Gualaco, Olancho.- Elvin Munguía, defensor ambiental e integrante de comunidades indígenas del municipio de Gualaco, Olancho, denunció el proceso de criminalización que enfrenta por su labor en la defensa del territorio ancestral y los recursos naturales del pueblo indígena náhuat, que habita la zona desde hace más de dos siglos.
Munguía, originario de San Antonio, Gualaco, relató que desde 2007 ha trabajado en procesos comunitarios de manejo forestal, organización territorial y estrategias productivas en beneficio de las comunidades locales.
Su labor tomó un giro más profundo en defensa de los derechos humanos y del territorio a partir del año 2015, intensificándose en 2017, cuando comenzaron las amenazas contra tierras tradicionalmente habitadas por familias indígenas.
“Desde 2017, enfrentamos amenazas de desalojo por parte de personas que se presentan con títulos supletorios, sin ningún arraigo ni relación histórica con el territorio”, explicó Munguía.
“Se trata de terrenos heredados de nuestros antepasados, quienes han vivido allí por generaciones. Hay evidencia arqueológica y memoria oral que demuestra que pertenecen al pueblo náhuat”. sostuvo.
A pesar del arraigo histórico, varias familias enfrentan procesos judiciales por supuesta “usurpación”, mientras los verdaderos usurpadores, como los califica Munguía, gozan de protección política y económica.
“Yo mismo estoy siendo procesado. Nos acusan de invadir nuestras propias tierras, cuando son otros los que han llegado a destruir los bosques, despojar y desplazar con respaldo de redes de corrupción”, agregó.
Las actividades extractivas desordenadas han causado una grave reducción en los caudales de agua y han afectado la agricultura local.
“Los empresarios se llevan los recursos y dejan caminos destruidos, tierras empobrecidas y comunidades más vulnerables”, lamentó.
El defensor subraya que su lucha busca recuperar y proteger al menos 23 comunidades del sector San Antonio, Boquerón y zonas cercanas a Guata, que albergan a más de 2,300 personas.
Aspiran a que estas tierras sean declaradas reserva forestal comunitaria para garantizar su uso sostenible y la seguridad alimentaria e hídrica del territorio.
Aunque la lucha ha sido difícil, Munguía destaca el respaldo de la actual alcaldía municipal y del diputado Rafael Sarmiento, pero señala la debilidad de otras instituciones estatales que, en lugar de proteger a las comunidades, favorecen a los intereses privados.
“Nuestra lucha no se ha detenido. Aunque hemos sido criminalizados y perseguidos, seguimos firmes. Sabemos que tenemos la razón y la historia de nuestro lado”, concluyó Munguía, quien desde 2017 recibe acompañamiento del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
