Gualaco, Olancho. — Las comunidades indígenas nahuas en la zona norte del municipio de Gualaco, Olancho, enfrentan una grave crisis de derechos humanos producto del despojo sistemático de sus tierras ancestrales y la criminalización de líderes comunitarios que defienden sus territorios.
El profesor Rafael Ulloa, defensor comunitario y testigo de la situación, aseguró que “toda la zona norte de Gualaco está siendo afectada. Nuestros compañeros del pueblo nahua están siendo desplazados de tierras que han habitado durante más de 300 años. Es una injusticia total, sin consulta previa, sin ningún respeto a sus derechos”.
Los testimonios recogidos en la zona reflejan que el Estado ha permitido, e incluso facilitado, la entrega de títulos de prescripción adquisitiva a terceros, sin respetar los procesos legales establecidos ni realizar las consultas que exige el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. Esto ha generado una nueva ola de desplazamientos forzados y tensiones territoriales.
Ulloa subraya que esta problemática no es nueva, pero ha venido intensificándose. “Ya no se trata solo del norte de Gualaco. Hay una política de despojo a nivel municipal, disfrazada de legalidad, que está expulsando a nuestras comunidades”.
Un caso paradigmático es el de Cuaca, donde los campesinos José y Elvin Munguía han sido obligados a presentarse cada 15 días ante los juzgados durante más de cuatro años, acusados de usurpación. “Es totalmente injusto. Ellos no han invadido tierras, al contrario, están siendo despojados de lo que históricamente les pertenece”, denunció Ulloa.
Organizaciones de derechos humanos como el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) han dado seguimiento a estos casos. De acuerdo con sus reportes, existe una tendencia preocupante en el país: el uso del aparato judicial para criminalizar la defensa del territorio, especialmente en comunidades indígenas y rurales.
COFADEH ha señalado que estas prácticas constituyen violaciones al derecho a la tierra, al debido proceso, y al derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas. Además, alertan sobre el riesgo de desplazamiento forzado y violencia estructural que enfrentan estas comunidades.
Ante esta situación, líderes locales hacen un llamado urgente a la solidaridad nacional e internacional. “Necesitamos que COFADEH y otras organizaciones sigan acompañándonos. Esta lucha es por nuestros derechos, por nuestra historia, por nuestra dignidad”, concluyó Ulloa.
