de los barrotes de la celda.
Hoy nuevamente nos ocupamos de este caso de alto impacto, porque la Corte Suprema de Justicia viene de anular esta semana la sentencia previa, dictaminando que se realice un nuevo juicio en un tribunal diferente y que se valoren las pruebas, los testimonios y los peritajes recopilados durante la instrucción inicial, para asegurar el respeto al debido proceso y un adecuado estudio del expediente.
El magistrado Walter Miranda Sabio confirmó a los medios que la decisión se tomó tras revisar los recursos presentados por el Ministerio Público y la defensa privada, al detectarse “inconsistencias” en la causa instruida originalmente.
De la causa original hasta nuestros días, el sistema de justicia no acierta a nombrar el delito cometido. Primero utilizó ese bizarro eufemismo de homicidio involuntario por omisión (5 años de pena), luego femicidio agravado (pena de 25 a 30 años) y el último tipo penal: homicidio simple (15 a 20 años). Y no aciertan todavía a juzgar a los implicados con rango o con poder.
Del lado del acusador privado, el Cofadeh, la reacción no se hizo esperar. Berta Oliva, coordinadora general del Comité, dijo con cautela que están a la espera aún de la notificación oficial de la Corte para proceder a la continuación del juicio.
La madre de Keyla, Norma Rodríguez, reiteró de su lado que otros presuntos implicados continúan en funciones públicas sin enfrentar la justicia. Y que deben ser incluidos en el proceso.
En este caso de Keyla, como en el caso de Berta Cáceres, venimos de confirmar esta semana lo que al unísono reclama la sociedad hondureña. Faltan los autores con poder. Los que controlaban la ruta del dinero hasta llegar a la sangre. O hasta la asfixia.
Los días actuales parecen sin esperanza en Honduras, por la víspera de un régimen de facto que se levanta sobre la injerencia gringa vulgar, el fraude bruto organizado por la M13 y los carteles criminales, y el lobby mercenario de Próspera y del Cohep.
Son días francamente adversos para la Humanidad en Estados Unidos bajo la furia fascista del ICE, en Venezuela con su presidente secuestrado por la CIA en Nueva York, en Cuba recibiendo más de 30 cenizas de sus héroes caídos en el combate de Caracas, en Europa del Este, en el medio oriente, en Gaza, en Honduras igual.
Pero una marcha de antorchas en la capital para quemar la corrupción electoral de la que nace un mandato ilegítimo e ilegal; y una asamblea nacional por la dignidad este 17 de enero en Tegucigalpa, reviven la esperanza colectiva.
Un informe internacional de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el crimen de Berta Cáceres apuntando a Eduardo Atala, Jacobo Atala, Camilo Atala y a los nuevos huéspedes de facto del Estado, sus empresas offshore, además de los bancos europeos y el Banco Centroamericano de Integración, son revelaciones que dan esperanza. Resucitan la verdad y nos impulsan a la justicia identificando a nuevos actores que se creían intocables.
Es por esto que la repetición del juicio por la vida de Keyla Martínez, abriendo la posibilidad de una investigación más amplia y de sanciones para todos los responsables, también nos trae esperanza en un poder judicial al margen de las mafias, de los partidos del cohep y de la influencia nefasta de la embajada de Estados Unidos.
Que sigan las antorchas por la justicia, que la resistencia mantenga su fuego encendido contra la corrupción electoral, y que nadie se convoque al silencio ni a la resignación. La lucha sigue. Buenas noches.
